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Se incrementarán a 14 mil y 4 mil 838 millones de dólares, respectivamente

Con premura, aprueban los diputados aumentar cuotas de México a FMI y BID

Lamenta el PT la pérdida de soberanía económica; PRI y PRD se dividen al votar

 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de abril de 2012, p. 7

La Cámara de Diputados apresuró ayer el trámite para aprobar el aumento a 14 mil millones de dólares en la cuota de México al Fondo Monetario Nacional (FMI) y a 4 mil 838 millones de dólares la que se paga al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una votación que dividió a las bancadas de PRI y PRD, pues un sector de estos grupos votó en favor y otro en contra.

La decisión también fue avalada por la mayoría de PAN y PVEM, a pesar de los argumentos en contra de legisladores del PT, que llamaron a no permitir este atropello al pueblo de México y a la soberanía.

Por decisión de las coordinaciones de PRI y PAN, las dos minutas enviadas por el Senado que avalan las nuevas cuotas fueron incluidas en el orden del día, aun cuando sólo fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria con el formato de declaración de publicidad; esto es, que en sentido estricto tendrían que abordarse la próxima semana, una vez desahogados otros dictámenes pendientes.

En una sesión que empezó tarde, debido al alto ausentismo en todas las bancadas parlamentarias, el dictamen de la Comisión de Hacienda fue aprobado con 221 sufragios en favor, 33 en contra y 16 abstenciones.

El voto del PRD fue encabezado por la coordinadora, Mary Thelma Guajardo, y secundado por otros perredistas, como el recién designado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y suplente del fallecido ministro Juventino Castro y Castro, Hilario Sánchez; Vidal Llerenas, ex subsecretario de Egresos en el Gobierno del Distrito Federal, de Marcelo Ebrard, y Juanita Araceli Cruz.

En tribuna, el diputado Jaime Cárdenas, del PT, cuestionó que ningún integrante de la Comisión de Hacienda defendiera el aumento de la cuota al FMI y lamentó que esta decisión es acorde con la pérdida de soberanía económica y el diseño de las políticas de desarrollo en el país.

Y no conforme con ello, los tecnócratas neoliberales del gobierno, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, apoyados por legisladores de este Congreso, quieren incrementar los apoyos del Estado mexicano al FMI, reprochó.

El dictamen refiere que al aprobar la nueva cuota se dará cumplimiento a la resolución 66-2 de la Junta de Gobernadores del FMI, de mejorar los esquemas de voz y representación de los países miembros de ese organismo y avanzando en armonizarlos con el peso relativo y el papel de estos países en la economía mundial, que fue respaldada por 168 de los 187 países que emitieron su voto, incluido México.

Esa resolución obliga a duplicar el monto total de las cuotas totales de ese organismo hasta aproximadamente 476 mil millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 750 mil 900 millones de dólares, así como redistribuir más de 6 por ciento de las cuotas de los miembros sobrerrepresentados a los subrepresentados, y traspasar 6 por ciento de las cuotas a los países de mercados emergentes y en desarrollo dinámicos.

En el caso específico de México, la cuota se incrementó 145.8 por ciento, al pasar de 3 mil 625.7 millones de DEG a 8 mil 912.7 millones, equivalentes a 14 mil 37.7 millones de dólares.

Aunque ningún priísta habló en contra del proyecto, 14 votaron contra el dictamen, entre ellos los diputados Pedro Ávila Nevárez, Sofía Castro, Manuel García Corpus, Yolanda de la Torre, Luis Martínez Armengol y José Trinidad Padilla, presidente de la Comisión de Educación.

Dos panistas también votaron en contra, Gerardo Cortez y Juan José Cuevas García; y ocho de los 32 perredistas que asistieron a la sesión: el presidente en turno de la mesa directiva, Balfre Vargas; Víctor Manuel Castro Cosío, Alejandro de la Fuente Godínez, Ramón Jiménez López, Rodolfo Lara Lagunes, Aarón Mastache, Leticia Quezada y Domingo Rodríguez Martell.

El diputado petista Jaime Cárdenas Gracia insistió en que las decisiones de este tipo, que afectan al país, no deben corresponder sólo al Ejecutivo o al Congreso, sino que debían ser avaladas en una consulta popular. Pero por eso no se ha aprobado esa figura, porque no se quiere el control de la sociedad mexicana en todas las decisiones que comprometen la soberanía nacional, expresó.