Hacia un nuevo desarrollo del campo

Repensar las responsabilidades rurales del Estado

Desarrollo agropecuario o desarrollo rural. Si la secretaría de agricultura, ganadería y pesca lo es también de desarrollo rural, su incumbencia no es sólo el fomento económico del sector primario (menos minería), sino el conjunto de la problemática del campo. Lo que incluye el desarrollo productivo, pero igual la preservación del medio ambiente, la equidad social, la gobernabilidad, la cultura… Dimensiones que en su especificidad pueden ser abordadas por otras secretarías pero que en su articulación e integralidad configuran el llamado desarrollo rural, curso polifónico que mal sería servido si desarticulamos y fragmentamos su atención.

Superar la balcanización de la administración pública en un país donde los diferentes Poderes y los tres niveles de gobierno casi nunca se armonizan, además de que las propias secretarías de Ejecutivo federal jalan cada una para su santo y con frecuencia hacen lo mismo las subsecretarías y hasta las direcciones generales, demanda voluntad política, severa reingeniería institucional y sobre todo que lo público se gestione de manera participativa y democrática en vez de patrimonial. Pero la integralidad de la acción pública debiera facilitarse en el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pues su misión es la atención integral –concertada con otras secretarías– de un ámbito complejo, frágil y vital como es el campo.

La Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) se ocupa de la tenencia de la tierra; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), del desarrollo social, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), del medio ambiente, pero de las sinergias que deben existir entre estas esferas y el desarrollo agropecuario propiamente dicho, debe ocuparse la Sagarpa, cuya responsabilidad expresa es el desarrollo rural.

Soberanía alimentaria como parte del desarrollo integral del campo. En la perspectiva del desarrollo rural –y no sólo de la atención al sector agropecuario, forestal y pesquero– la prioridad que con frecuencia le damos a la reactivación productiva del campo en la línea de la soberanía y seguridad alimentarias es sin duda plausible dada la insostenible dependencia de las importaciones que tenemos en este rubro. Pero si se ocupara sólo de eso a la Sagarpa le faltaría una pierna.

El desfondamiento del campo mexicano no tiene una sino dos caras: la social y la productiva. Y la más alarmante de las dos es el colapso social. Descalabro manifiesto en desapego de los jóvenes y migración generalizada en busca de empleos, en los que por lo general no se respetan los derechos laborales del trabajador; en atrincheramiento defensivo de los campesinos restantes, refugiados casi siempre en estrategias de simple supervivencia, y en necrosis social de múltiples facetas, entre las que destaca la penetración del narco que hoy controla grandes porciones del territorio. Recuperar al campo como ámbito vital de la sociedad mexicana debe ser el primer objetivo del cambio rural que necesitamos.

Otra dimensión del desastre es el creciente deterioro productivo del sector agropecuario, forestal y pesquero, manifiesto en el desgaste medioambiental saldo de prácticas insostenibles, en la progresiva dependencia alimentaria y el déficit crónico de nuestra balanza comercial en este rubro, y en la polarización productiva que se expresa en indeseable concentración de la oferta agropecuaria en regiones y grupos empresariales privilegiados. Recuperar al campo como sector de la producción del que depende la alimentación de todos los mexicanos, como importante generador de divisas, como fuente de ingreso y empleo de millones de trabajadores rurales y, por tanto, como franja relevante del mercado interno, es el segundo objetivo del necesario cambio rural.

De lo que se trata es de reanimar al campo como ámbito de vida social y también de recuperar a los agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores como sector dinámico de la producción. Es decir, soberanía alimentaria pero en el marco de un desarrollo rural integral.

Derecho a la tierra, derecho al trabajo, derecho a la alimentación. El carácter multidimensional y articulado del desarrollo rural se hace evidente si lo vemos desde la perspectiva de los derechos. Y en este ámbito el derecho fundacional es el derecho a la tierra, un derecho que en México tienen quienes la trabajan.

Como resultado de una revolución cuya huella no ha podido ser borrada, en nuestro país la tierra es de la Nación y el derecho primario a su usufructo lo tienen las comunidades agrarias. La tierra –lo que incluye la parcela pero también las aguas, los bosques y potreros de uso compartido que conforman el territorio de una comunidad– no es de arranque una mercancía –aunque en ciertas circunstancias se le ponga precio–, sino un bien al que los mexicanos tienen derecho prioritario en la medida en que lo valoricen con su esfuerzo laboral.

Derecho que debe ser tutelado por la SRA, cuyas incumbencias no se agotan en regularizar la tenencia y mucho menos en favorecer la privatización de parcelas y comunes al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional.

En México la tierra es originariamente de la nación y en lo tocante a las de uso agrícola y boscosas, pese a los intentos de revertir la Reforma Agraria, sigue estando mayormente en manos de comunidades y campesinos familiares. Predominio de la tenencia social de la tierra que responde, ante todo, a un principio de justicia. Equidad de la que es responsable la Secretaría de la Reforma Agraria, pero que tiene que hacerse económicamente viable, lo que compete a la Sagarpa.

En la patria de Zapata, de hecho y de derecho la mayor parte de la tierra sigue siendo de quien la trabaja, pero los poseedores difícilmente podrán conservarla si no logran vivir dignamente de su cultivo. Y de esta manera la justicia social se entrevera con la viabilidad económica, pues la lógica del mercado tiende a arruinar a los productores familiares –no por ineficientes sino por pequeños y descobijados–, y es responsabilidad del Estado crear las condiciones para que puedan seguir produciendo en beneficio del país y de ellos mismos, pues es responsable de que la tierra y el trabajo –dos dimensiones vitales que las comunidades agrarias y la agricultura familiar fusionan– cumplan tanto su función económica como su función social.

De que tierras comunales, minifundio familiar y pequeña propiedad –todas debidamente cobijadas por políticas públicas de fomento agropecuario– respondan a su función económica, depende otro derecho, éste de todos los mexicanos: el derecho a la alimentación.

Y cuando los efectos en norte y centro de las heladas y sequías confirman que la seguridad alimentaria demanda reanimar la agricultura campesina de todo el país y en especial la del sur y sureste, hacer efectivo el derecho a comer bien pasa por darle viabilidad productiva al derecho campesino a la tierra, pues sin el aporte de la agricultura pequeña y mediana nuestra economía rural seguirá chimuela y nunca tendremos seguridad alimentaria.

Pero los jóvenes se van, las comunidades se vacían y agoniza la agricultura familiar. Y se van porque en el campo no encuentran alicientes ni futuro promisorio. Tienen el derecho de marcharse, pero irse no será un derecho sino una compulsión si no tienen el derecho simétrico: el de quedarse. Hay que defender el derecho del que migra, pero también el derecho de no emigrar, que se hace efectivo generando un desarrollo rural con el que valga la pena jugársela. No será fácil competir con la migración al gabacho y con el narcotráfico, pero ¿qué más?

Una forma de hacer exigible el derecho de quedarse es reglamentar el derecho constitucional al trabajo. Es verdad que el gobierno no puede responsabilizarse de crear todos los empleos que hacen falta, pero sí tiene la obligación de incorporar a las políticas públicas el objetivo de conservar y crear empleos dignos y bien remunerados. Y en el caso del campo esto significa incorporar al desarrollo rural el compromiso con la generación de opciones productivas. Ocupaciones asalariadas o por cuenta propia y que pueden ser agrícolas o no, pero atractivas para los jóvenes, estimulantes, promisorias.

Que los chav@s se vayan es pérdida gravísima, no sólo por el dolor familiar que ocasionan las estrategias delincuenciales de sobrevivencia y la migración compulsiva, sino también porque el país dilapida su bono demográfico y porque en el campo se rompe el eslabón generacional que históricamente ha garantizado el relevo campesino.

Perdemos a los jóvenes rurales porque el derecho a la tierra –conquistado mediante una revolución– deja de ser efectivo cuando ya no es posible vivir dignamente de trabajarla. Restablecer el derecho fundacional de los campesinos a la tierra y al trabajo digno, para así materializar el derecho de todos a la alimentación mediante una producción agropecuaria socialmente justa y ambientalmente sustentable, es promover con integralidad el desarrollo rural. Y el desarrollo integral es el alma de la política rural y el cometido principal de la mancuerna formada por la Sagarpa y la SRA.