Número 190
Jueves 3 de Mayo
de 2012

Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Alejandro Brito

Todo parecía indicar que la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas por padecer VIH era un problema superado a raíz de la histórica sentencia que en 2007 la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictó a favor de los derechos fundamentales de militares con VIH, pero a decir del abogado Pedro Morales Aché, quien realizó la defensa de los casos, la discriminación persiste.
En su larga defensa de los militares dados de baja del Ejército por ese motivo, el abogado Morales Aché se apuntó, recientemente, otra victoria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió, hace unas semanas, a favor de dos integrantes de las Fuerzas Armadas discriminados por tener el virus. Los expedientes de estos soldados llegaron hasta ese organismo internacional luego de agotar las instancias nacionales y de obtener dos sentencias adversas dictadas por un mismo tribunal, a pesar de aquel fallo histórico de la SCJN.
El proceso fue extenuante, tomó 14 y 10 años de litigio desde que los dos reclutas fueron expulsados en 1998 y 2002, respectivamente. El logro no es menor, además de la reinstalación de los militares en sus puestos y de repararles el daño ocasionado, la CIDH recomienda al Estado mexicano reformar la ley del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) –donde se sustenta el retiro obligado por inutilidad de los militares seropositivos al VIH–, como garantía de la no repetición de los actos discriminatorios.
A pesar de ello, Morales Aché no se muestra tan optimista. En entrevista con Letra S se pregunta si ha servido de algo la discusión que se ha dado en 15 años de litigio estratégico sobre el tema, en donde tal parece que luego de girar en redondo se ha regresado al punto de partida.
El abogado, director de Medilex, Consultoría Médico Legal, inició en 1997 el litigio en tribunales a través de arduos y prolongados procesos; diez años después, con el fallo de la SCJN la querella alcanza el clímax; pero al año siguiente, la sentencia de la Corte genera, a su vez, reformas regresivas a la ley del ISSFAM, a iniciativa del Ejecutivo federal, para justificar la baja del personal castrense con VIH; finalmente, esta reforma inconstitucional es validada por la Segunda Sala de la propia Corte que dicta sentencias desfavorables a los derechos fundamentales de los milicianos demandantes. "La misma Corte está vacilando entre criterios garantistas a favor de los militares seropositivos y criterios totalmente retrógrados", cuestiona el abogado defensor.

Militares violan derechos de militares
Aunque las recomendaciones de la CIDH carecen de carácter vinculante, fueron finalmente admitidas por el Estado mexicano. A decir del abogado litigante, "el Estado optó por hacer un control de daños y dar cumplimiento" a las resoluciones de ese organismo internacional.
La parte relevante del compromiso asumido por el Estado, según explica es que, además de la reparación del daño a los dos militares afectados, "se adoptaron soluciones de carácter estructural para detener la violación de los derechos humanos de las personas seropositivas al interior de las Fuerzas Armadas". Y una de esas soluciones estructurales sería la reforma a la Ley del ISSFAM.
Morales Aché subraya otro hecho importante que se desprende del Informe de Fondo elaborado por la Comisión Interamericana sobre estos casos, se trata de "la primera vez que el Ejército es considerado responsable por violar derechos humanos de los propios militares. En otros casos que han llegado al Sistema Interamericano las víctimas han sido civiles, aquí las víctimas de los actos violatorios del Ejército son militares, y esa es una diferencia cualitativa fundamental".
Resaltado lo anterior, se pregunta "¿cómo es posible que se le pida a los militares en campaña contra el narcotráfico y contra la violencia, que respeten los derechos humanos de la población civil, cuando el propio Ejército no respeta los derechos humanos de sus integrantes?" Esa misma falta de respeto propicia que los integrantes del Ejército no se consideren a sí mismos como sujetos de derechos. Y "cuando una persona no se concibe como titular de derechos, difícilmente va a concebir al otro como titular de derechos fundamentales", concluye su razonamiento el abogado entrevistado.

Superar el enfoque clientelar
Por otro lado, nuestro entrevistado se queja de la falta de acompañamiento a su persistente labor de defensa de los derechos fundamentales de los militares con VIH, la vive en una "especie de soledad donde pareciera ser que a nadie más le interesa el tema", como si socialmente el problema no existiera. Y reclama un mayor involucramiento de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos.
En particular critica lo que le parece una evidente contradicción: "Discursivamente todas las organizaciones no gubernamentales sostienen que las personas afectadas por el VIH son titulares de todos los derechos humanos y casi, casi los plantean con carácter absoluto, pero tampoco hacen mucha labor para verificar que este respeto se esté dando en la práctica." Y a esta inoperancia de las ONG le suma la gran inoperancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "una instancia totalmente obsoleta", y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se ha mostrado "totalmente inoperante" en la defensa y prevención de discriminaciones.
No es fácil vigilar al Ejército, le argumentamos, a lo que nos responde que no se trata de vigilarlo en cuestiones estratégicas de seguridad nacional, sino en el cumplimiento de los estándares de los derechos humanos. Y reitera, "tenemos que trabajar con un discurso dirigido a todas aquellas personas que potencialmente puedan ser positivas al VIH" y no solo "para aquellas personas que ya entraron a lo que llamo el circuito del VIH", que son las únicas que acceden a los servicios asistenciales, de apoyo o de asesoría legal disponibles. El "enfoque clientelar o corporativista" que asumen discursivamente y en la práctica las organizaciones civiles es otro de los obstáculos identificados por Morales Aché que "también debe ser cuestionado" para lograr una defensa integral de los derechos fundamentales de todas las personas con VIH.

SU B I R