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Autoridades fallan en su obligación de brindar justicia, sostienen

Civiles se organizan en Chiapas para combatir los feminicidios

Denuncian hostigamiento de la PGR contra miembros de la otra campaña en el ejido Gustavo López por realizar protestas pacífica

Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 7 de mayo de 2012, p. 17

San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de mayo. Crece la preocupación ante los reiterados feminicidios en Chiapas y este lunes se dará a conocer en esta ciudad una coalición de familiares, artistas, grupos de derechos humanos y organizaciones de mujeres que exigen justicia y atención al problema. La protesta es detonada por el brutal asesinato de Itzel Janet Méndez Pérez hace tres semanas y por una serie de feminicidios ocurridos en Chiapas en tiempos recientes, según argumentan los convocantes.

El caso de Itzel Janet causó gran indignación en San Cristóbal de las Casas. Era una joven indígena de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del 14 de abril en el fraccionamiento Sonora, mostrando claras evidencia que fue golpeada, violada y acuchillada. Su cuerpo fue arrojado en un lote baldío ubicado entre las colonias 31 de Marzo y Nueva Esperanza.

Los familiares han protestado por la publicación de imágenes del cuerpo sin vida, sin tomar en cuenta la edad de la joven y el daño que dicha publicación amarillista ocasionaba en la familia. Además, ciertos medios divulgaron información sobre la familia, incluyendo su domicilio, poniendo en riesgo su seguridad e incluso sus vidas, ya que la investigación parece moverse lentamente sin hallar aún a los responsables.

Se anuncia también una marcha el próximo 14 de mayo desde la facultad de ciencias sociales de la universidad estatal al lugar donde fue hallado el cuerpo de la muchacha, que la noche del 13 de abril salió un momento de su modesta casa familiar en el norte de Jovel para ya no volver.

Su padre, Roberto Méndez Santiz, originario de La Independencia, municipio de Huixtán, dio a conocer que allí fue sepultada Itzel, quien había nacido en esta ciudad, donde cursó el bachillerato y recientemente estudiaba en una escuela de artes y oficios.

Familiares y organizaciones civiles exigen a las autoridades “que cumplan con su trabajo, no únicamente en este caso, sino en el de las otras mujeres que han sido encontradas muertas, evidenciando la violencia feminicida que impera en esta ciudad”.

En otro orden, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció el hostigamiento, por parte de agentes de la Procuraduría General de la República destacados en Arriaga, contra miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa en el ejido Gustavo López, adherentes de la otra campaña. Los agentes se presentaron como Jaime y Édgar el pasado 25 de abril, fingiendo que pretendían ver si la comunidad necesitaba algo, como caminos o pavimentación, y preguntando la razón del bloqueo de carretera del 29 de marzo. Esto, en el domicilio de Laura Hernández, a orillas de la carretera que une Tonalá con Tapachula.

La señora Hernández respondió que el bloqueo fue para exigir una tarifa justa de luz y el cese al hostigamiento judicial contra integrantes de diversas organizaciones de resistencia civil a escala nacional. Entonces los agentes se identificaron como tales y demandaron más información, preguntándole el nombre de sus dirigentes, y le proporcionaron un número de celular (966-113-41-21) para que, en caso de tener información, se las hiciera llegar.

El centro Digna Ochoa exige que se garantice la integridad de los integrantes del Consejo Autónomo Regional, que cese el hostigamiento de la PGR contra integrantes la resistencia civil en la costa y den garantías para ejercer su derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación.