Frutos y reveses en Guatemala
para la marcha indígena y campesina
Jacqueline Torres Urízar
Ciudad de Guatemala
La marcha que reunió a miles de personas de diferentes pueblos indígenas de Guatemala llegó a la capital el día 26 de marzo. Luego de una larga jornada de discusión con el Ejecutivo se establecieron ocho puntos prioritarios como termómetro para medir la verdadera voluntad política del gobierno. Hubo cierta satisfacción en las instancias organizadores, pues las expectativas de la acción popular fueron rebasadas. En tanto, el poder empresarial reactivó sus estrategias para defender su proyecto político.
No había culminado esa “luna de miel” que se genera con cada nuevo gobierno, cuando el general retirado Otto Pérez Molina, concentrado en generar un buen perfil internacional alrededor de la despenalización de la droga, se vio sorprendido por una marcha multitudinaria que reclamaba demandas históricas relacionadas con la tierra y el territorio. Daniel Pascual, líder del Comite de Unidad Campesina (cuc), asegura que se logró colocar en el debate nacional la conflictividad agraria, el desarrollo rural, la minería, las consultas comunitarias y la criminalización por la defensa del territorio.
Según Pascual, se ganó la cohesión de diferentes pueblos mayas, pues en el recorrido se unieron chortís, xincas, ixiles, k´iches y kaqchikeles. Las demandas reflejaron la diversidad de problemáticas: “Los planteamientos no están reducidos a un sector, sino pensados para que beneficien a todos, y eso impactó en la unidad de los pueblos y trascendió a las propias organizaciones”, enfatiza.
El pliego contemplaba requerimientos para los tres poderes del Estado y cada uno de ellos se comprometió a revisarlas. Con el Ejecutivo sostuvieron una primera reunión el 19 de abril. “No son negociaciones”, aclara el líder campesino, sino una interlocución, pues “los derechos no son negociables, hay un pliego petitorio que se está revisando y no vamos a ceder”. El Ejecutivo informó que trabaja alrededor de las demandas relacionadas con la deuda chortí, el Polochic, la Sierra de Chinajá y Santa María Xalapán, que si bien responden a conflictos puntuales, no lo son a los problemas estructurales del país. “Las vimos como respuestas intermedias, difusas e incompletas, pero esperamos que el 22 de mayo se profundicen”, dijo Pascual.
A pesar que varios partidos políticos del Legislativo se comprometieron a que la iniciativa 4084 (la propuesta de ley de desarrollo rural) se discutiera como urgencia nacional, fue retirada de la agenda días después de la marcha. En cambio, aprobarían un paquete de leyes para la reactivación económica del área rural, propuesto por el Ejecutivo.
Marta Ayala, directora de la Fundación Calmecac e integrante de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, indica que durante las reuniones con el Ejecutivo para poner en marcha la política y respaldar la ley en el Congreso, no se ha garantizado el avance de ambas propuestas, producto de 11 años de discusión entre tres gobiernos y la sociedad civil. En cambio, el plan oficial “para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral”, consigna que “la gran debilidad de este proceso participativo fue que estuvieron ausentes actores fundamentales” como “los sectores empresariales y los partidos políticos”, y apunta “la parcialidad de los actores sociales que participaron en su formulación”.
El gobierno dice que “rescatará dos elementos”: la economía campesina “a partir de una metodología de lo más concreto a lo de mayor complejidad” de acuerdo con el plan mencionado, que contempla el programa Hambre Cero, y las inversiones privadas en el área rural. Es decir, las actividades extractivas y megaproyectos que ahora rechazan las comunidades, aclara Ayala.
Para los líderes sociales es evidente la oposición total del sector privado para discutir y fomentar el desarrollo rural, y tras la marcha reactivó sus estrategias para desprestigiar las propuestas del movimiento. “Creen que se trata de expropiación de tierras y no ven más allá”, dice Ayala. Aunque el máximo argumento del Ejecutivo para no intervenir en la aprobación de la ley es la independencia de poderes, los líderes no lo aceptan, pues la bancada mayoritaria es del partido oficial y así se han aprobado otras leyes.
La militarización es otro tema cuesta arriba. El Ejecutivo ha dicho que son las autoridades locales quienes solicitan presencia militar. Sin embargo, en los primeros días de mayo, el rechazo de la comunidad de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a un proyecto hidroeléctrico llevó al presidente a establecer un estado de sitio con fuerte presencia militar, tras encarcelar a varios campesinos y ligarlos a procesos penales. A pesar de tener la potestad para declarar nocivas las actividades de extracción y los megaproyectos, el Ejecutivo vuelve a argumentar la independencia de poderes y la “violación” a los derechos adquiridos por las empresas.
Las demandas prioritarias son la deuda agraria del área chorti en Chiquimula; la dotación de tierras a las familias desalojadas en el valle del Polochic, Alta Verapaz; moratoria de proyectos mineros e hidroeléctricos; regularización y registro de tierras de Santa María Xalapán, la Sierra de Chinajá, Quiché y las Verapaces, y el retiro de tropas.
No obstante, indica Daniel Pascual, las acciones del gobierno “reafirman la figura del Estado como una finca donde los patrones dicen qué se hace y qué no” y su respuesta es “una bofetada a la democracia, porque no se está legislando a favor de la mayoría”