La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) presuntamente obtuvo pruebas de que los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas protegían las operaciones que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva realizan en Quintana Roo, el Distrito Federal y Morelos, revelaron fuentes ministeriales.

Supuestamente, las pruebas que la Siedo tiene para actuar contra los militares detenidos se han obtenido a partir de testimonios aportados por un testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), identificado como Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, además de los de Sergio Barragán Villarreal, conocido en el cártel Beltrán Leyva como El Grande, quien ahora es testigo protegido de la Procuraduría General de la República, cuyo alias es Mateo, y de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y del mayor Arturo González Rodríguez.

Según las fuentes consultadas, el caso de los generales comenzó en 2009, cuando se inició la investigación del asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, quien fue abatido a tiros en Cancún, Quintana Roo. Supuestamente, los testigos protegidos Jennifer y Mateo aportaron datos sobre la participación de autoridades en grupos del narcotráfico y nombres de generales, mandos de la Policía Federal y de la Siedo vinculados con Los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa.

Entre esos casos se encuentra el juicio contra el comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, sentenciado en primera instancia a 10 años de prisión, y las detenciones del mayor Arturo González Rodríguez y Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Siedo.

Según las autoridades consultadas, los generales eran la parte militar que permitía el traslado de aeronaves con cargamentos de droga que se movían desde Quintana Roo hasta Chihuahua, con el apoyo de Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, como jefe de la policía municipal de Cancún, en 2008; agentes federales desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el general Ricardo Escorcia Vargas, como comandante de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, y en los últimos meses el general Roberto Dawe, como delegado de la PGR en Chihuahua, en el cargo de comandante de guarnición en Sinaloa y posteriormente en el estado de Colima, desde su posición como comandante de la 20 Zona Militar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las investigaciones supuestamente refieren que el general Tomás Ángeles habría dado órdenes a los otros generales para que permitieran las operaciones de Los Beltrán Leyva. Sin embargo, las acusaciones no han sido plenamente acreditadas y por ello la PGR solicitó los arraigos.