l pasado 22 de mayo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, presentó en la ciudad de México el segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, que denuncia las agresiones que éstos sufren en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Cabe destacar que tiene también como fundamentos la información obtenida en la respuesta que 91 organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, el procurador de Derechos Humanos de Guatemala y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México le proporcionaron antes. En 2006 la CIDH ya había emitido otro informe sobre el mismo tema, en el que, con base en los estándares internacionales, se analizaba lo difícil que es defender esas garantías en la región. Este nuevo documento, además de ofrecer información actualizada sobre la situación que padecen los defensores de los derechos humanos en la región, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión la CIDH pone énfasis en el ambiente hostil que sufren, principalmente en países donde existen altos índices de violencia. Se evidencia asimismo el mensaje intimidatorio que se lanza a la sociedad en su conjunto por silenciar, castigar o detener sus actividades. Y señala cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, desapariciones forzadas, espionaje, agresiones, hostigamientos, injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas; criminalización y, en consecuencia, estigmatización y descrédito.
Ante esas denuncias, la CIDH resalta la obligación que tienen los estados de proteger a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, así como de garantizar y respetar sus derechos, pues la ausencia en las investigaciones relacionadas con violaciones y crímenes cometidos contra ellos es una constante, ya sea por la omisión en su prevención y sanción o por la dilación en investigarlos. El informe enfatiza igualmente que la labor de los defensores surge de la violación de garantías por el Estado y por ello se trabaja desde distintas áreas y con distintos métodos para proteger y exigir su reconocimiento y cumplimiento, de conformidad con el marco internacional.
En este sentido, existen algunos defensores que, dada su labor o condición, se encuentran en mayor riesgo. Tal es el caso de las defensoras de los derechos de las mujeres, los líderes campesinos y comunitarios, los defensores del medio ambiente, del movimiento LGBTTTI o de los migrantes y sus familias. Esta situación se debe a que quienes trabajan para proteger y fortalecer esos derechos se enfrentan a menudo a poderosos intereses económicos y están expuestos a ataques por particulares protegidos por la aquiescencia o la complicidad de las autoridades. Se espera que la información proporcionada por este documento sea una herramienta para generar protocolos y registros de ataques a defensores. Por eso se dedica un espacio a la propia experiencia de los mecanismos de protección de la CIDH, como otorgamiento de medidas cautelares, y al tema de las experiencias de mecanismos nacionales de protección de los defensores de esas garantías.
La comisión considera que los estados deben promover una cultura de los derechos humanos e implementar mecanismos que incluyan una política pública en favor de su trabajo, que los proteja ante amenazas y riesgos. El informe finalmente emite 28 recomendaciones, entre las que destacan adoptar las medidas correspondientes para reconocer jurídicamente y difundir la garantía a defender los derechos humanos e implementar en forma prioritaria una política global de protección a los defensores de los derechos humanos. Esta última debe orientarse en términos generales a la promoción de su trabajo y al reconocimiento de su función en las sociedades democráticas. Debe referirse igualmente la protección de su vida e integridad para evitar atentados en su contra, a la remoción de obstáculos y a la adopción de medidas para garantizar el libre ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos. Dada la precaria situación y el constante peligro en que viven las mujeres y hombres que defienden, luchan y exigen el pleno respeto y cumplimiento de esas garantías, para la Comisión Interamericana es prioritario retomar estos temas.
El 23 de mayo se presentó también el informe de Amnistía Internacional (AI) Los derechos humanos en el mundo, correspondiente a 2012. En el apartado sobre México, la organización afirma que como parte de la guerra contra el narcotráfico más de 12 mil personas perdieron la vida en 2011, entre ellos más de 40 soldados y 500 policías, aunque la mayoría de esos casos no han sido investigados. Por ello el investigador sobre México de AI urgió al día siguiente al Ejecutivo federal a promulgar cuanto antes la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso a finales de abril, pero que sobre todo es urgente que el gobierno federal y los estados demuestren más voluntad política para garantizar esas garantías. Urge también por ello que cuanto antes se implemente un mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos que comience por hacerles justicia.
