Al emitir su veredicto preliminar, luego de tres días de escuchar casos como el de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores de Mexicana de Aviación y del call center Atento, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) determinó la culpabilidad del Estado mexicano y de las empresas nacionales y trasnacionales que atropellan las garantías laborales y han entorpecido el acceso a la justicia.

El TPP lamentó la vergonzosa manipulación de la llamada guerra contra las drogas, uno de los más grandes crímenes del actual siglo y precisó que “el sentido común sugeriría que 50 mil personas muertas y 250 mil desplazadas de sus tierras en los últimos seis años no son simplemente el resultado de un comercio de drogas realizado por los cárteles”. Criticó que un vocero de gobierno se refiera a muchos de estos resultados como daño colateral, lo que sugiere una actitud militarista que es consistente con una guerra contra la población.

En su fallo el TPP “condena al Estado mexicano, en sus tres niveles de organización política –federal, estatal y local– y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, en particular a quienes han ocupado la Presidencia y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado un modelo de relaciones laborales que ha hecho crisis”.

El TPP, presidido por el español Antonio Pigrau, precisó que “condena también al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población, que se reflejan en las prácticas, entre otras, de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios y la criminalización de la protesta social”.

Criticó a quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen de manera necesaria a la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Censuró a las empresas responsables de las vulneraciones de derechos, como se prueba en los hechos denunciados y a las empresas nacionales y trasnacionales que basan en la sobrexplotación extrema de los trabajadores, como en tantos otros países, el aumento de sus beneficios hasta niveles moralmente repugnantes.

El TPP reconoció “el carácter pionero y ejemplar del artículo 123 de la Constitución y el valor de la LFT y lamentó que sobre ella se ciernan amenazas de regresión.