Opinión
Ver día anteriorMiércoles 6 de junio de 2012Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Las propuestas de salud
Asa Cristina Laurell
E

n mi anterior artículo (9 de mayo) analicé la seguridad social universal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) y la pérdida de derechos sociales que significa para los derechohabientes de los institutos de seguro social. Asimismo, señalé que los ganadores de esta propuesta serían los empresarios de la salud y las aseguradoras.

El único candidato presidencial que no se ha sumado a esta propuesta es Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista. En el libro El nuevo proyecto de nación y durante los Diálogos por la regeneración de México, organizados por Morena y el Equipo Equidad y Progreso AC, se han hecho planteamientos encaminados a garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud. En vez de plantear un seguro universal de salud, que sólo es una forma de financiamiento, se propone lograr el acceso oportuno a los servicios requeridos para toda la población. Esto se lograría fortaleciendo los servicios públicos de salud y determinando en el corto plazo una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos para los que no tienen seguro social laboral. La universalidad del acceso sería así la combinación del acceso a los servicios de los institutos de seguro social o los de la Secretaría de Salud, estatales y federal.

La política de servicios médicos y medicamentos gratuitos se instrumentó y legisló en el Distrito Federal durante el gobierno de López Obrador y alcanzó la cobertura de 95 por ciento de los grupos familiares en esta condición. Permitió incrementar los servicios prestados, particularmente los de mayor costo, hasta en 85 por ciento, o sea se amplió el acceso. La base para que se materializara fue el incremento del 80 por ciento en el presupuesto de salud y un esfuerzo sostenido de ampliación y fortalecimiento de los recursos físicos y humanos de salud y la transformación de las instituciones y prácticas públicas.

Las propuestas actuales parten de la experiencia del Distrito Federal, pero se extiende a toda la nación. En esta perspectiva el problema de los recursos físicos y humanos se vuelve crítico y debe estar en el centro de su instrumentación, aspecto no abordado por el PRI ni por el PAN. El déficit de infraestructura, recursos humanos e insumos sigue siendo el talón de Aquiles del sistema de salud mexicano y no podrá ser resuelto por el sector privado ni cambiando la denominación centro de salud por hospital comunitario. A lo largo y ancho del país hay hospitales, grandes y chicos, sin terminar o sin recursos para operar. Bastan como ejemplos los hospitales de alta especialidad, federales y del estado de México (Zumpango), que se han construido a un costo muy alto por ser proyectos de asociación público-privada y que funcionan muy por debajo de su capacidad.

Hoy faltan aproximadamente 22 mil 500 camas hospitalarias, que equivalen a 224 hospitales generales de 100 camas. Repartido a lo largo de un sexenio significa construir 37 por año. Esto nunca se había hecho en México, pero es factible cuando se tiene la decisión política de garantizar el acceso a los servicios de salud a todos, ya que el costo no representa más que el 0.08 por ciento del producto interno bruto (PIB) anualmente. A ello se añade el costo de hacer funcionar los nuevos hospitales con el personal requerido y abastecerlos con los insumos y medicamentos necesarios, lo que en números redondeados correspondería al incremento de 1.5 por ciento del PIB al final del sexenio.

Cabe señalar que con estos cálculos el presupuesto público de salud llegaría al 4.5 por ciento del producto interno bruto y nos acercaría a otros países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. Simultáneamente habría que avanzar hacia un sistema único de salud, integrando las distintas instituciones públicas de salud, preservando los derechos de trabajadores e igualando la cobertura médica.

La falta de medicamentos es otro problema a enfrentar. La Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2010 encuentra que el 16 por ciento de los afiliados al Seguro Popular y 10 por ciento de los derechohabientes del seguro social con problemas de salud no reciben atención por falta de medicamentos. Significa un gasto particularmente gravoso para los pobres, que en muchos casos impide un tratamiento adecuado.

En esta elección están en juego dos alternativas: o se avanza en la igualdad en salud o se profundiza la inequidad y la privatización. Como dijo la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Ssalud, La justicia social es cuestión de vida y muerte. La política de salud debe desempeñar un papel importante para salvar vidas y garantizar una vida digna y segura.

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