23 de junio de 2012     Número 57

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Comarca Lagunera

Privatización del agua y las presas,
riesgo para la salud


Compuertas de la presa de Guadalupe. También es conocida como presa Vida Nueva FOTO: Ing. Jorge García C

Julio César Ramírez

La Comarca Lagunera empieza a voltear hacia sus presas y hacia uno de sus ríos, el silenciado Nazas. El severo desabasto de agua en amplias zonas de las ciudades, precedido por el incremento de arsénico en el líquido que se bebe en la conurbación Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, centro norte de México, prende los focos de alarma y hace voltear a la población hacia una de sus fuentes naturales de agua, orgullo antiguo de la región, el río Nazas.

Seco durante 66 años por efecto del sistema de presas de La Laguna, el productivo lecho del río Nazas fue convertido al paso de las décadas en basurero regional, asiento de colonos precaristas en tramos, de estableros lecheros y de explotaciones pétreas, así como en depósito de aguas negras industriales, tolerado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sometido radicalmente por la presa Lázaro Cárdenas, el río Nazas dejó de aportar agua a las cavidades subterráneas de La Laguna desde 1946.

Hasta 1968, el acuífero Principal de La Laguna había dejado de recibir cada año 126 millones 75 mil metros cúbicos de agua para su recarga, según cuantificó el doctor en ciencias Carlos Cháirez Araiza en El impacto de la regulación de los ríos en la recarga de los acuíferos: El caso del acuífero Principal de la comarca de La Laguna, (2005), investigación pionera en su tipo.

Y a partir de 1968, por efecto de la presa Francisco Zarco, entonces inaugurada, el déficit se incrementó a 475 millones 69 mil metros cúbicos cada año, hasta la actualidad.

El impacto de tal déficit de agua sobre las partes media y baja de la cuenca del Nazas fue implacable, devastador: desaparecieron tres enormes lagunas –De Mayrán, Viesca y Tlahualilo–; se extinguieron los manantiales naturales de la zona de Viesca; murieron las extensas arboledas que se esparcían en las orillas del río; desaparecieron los microclimas por el revestimiento de canales y la eliminación de árboles que crecían en las acequias, y se acabaron diversas especies animales que vivían del cauce.

Asimismo, al secarse el subsuelo aparecieron grietas enormes de profundidad considerable; se abate progresivamente el acuífero y se pierde la calidad de su agua, y por si fuera poco, aumentan las pérdidas de líquido por evaporación y por filtración en los embalses mientras proliferan las faltas administrativas en el manejo del sistema regional de presas.


FOTO: Ing. Jorge García C.

En resumen: la promisoria región de La Laguna no alcanzó con su sistema de presas la alta calidad de vida, sustentable, prometida, sino que fue convertida, en muy pocos años, en el páramo amenazante y peligroso que es hoy.

El impacto destructivo de las presas no tiene precedente en la historia regional.

Complemento hidráulico del reparto agrario de 1936 en La Laguna, la presa Lázaro Cárdenas –que disolvió al pueblo El Palmito y recogió el nombre del presidente de la República promotor del modelo ejidal– pronto fue arrebatada por una gestión cada vez más proclive al empresariado agrícola, hasta que en los años 90s, tras el colapso algodonero y una crisis campesina desoladora, tierra y agua pasaron a manos casi exclusivamente privadas que sólo encuentran sentido en la acumulación de ganancias.

La historia de la zona lechera de La Laguna –insaciable usuaria número uno de la cuenca del río Nazas– corre paralela a la acelerada apropiación privada del agua y al impacto del sistema de presas sobre esta región, desde 1950 hasta la actualidad.

La sobrexplotación del agua subterránea, y de las presas para la cuenca lechera sobre todo, se agudizó con el acaparamiento de tierras y derechos de agua que sobrevino tras la reforma al artículo 27 constitucional, en 1991.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) nunca ha publicado el Padrón de Pozos de La Laguna ni los resultados del análisis de la calidad del agua que realiza su laboratorio; reacia ha sido a la instalación de medidores volumétricos y a castigar a quienes día y noche roban grandes volúmenes de líquido, según reconoce la Dirección de Cuencas Centrales del Norte.

En los últimos 15 años del siglo XX el bombeo excesivo de agua subterránea por medio de miles de pozos profundos –en proliferación desde 1947–, especialmente dedicados a la producción de forrajes para la cuenca lechera, ocasionó brotes de hidroarsenicismo –con antecedentes en 1953– en campesinos de la periferia norte de la Comarca Lagunera –de Tlahualilo y Francisco I. Madero–, donde casos multiplicados incluyeron alteraciones de la piel, con llagas y aspecto leproso, problemas de vasos sanguíneos en pies y piernas; fatiga, dolores musculares, pérdida de cabello, zumbido de oídos, cicatrización difícil, depresión, laxitud y alucinaciones visuales, y en algunos casos disminución de la síntesis de glóbulos rojos y blancos.

La ingesta de arsénico en cantidades por encima de los parámetros internacionales para agua es de alto riesgo tóxico, causal de daños a los sistemas neurológico y cardiovascular, ligado a diversos tipos de cáncer, como el de piel, hígado, riñones y pulmón, así como detonante de diabetes, alta presión sanguínea y problemas reproductivos.


FOTO: Ing. Jorge García C.

Más aún, una investigación periodística reveló en 2003 con documentos oficiales que el arsénico había contaminado ya el agua de los 64 pozos que abastecían en ese año a Torreón, ciudad principal, y que el 30 por ciento se encontraba fuera de la norma internacional de agua potable dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece el tope de 10 microgramos de arsénico por litro de agua.

Otra publicación periodística sacó a la luz documentos de la Conagua que prueban la presencia de mayor cantidad de arsénico en el agua bebida en todos los pozos de la zona metropolitana de La Laguna de 2002 a 2006, con extraordinaria contaminación en los ubicados en Gómez Palacio y Lerdo, Durango, cuyo subsuelo correspondía al otrora depósito del líquido subterráneo más limpio de La Laguna, denominado La Burbuja.

Una indagación periodística más comprobó, con un estudio geohidrológico de la propia Conagua, la contaminación del agua del acuífero Principal ya no sólo con arsénico sino con selenio, molibdeno, manganeso, nitratos, sulfatos, flúor y otras sustancias dañinas para los humanos, para la agricultura y para el ganado.

Ocultado por autoridades y empresarios, pasados siete años el gobierno de Torreón reconoció en 2010 el problema y empezó a implementar alternativas tecnológicas parciales y costosas, bajo presión de las denuncias públicas.

Su primera opción fue un filtro “antiarsénico” que fracasó en el pozo más contaminado de la ciudad, el 75, en el fraccionamiento residencial Senderos.

En 2012 sigue tomando opciones onerosas y paliativas pero increíbles: filtros a pie de pozo recomendados por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), que no convencen a la población porque sabe de innumerables engaños de empresarios privados por medio de los sistemas operadores municipales y de la Conagua.

Vive la comarca la oscura negociación del gobierno de Durango con la Conagua para que Water Iniciative, empresa privilegiada, recomendada por Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, instale en Gómez Palacio miles de filtros antiarsénico domiciliarios, a boca de llave, diferentes a la tecnología indicada por el IMTA para Torreón, a pie de pozo, sin garantía de eliminar el arsénico del agua.

El operador clave es Miguel Calderón Arámbula, director de la Comisión Estatal del Agua de Durango, convertido por el director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, bajo una supuesta votación, en cabeza del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval de la Conagua.

No es difícil observar en puestos públicos del sector hídrico a funcionarios que sirven al empresariado, sobre todo de la cuenca lechera.

De repente, el 18 de febrero de 2012, el secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, declaró la intención de privatizar el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, bajo un modelo similar al de Saltillo, de participación pública y privada.

La privatización de la gestión del agua de Torreón comenzó con la construcción de una planta tratadora de aguas residuales bajo el esquema de construcción-operación-transferencia (COT), que se consolidó en 2003 con la edificación de la planta clarificadora de agua, que benefició a la empresa Ecoagua de Torreón SA de CV, cuya socia mayoritaria es la compañía Met-Mex Peñoles.

El agua se convirtió en un gran negocio privado, mientras la población empieza a voltear hacia el depósito de líquido más grande y visible, la presa Lázaro Cárdenas, y hacia uno de sus ríos silenciados, el Nazas, bajo una exigencia natural que gana cada vez más simpatía: ¡río libre, pueblos vivos!


Jalisco

Caras Diversas de la Privatización del Agua*

Cindy McCulligh
Investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (Imdec)

El agua es libre y va más allá del control humano. Producto de la naturaleza, cae del cielo, corre por nuestras venas, hace crecer nuestros alimentos, define los paisajes, puede inundarnos y su ausencia genera sequía y hambre. El proceso actual de poner bajo control privado y/o privar a las personas del acceso a agua limpia y segura ha asumido diversas caras: la contaminación del agua, su venta embotellada, su control por medio de presas y trasvases y el manejo de los sistemas de agua en manos de la iniciativa privada.

Según Pedro Arrojo, creador del concepto de la Nueva Cultura del Agua y Premio Goldman, el hecho de que 880 millones de personas en el mundo carezcan de acceso a agua potable “no procede de problemas propiamente de escasez cuantitativa de aguas, sino de problemas de contaminación de las aguas disponibles”. Acuíferos, lagos, ríos y otros cuerpos de agua se ven degradados por contaminación de fuentes municipales, agrícolas e industriales; hay daño a ecosistemas y amenazas a la salud humana. Esto constituye una forma de privatizar el agua, ya que las industrias y la agricultura industrializada usan cuerpos de agua como una manera “gratuita” de deshacerse de sus desechos. Protegen así sus ganancias al tiempo que privan a otros del acceso al agua segura.

En México, grupos ciudadanos han denunciado casos como los de los ríos Santiago en Jalisco y Atoyac en Puebla y Tlaxcala, ligando la fuerte contaminación por aguas residuales municipales e industriales a graves problemas de salud en las comunidades cercanas.

La sed de la ciudad. Rodeada por ríos pestilentes y dependiente de un lago tan bello como vulnerable, la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) es foco de conflictos sociales y ambientales cuyo centro es el agua. Las nuevas modalidades de la participación privada en la gestión del agua ya operan en esta ciudad, con la construcción de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales, que se construyen bajo esquemas de construcción-operación-transferencia (COT), esto permite a las empresas privadas construir la infraestructura para operarla posteriormente durante un periodo determinado y así generar ganancia.

En fechas recientes se anunció un nuevo proyecto, también de tipo COT, que suscitó ya la oposición ciudadana: es un segundo acueducto para extraer agua del Lago de Chapala para la ciudad, bajo control privado por un número indefinido de años.

En medio de la tercera crisis del lago de Chapala, y por ende de la fuente principal de agua para la ZMG, se gesta una fuente alterna para la ciudad. En 2000, la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco lanzó una convocatoria para propuestas de abastecimiento para la ZMG, y desde 2001 se hablaba de la opción preferida: la Presa de Arcediano. De acuerdo con la CEA, Chapala contenía 14 por ciento de su capacidad de agua en junio del 2002, y un argumento del gobierno para justificar la presa era que Arcediano aliviaría al lago bajando la extracción para la ZMG.

Dejando una estela de daños, con la destrucción de un pueblo y de un puente histórico, así como el gasto de más de 700 millones de pesos, la de Arcediano es una historia de necedad y fallas de un proyecto que ahora se encuentra “cancelado” o “suspendido”, según las diferentes versiones oficiales. Proyectada para construirse sobre el río Santiago en la Barranca Huentitán-Oblatos al norte de la ZMG, generó la oposición de un número importante de organizaciones sociales que se unieron a Lupita Lara, la única pobladora de Arcediano que se negó a salir de sus tierras. Se denunció que la obra era inviable debido a la severa contaminación de las aguas que captaría –provenientes del río Santiago– y que no serían aptas para consumo humano. No fue sino hasta finales del 2009 que se anunció que la presa no se construiría; el argumento usado fue: problemas con la geología del sitio, pero ya se tenía en mente una represa alterna de menor tamaño, El Purgatorio, que funcionaría en conjunto con otra obra controvertida, la presa El Zapotillo.

En años recientes, en México se ha abierto la puerta a la privatización de infraestructura hidráulica, muchas veces vía contratos COT. La Ley de Aguas Nacionales de 2004, en su artículo 102, autoriza a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a celebrar contratos con particulares “con la modalidad de inversión recuperable, para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica”.

Hoy se construyen varias presas con este modelo, incluyendo El Zapotillo. Promovida por la Conagua, ha sido concesionada a la constructora española FCC y a las mexicanas Grupo Hermes y La Peninsular. La española Abengoa fue la elegida para construir y operar el acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León por 25 años, con lo que se estaría privatizando el agua y dejando a los leoneses ante la vulnerabilidad de una larga lista de abusos que han sido documentados en otros casos de privatización del agua.

En marzo de 2012 se constituyó el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP) en Jalisco, conformado por sindicatos, comités vecinales, estudiantes, organizaciones, colectivos e investigadores, que decidieron trabajar en un frente común, autónomo y apartidista en defensa del agua y en contra de su privatización. En el FADAP se articulan las luchas emblemáticas.

*Extracto de artículos publicados en la revista Las Turbias Aguas de la Privatización en México, de la Comda, Food & Water Watch, Imdec y The Council of Canadians.

Jalisco

El zapotillo
y la violación de derechos

Guadalupe Espinoza Sauceda
Colectivo de Abogados
sauceda73@hotmail.com

La presa El Zapotillo que se está construyendo en los municipios de Yahualica, Cañadas de Obregón y Mexticacán, al norte de Jalisco, casi en los límites con Zacatecas, viola una serie de derechos de los pobladores.

El discurso oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobierno de Jalisco y Guanajuato dice que es para el abastecimiento de agua potable a 14 municipios de los Altos de Jalisco, aunque no haya ningún ramal para llevarles agua. También dice que una parte del agua será para la zona metropolitana de Guadalajara, aunque para ello se necesita una presa derivadora, la cual tampoco existe. Lo que sí es seguro es que el agua es para la ciudad de León, Guanajuato, y para ello se contempla la construcción de una cortina de 105 metros de altura y un acueducto de alrededor de 140 kilómetros de longitud.

Inundaría cuatro mil 800 hectáreas. Y a la fecha se han gastado 12 mil 850 millones de pesos en la construcción de la obra hidráulica (según datos de Conagua a fines de 2011). La presa se ubica sobre el río Verde y traerá como consecuencia negativa la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, provocando el desplazamiento forzoso de sus habitantes; la mayoría de ellos no está de acuerdo, ya que dicen que quieren seguir siendo pueblo como desde el siglo VI, cuando los de Temacapulín, los indios tecuexes, lo fundaron.

Algunos de los derechos humanos que se violan con esta presa son: el derecho a la información sobre los impactos del proyecto, el derecho a una evaluación del impacto ambiental integral, el derecho a participar y a ser consultados, el derecho a la vivienda y a no ser desplazados forzosamente, el derecho a la integridad personal, el derecho al patrimonio cultural e histórico, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la planeación democrática del desarrollo y el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la alimentación. Todos éstos se han invocado en la defensa social y jurídica de las tres comunidades.

El derecho a participar y ser consultados es el que más invoca Temacapulín, pues es el que más ha sido violado, porque nunca ha aplicado en este caso por el gobierno federal ni por el de Jalisco, pese a que el gobernador Emilio González Márquez prometió en una reunión de trabajo con los afectados que si el 50 por ciento mas uno no estaban de acuerdo con el proyecto, éste no se haría. Consulta que nunca se ha hecho, pero que la comunidad realizó por su propia cuenta y cuyo resultado fue de 98 por ciento de rechazo a la construcción de la presa, así como rechazo a su reubicación al predio de Talicoyunque, el lugar a donde el gobierno los quiere reasentar. La gente ha dicho seguirá luchando hasta donde tope.

Existen amparos ganados por la comunidad de Temacapulín y que ordenan la suspensión de la obra hidráulica; recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, como la 35/2009; exhortos de diputados y senadores a que se suspenda la construcción, pero nada de eso parece importar al gobierno. Tal pareciera que pesan más los intereses de los empresarios de Guanajuato que están detrás del proyecto sobre la voluntad y derechos de la gente que se verá afectada aguas arriba y aguas abajo.

Recientemente se echó abajo el plan de reubicación en Talicoyunque, por sentencia definitiva de los tribunales judiciales. Una pequeña victoria que reivindica la razón de los afectados. Finalmente, en breve se resolverá por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en el estado de Jalisco un expediente de amparo de Temacapulín y Acasico que esperemos de manera definitiva cancele la construcción de la presa El Zapotillo y se respeten los derechos humanos de los afectados. El movimiento social que se ha generado siempre ha enarbolado las banderas de la paz y de la legalidad y apela a que se respete un estado real de derecho sin desvíos de poder.