23 de junio de 2012     Número 57

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

América Latina

Lucha contra la corporativización
de la energía

Sonimara Maranho
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
sdjsonia@yahoo.com.br

El poder económico (trasnacionales mineras, agroindustriales e hidroeléctricas, sobre todo, apoyadas por gobiernos cómplices) está en franca competencia por apropiarse de las fuentes de energía –pues ésta es clave para acelerar la producción y permitir su transporte– y se están privatizando los recursos naturales como petróleo y agua y los territorios agrícolas que pueden producir algún insumo vegetal para agrocombustible.

Entender el tema es esencial para que desde las comunidades podamos establecer proyectos de energía popular que sirvan a los intereses de la mayoría, y no para la acumulación de la riqueza en pocas manos.

Las trasnacionales usan toda forma de dominación, como las áreas de libre comercio y la consolidación de los planes de infraestructura. Y reciben mucho apoyo de la fuerza jurídica de los gobiernos, pues tales empresas cometen actos ilegítimos, como cooptar líderes comunitarios, o anularlos vía detenciones y/o asesinatos, manteniendo a las poblaciones en la ignorancia para que no se organicen ni se defiendan.

La complicidad de los gobiernos también se ve en la creación de planes y leyes que privatizan la energía y dan seguridad a las grandes empresas para que puedan explotar los recursos naturales, valiéndose del mito del fracaso del Estado en su gestión, y la necesidad de inversiones en obras de producción energética. Obligan a las comunidades afectadas a someterse a estas corporaciones.

No obstante, se percibe con alegría la fuerza de los pueblos que resisten. Entre nuestros retos está aumentar el conocimiento sobre la producción social de la energía y su relación con la naturaleza. La energía se debe utilizar de manera racional para satisfacer las necesidades humanas básicas y de vida digna. Esta compresión debe ir dirigida hacia un alto desarrollo humano con sustentabilidad ambiental.

Eso requiere una nueva política con principios rectores, y se proponen los siguientes:

1.-Fortalecer la lucha contra las presas y en defensa de los afectados; 2.-Luchar porque el poder continúe en manos de los Estados-nación y no de las corporaciones; 3.-Que la energía en todo el mundo sea para las comunidades; 4.-Evitar que la energía sea una mercancía de lucro para las corporaciones; 5.-Promover el uso racional y sustentable de la energía; 6.-Pugnar para que la energía esté garantizada para las necesidades vitales de la poblaciones humanas y la naturaleza, pensando también en las generaciones futuras, y rechazar los modelos de producción cuya finalidad es la expropiación de los recursos naturales y la energía.

Asimismo, 7.-Luchar por la subvención a los sistemas de bienes y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, como son alimentación, vivienda, educación, salud y transporte; 8.-Luchar contra el discurso de la escasez energética –inmerso en el imaginario social– pues éste busca privatizar la producción energética.

Es esencial que todas nuestras luchas tengan un grado de voluntad política para vincular a todos los actores de la comunidad; que la población se involucre en la planeación y la organización. Esto debe ser eje rector de los movimientos de resistencia nacional e internacional, para la producción de energía popular.

Colombia

El futuro incierto de las hidroeléctricas

Juan Pablo Soler
Movimiento Ríos Vivos Colombia
http://defensaterritorios.wordpress.com/
juanambientesano@yahoo.es

Para el gobierno colombiano, el desarrollo del sector eléctrico tiene gran futuro con base en la construcción de represas. Ha dicho: “Colombia tiene un enorme potencial y hay que explotarlo al máximo”; esto nos convertirá en el mayor exportador de energía eléctrica de la región. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos ha contemplado una regulación propicia para “transmitir confianza a los distintos agentes de la cadena”, nacionales y extranjeros, y así explotar los 74 mil megavatios de potencial de construcción de proyectos hidroeléctricos en el país.

Sin embargo, el futuro de las comunidades afectadas por represas es incierto; en nombre del desarrollo se les obliga a cambiar de vocación, abandonar sus tierras y aceptar indemnizaciones poco onerosas bajo promesas de restitución de modos de vida que pocas veces se cumplen.

¿Qué es una represa? Es la obstrucción que se hace a un río para retener grandes cantidades de agua. Se logra con la construcción de un muro de concreto sobre el cauce de río. Para que sea considerada una gran represa, éste debe tener más de nueve metros de altura. La represa Hidrosogamoso en Santander tendrá un muro de 190 metros de altura, podrá represar cuatro mil 800 millones de metros cúbicos de agua, e inundará un área aproximada a siete mil hectáreas, afectando a nueve municipios de la cuenca del río Sogamoso.

Como el agua queda muy quieta, como el río de manera permanente lleva grandes cantidades de sedimentos y, además, miles de toneladas de cobertura vegetal quedan bajo el agua, se inicia un proceso de descomposición –que nunca termina– que hace que la calidad del agua cambie afectando la vegetación y la fauna del río, y generando compuestos tóxicos y letales por la aparición de bacterias (ningún embalse es la excepción).

¿Cuál es el problema de fondo? El gobierno nacional dice que con este tipo de obras se llevará empleo a las regiones y se disminuirá la desigualdad social; sin embargo, quienes habitan los territorios a inundar, por lo general pescadores, mineros artesanales y campesinos, no están de acuerdo con la reubicación ni con abandonar sus tierras o dedicarse a otras actividades.

El empleo que generan las represas para la gente de las zonas afectadas por lo general es no calificado, de obreros con baja remuneración económica en condiciones laborales extremas y, aun cuando los salarios se podrían considerar buenos, no se equiparan con los ingresos de una cosecha o de una subienda de peces; además, nunca se habla del aumento del costo de vida en las regiones de los proyectos. Por ejemplo: un pescador del municipio de Gigante, zona de impacto de la represa El Quimbo, pagaba en 2008 un arriendo de 200 mil pesos por una casa, en 2011 tuvo que salir del predio pues el arrendador le dijo: “O me pagas un millón que me da el ingeniero, o desocupas”.

Otros problemas. En su pico de construcción, las represas pueden tener dos mil o tres mil trabajadores, lo cual atrae actores diversos y genera dinámicas sociales adversas por las cuales no responden los constructores de los proyectos; por ejemplo, aumento de madres solteras, drogadicción, violaciones, alteración del orden público, amenazas, represión, enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas y el aire en las regiones y desempleo.

Después de que la obra termina son pocos los que quedan empleados. En la represa del Huila, tan sólo 50 personas quedarán responsables del mantenimiento y operación del proyecto.

El desarrollo que, se dice, traen las represas es un eufemismo para despojarnos de nuestra cultura, identidad, tradición y bienes naturales:

Hay otras afectaciones de las represas que se evidencian cuando ya están funcionando. Por ejemplo: enfermedades de la piel (llagas), comunes en las personas de zonas donde ha sido construido un embalse; el vertimiento indiscriminado de 500 mil metros cúbicos de lodo tóxico en 2001 en la cuenca del bajo Anchicayá, Valle del Cauca, que dejó sin formas de sobrevivir a más de dos mil familias afrodescendientes, y la proliferación de plagas y mosquitos en el embalse del Muña, al recibir y empozar las aguas del Río Bogotá. Además, el aumento del conflicto armado en varias de las zonas donde se planea construir estos proyectos hace que la gente deba desplazarse forzosa e involuntariamente.

Por otra parte, es falacia decir que la energía producida con represas es limpia. Grandes proyectos como El Quimbo, Hidrosogamoso e Hidroituango están intentando que se les reconozca como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); de lograrlo, recibirían dinero extranjero por los créditos de carbono que propuso el Protocolo de Kyoto como una de las fórmulas para detener el sobrecalentamiento del planeta.

Esto es aberrante, pues los créditos de carbono representan la venta del poder para poder emitir gases contaminantes a la atmósfera en algún lugar del planeta. Esto es, el empresario de las represas lucra a costa de que la humanidad se envenene.

Además, si bien las represas no queman carbón –esto es, reducen la emisión de CO2 o dióxido de carbono– sí generan en cambio grandes cantidades de gas metano, dada la descomposición de materia orgánica en aguas con poco oxígeno, y este gas es 25 veces más lesivo que el CO2. En el mundo los grandes embalses aportan 104 millones de toneladas de metano a la atmósfera por año.

El tema de la energía requiere entonces hallar alternativas. Pero esta es una tarea que no debe depositarse sólo en las comunidades afectadas por los proyectos.

España

El movimiento de afectados por
presas y trasvases

Anahí Copitzy Gómez Fuentes
Doctora en ciencias sociales, profesora e investigadora de El Colegio de Jalisco
anahi.copitzy@hotmail.com

Algunos expertos coinciden en que España posee el récord mundial de infraestructura hidráulica, con base en el porcentaje de superficie geográfica ocupada por presas y del número de habitantes. Pero tras un siglo de construcción de grandes obras hidráulicas promovidas por el Estado, no se ha logrado satisfacer las exigencias de agua de la población, ni erradicar los efectos nocivos de la sequía, pero sí deteriorar gravemente los ecosistemas acuáticos y la hidrología superficial y subterránea del país.

En su mayoría, las presas han sido construidas con cargo al presupuesto del Estado. Resultantes de una política de obras hidráulicas de oferta de agua a bajo costo, han promovido implícitamente prácticas de gestión y usos del agua muy costosos. Incluso se gestó un sinfín de actividades cada vez más exigentes de agua, como la agricultura de riego. Al mismo tiempo, se generaron nuevas formas de escasez que justificaron a su vez nuevas inversiones, obras y negocios con el agua.

El Pirineo aragonés como territorio de montaña, con grandes ríos, cañadas y valles, históricamente ha sido en especial afectado por las políticas de construcción de presas dedicadas a la producción hidroeléctrica y a la creación de planes de regadío en el Valle del Ebro. Durante la dictadura franquista (1939-1975) se edificaron diversas presas que regularon gran parte de los ríos de origen pirenaico. Ello supuso el desalojo de miles de personas, la inundación de pueblos y valles, tanto como la desarticulación económica y social de esa región.

A fines de los 70s, en la transición democrática, el gobierno dio gran impulso a los proyectos de presas en Aragón y se planteó su construcción con los objetivos de crear nuevos regadíos y ampliar los existentes. A finales de los 80s y principios de los 90s algunos pueblos se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Afectados por Embalses, un primer intento de articular la lucha y establecer presencia regional.

En 1995, se formó la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret). Desde Aragón se lideró un importante movimiento social con alcance nacional y a nivel ibérico, con impacto en las políticas hídricas en la Unión Europea. Esta organización logró reunir a más de 40 colectivos de diversos lugares de España y Portugal. El propósito era integrar en una sola lucha a las diferentes comarcas, pueblos y personas afectadas por las grandes obras hidráulicas.

La Coagret tomó como pensamiento fundacional las reflexiones realizadas en torno a la Nueva Cultura del Agua, desde la cual se hace una crítica a la tradicional política hidráulica en España y se propone una nueva forma de gestión integral y ecosistémica de los recursos hídricos. Así, el movimiento no sólo encontró una bandera que haría fortuna, sino que abrió una nueva dimensión ciudadana a su movilización, en la cual se daba un impulso cualitativo a la reflexión de que “afectados somos todos”.

Con más de 20 años de lucha, el movimiento de afectados suma innumerables logros tangibles, como la suspensión definitiva de dos proyectos de presas en el Pirineo aragonés: Jánovas, sobre el río Ara, y Santaliestra, en el río Ésera, así como la derogación del trasvase del río Ebro.

En los logros intangibles está un crecimiento social y político del movimiento, en donde los afectados han tenido que debatir y consensuar estrategias en diferentes frentes –legal, social, cultural, político, ideológico, técnico y científico– con luchas variadas e imaginativas, todas desde la no violencia. Otro logro: que las propuestas de la Nueva Cultura del Agua se han posicionado como paradigma alternativo con una importante sintonía con las leyes europeas en materia hídrica.

Pero aún quedan conflictos por resolver en el Pirineo aragonés, como el recrecimiento de Yesa, en el río Aragón, y el proyecto de la presa de Biscarrués, sobre el río Gállego. Los afectados por los proyectos han tenido que continuar resistiendo los embates de una política hidráulica obsoleta, con prácticas antidemocráticas y económicamente poco rentables, que afectan los derechos de las minorías.

Con el nuevo cambio de gobierno en España, con Mariano Rajoy del Partido Popular, la política hidráulica se ha recrudecido. Los tan añejos proyectos de presas en el Pirineo aragonés y el trasvase del río Ebro resurgen con nuevos bríos bajo la insistencia de un partido de derecha en el gobierno, que tiene como objetivo terminar los proyectos de presas que por muchos años han quedado suspendidos gracias a la movilización social. En un contexto de crisis económica y de grandes protestas sociales, el gobierno español tendrá muy difícil la imposición de una política hidráulica insustentable ambiental, social y económicamente.

Kenia

Salvar al Lago Turkana

Ikal Angelei
Friends of Lake Turkana; Premio Goldman por África
sdjsonia@yahoo.com.br

Mi lucha por salvar el Lago Turkana y sus comunidades comenzó en 2008, después de haber sido informada sobre la construcción de una presa en el Río Omo. Esta presa ha sido severamente criticada por científicos, y un estudio ha identificado algunos de los impactos catastróficos que tendría sobre el Lago Turkana, sus ecosistemas y su gente. El gobierno de Kenia ha permitido silenciosamente que el proyecto continúe, sin informar y sin consultar a las comunidades ni a sus dirigentes electos.

Comenzar la defensa del lago fue una batalla cuesta arriba, primero para entender los aspectos técnicos de la construcción de represas, de hidrología y ecología, y luego para convencer a un pueblo que ha sido marginado durante mucho tiempo y que no creía poder luchar contra un distrito electoral en la cuidad que consideraba que su acceso a la energía debía ser a costa del Lago Turkana. Ha sido una lucha contra mi gobierno y contra el de Etiopía.

Gibe 3 es una presa hidroeléctrica que está siendo construida, con un avance de 40 por ciento, sobre el río Omo, que es compartido entre Kenia y Etiopía y que provee 90 por ciento del agua del Lago Turkana, el lago de desierto más grande del mundo, situado en la zona árida del noroeste de Kenia. Turkana es la única fuente de sustento para más de 200 mil personas, y el ecosistema ribereño provee el soporte para más de 300 mil indígenas que dependen del ambiente natural para su supervivencia.

Para luchar por el agua, hace tres años formamos Amigos del Lago Turkana, una organización comunitaria que encabeza la campaña para detener la construcción de la presa Gibe 3. Hemos logrado convencer a varios organismos, incluidos los Bancos Mundial, Europeo de Inversiones y Africano de Desarrollo, de no financiar la construcción de Gibe 3. Indujimos también al Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a emitir un comunicado llamando a la cancelación de Gibe 3. Conseguimos que el parlamento keniano pasara un resolutivo instando al gobierno a exigir la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental independiente.

Con el argumento de que África es un continente oscuro y necesita generar energía para alcanzar su seguridad alimentaria, reducir el desempleo y aumentar su producto interno bruto, muchos esfuerzos se enfocan a la producción de energía, y cada vez más bancos y gobiernos impulsan proyectos que devastan ambientes y ecosistemas que han dado sustento a pueblos por miles de años, y que violan los derechos humanos de comunidades, destruyendo sus fuentes de vida e incrementando la pobreza.

En nuestro caso, reconocemos y apreciamos la necesidad energética de los gobiernos de Etiopia y Kenia, pero creemos que hay otros modos de alcanzar este desarrollo sin crear una catástrofe y sin incrementar la inseguridad humana y alimentaria, como son la generación de energía a través del viento, el biogás y la energía solar.

Ya que nuestros gobiernos han decidido ignorar nuestras preocupaciones, continuamos luchando por una justicia ambiental para las comunidades de Turkana, para hoy y para el futuro. Han sido tres años de defensa de la tierra y el agua. Hemos tenido fallas y victorias, amenazas y reconocimiento. Actualmente estamos empujando a nuestro gobierno a salirse del acuerdo que tiene con el gobierno de Etiopía, de comprar 60 por ciento de la energía generada por la presa, para hacer injustificable de este modo el financiamiento de la misma por parte de China, que entró a impulsar impulsor del proyecto luego de que sacamos al resto de las principales fuentes de financiación. Mientras esperamos nuestro día en la Corte, celebramos nuestras victorias y reconocemos que seguimos enfrentando adversidades enormes en la lucha por los derechos al agua de la cuenca del Omo y de las comunidades del Lago Turkana.


FOTO: MCC (Movimiento Campesino de Córdoba) y UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra)

Argentina

Otra escuela,
para otro campo

Darío Aranda

"La escuela actual te educa para los agronegocios. Necesitamos otra educación, que enseñe que el campo es más que soja. Por eso nació la escuela”, explica con paciencia docente Andrés Daniel Duarte, 21 años, de la provincia del Chaco, norte argentino, donde el avance sojero hizo (y hace) estragos con desmontes, fumigaciones y expulsión de familias campesinas. Experiencias similares, escuelas autogestionadas por campesinos, se repiten en las provincias de Córdoba y Mendoza (centro y oeste del país, respectivamente). Entienden la educación como una herramienta más para resistir al avance del agronegocio.

El Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco (al norte de Argentina) denuncia el “vaciamiento del campo”. A mediados de siglo la población rural provincial representaba 70 por ciento, en 1991 había descendido a 28.5 y en 2001 sólo representaba 16.5 por ciento. Aun sin datos precisos del censo más reciente (2010), todas las organizaciones anuncian que el despoblamiento continúa, y apuntan al avance de la soja transgénica, que ya abarca el 56 por ciento de la tierra cultivada (19 millones de hectáreas). Cifras del Movimiento Nacional Campesino Indígenas (MNCI-Vía Campesina) denuncian que en la pasada década de la mano del avance transgénico fueron expulsadas de sus tierras al menos 200 mil familias campesinas.

El departamento de General San Martín, en el centro del Chaco, fue un histórico espacio de grandes estancias dedicadas a ganadería y agricultura. A medida que avanzó la soja, los campos se vendieron y los trabajadores rurales (que vivían en esas mismas chacras) fueron expulsados a las grandes ciudades. “Nosotros queríamos seguir viviendo en el campo”, explica con voz que apenas se escucha el joven Romero. No se fueron a la ciudad. Acamparon –en condiciones precarias– en la banquina, ese espacio limítrofe entre la ruta y el alambrado del campo que siempre habían trabajado pero ya no los necesitaba. Así nacieron “los banquineros”, 20 familias, que permanecieron cuatro años al costado del camino, parcelas de no más de 30 metros de ancho y cientos de metros de largo. Hicieron lo mismo de siempre: sembraron, criaron animales, cosecharon y también exigieron tierras.

En 2009, luego de un largo proceso de lucha, lograron que la legislatura provincial expropiara 500 hectáreas. “Ya teníamos tierra. Había que producir. Y seguir luchando, por eso necesitamos estudiar, para que los jóvenes se queden en el campo”, resume Romero, ex banquinero.

En toda la zona sólo había escuela primaria. Los hijos de campesinos debían ir a la ciudad o abandonar los estudios. Así nació la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) “Fortaleza Campesina”, más conocida como “la escuela banquinera”, especializada en ciencias naturales y frutihorticultura, con orientación agroecológica. Dos objetivos principales: el derecho a la tierra y la salud de los ecosistemas.

Aún no tienen edificio propio, comparten espacio con una escuela primaria y(cuando los horarios se superponen las clases son debajo de los árboles. Pero es lo de menos: ya cuenta con 140 chicos que estudian y quieren quedarse a trabajar y vivir en el campo.

Al otro extremo de Argentina, al oeste del país, límite con Chile, la provincia de Mendoza siempre fue famosa por los atractivos turísticos (nieve, montañas y lagos de postal) y sus viñedos, pero en los últimos años comenzó a cambiar. Empresas mineras trasnacionales y la ganadería intensiva, expulsada de la Pampa Húmeda por la soja, multiplicaron los conflictos rurales. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) es la organización fuerte de la provincia, base local del MNCI-Vía Campesina, con la sede central en la localidad de Jocolí.

Proyectos productivos (vinos y tomates en conserva), una radio comunitaria (FM Tierra Campesina) y una revista (Grito Cuyano). En 2010 comenzaron un proceso de asambleas y debates para pensar qué educación querían y necesitaban como organización. En 2011 nació la escuela campesina, con el eje central articulado en torno a la agroecología.

Concurren 60 alumnos (tanto jóvenes como adultos) y tienen dinámica de alternancia, una semana presencial en aula (en la sede central de la organización) y tres semanas de prácticas en la finca de las comunidades. Consiste en tres años de cursada y también tiene reconocimiento oficial. En sus lineamientos iniciales dejan explícito el plano político e ideológico desde el que se crea la UTS y la escuela: “Nos oponemos al modelo de agronegocio y a la agricultura industrial”. Proponen un modelo diferente: la soberanía alimentaria.

En el centro geográfico del país, la provincia de Córdoba siempre ubicó a la zona agrícola próspera al sur provincial. Soja transgénica mediante, los empresarios rurales comenzaron a expandirse hacia el norte, y los conflictos se multiplicaron. A fines de la década de los 90s nacieron las primeras organizaciones de lo que luego se transformaría en el Movimiento Campesino de Córdoba (también forma parte de la Vía Campesina local).

La organización siempre contó con espacios de formación política, con la educación popular como herramienta. Pero rápidamente visualizaron lo mismo que sucede en la ruralidad argentina: las escuelas primarias no abordan la realidad campesina, los colegios secundarios escasean y obligan a los jóvenes a migrar.

En 2009 iniciaron tres escuelas, llamadas formalmente por el estado provincial “Centro Educativo Nivel Medio para Jóvenes y Adultos” (Cenme), para mayores de 18 años. Y, para los chicos de entre 14 y 17 años, en 2011 iniciaron otra escuela, todas en pequeños parajes del norte provincial. Brindan las materias obligatorias de los planes de estudio de la provincia (matemáticas, lengua, inglés y ciencias sociales, entre otras), pero los diferencia la metodología: nada de un docente que habla y muchos alumnos que escuchan. La educación popular sigue siendo la herramienta pedagógica. Además hay materias como “producción campesina”, imprescindibles para mostrar otro modelo de campo, donde no se utilizan agrotóxicos y, como resalta el Movimiento Campesino de Córdoba, producen “alimentos sanos, para el pueblo”.