Tras repudiar el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a diversas dependencias del gobierno federal informes pormenorizados sobre el flujo de recursos y operación de este acuerdo signado entre ambos países.

Diputados y senadores cuestionaron que el gobierno estadunidense condicione a los mexicanos el flujo de recursos económicos, al cumplimiento de criterios unilaterales de protección de derechos humanos ya consagrados en la Constitución.

Conforme al punto de acuerdo aprobado, la Permanente dio un plazo máximo de 10 días hábiles a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, para que entreguen la información relativa a los recursos de la Iniciativa Mérida que fueron entregados a México, de enero de 2011 a mayo de 2012, por cumplir un conjunto de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

A las mismas dependencias también les demandó un informe puntual de la actuación e instrumentación de las instituciones a su cargo, en relación con los llamados protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de Personas, recientemente presentados por el presidente Felipe Calderón.

Por otra parte, según información de la Casa Blanca, los gobiernos de México y Estados Unidos preparan una nueva etapa de la Iniciativa Mérida, para la aplicación de programas de rehabilitación y prevención de consumo.

De esta forma Estados Unidos transferirá en los próximos meses más de cien millones de dólares en tecnología y capacitación a organizaciones no gubernamentales, con el propósito de crear coaliciones contra el uso y abuso de drogas en Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez.

El estado de Chihuahua recibirá recursos para un programa de 18 millones de dólares que se ligará a más de 400 Centros de Nueva Vida instalados en todo el país a través de una plataforma tecnológica para compartir prácticas y manejo de casos.

Hasta el momento, la Iniciativa Mérida, que ambos gobierno negociaron en 2008, se ha centrado en la transferencia de equipo y capacitación para enfrentar a los narcotraficantes, pero ahora, según la información, además se enfocará a desarrollar estrategias contra el consumo de drogas.