s innegable que el alza registrada en días recientes en el precio del huevo –hasta de 60 por ciento en algunos puntos del país–, atribuida por las autoridades a un brote de influenza aviar en varias granjas de Jalisco y a acciones de especulación de intermediarios, debería conducir a la adopción de medidas orientadas a proteger a las mayorías de los efectos de esos incrementos. Pero la decisión anunciada ayer por el gobierno federal, de ampliar en 60 por ciento las importaciones de ese producto –es decir, de 132 mil a 211 mil toneladas– dista mucho de representar una solución eficaz, profunda y duradera, y se presenta, en cambio, como mero paliativo, en el mejor de los casos, o como factor de agravamiento del problema, en el peor.
En efecto, el aumento de las importaciones del producto avícola elude el problema principal de la crisis presente, que no es otro que la pérdida de capacidades del Estado mexicano, consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales en vigor, lo cual se expresa con particular crudeza en la ausencia de directrices alimentarias y agropecuarias adecuadas. En un entorno de pleno cumplimiento de la ley –particularmente del mandato constitucional que confiere el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
, y que obliga al Estado a garantizarlo–, las autoridades tendrían que trasladar a los hechos sus advertencias de sanciones en contra de quienes han especulado con los precios del huevo y tendrían, también, que enfocarse a garantizar el abasto de ese producto a la población, así fuera por la vía de los subsidios.
Por el contrario, lejos de ser una solución, el incremento en las importaciones de huevo favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y dañará severamente al sector avícola. La historia reciente del país ha demostrado que la proliferación de importaciones baratas de productos agropecuarios (particularmente extendida a raíz del capítulo correspondiente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), si bien tiende a frenar los precios a corto plazo, a la larga resulta desastrosa para el abasto popular, pues conlleva a la destrucción de los productores nacionales y coloca las necesidades de consumo de la población en los vaivenes del libre mercado internacional. En el caso que se comenta, la apertura de las fronteras al huevo foráneo no corrige, por añadidura, ninguno de los dos fenómenos vinculados a la carestía actual de ese producto –la epidemia de gripe aviar y la especulación– y sí abona a la posibilidad de que sus precios sean controlados, más temprano que tarde, no sólo por los especuladores nacionales, sino también por los extranjeros.
La circunstancia descrita es ilustrativa de la imperiosa necesidad de que el país disponga de una política alimentaria orientada a lograr el abasto del mercado interno y el control de los productos agropecuarios destinados al consumo humano. Ya que las autoridades no han podido, o no han querido, cobrar conciencia de esa importancia, corresponde a la sociedad hacerlo y exigir a las primeras que actúen en consecuencia, pues un país que no controla la calidad y la cantidad de los alimentos que produce y consume termina por colocarse en una situación de precariedad extrema.
