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Los responsabilizan de la crisis en Cajamarca, la cual ha dejado saldo de cinco decesos

Exigen legisladores y políticos peruanos el cese del ministro del Interior y del premier
 
Periódico La Jornada
Sábado 7 de julio de 2012, p. 21

Lima, 6 de julio. Parlamentarios, dirigentes políticos y sociales y la prensa peruana demandaron la salida del gobierno del primer ministro y del titular del Interior, por ser responsables de una crisis social que ha dejado saldo de cinco muertos, 45 heridos y 25 detenidos en la ciudad peruana de Cajamarca.

Bajo estado de excepción y militarizada, la región de Cajamarca, ubicada al norte del país, aparentaba volver a la normalidad este viernes, tras días de protestas contra el proyecto minero Conga, de la companía estadunidense Newmont y de la local Yanacocha.

El proyecto ha sido rechazado principalmente por las comunidades campesinas, las cuales temen que afecte el medio ambiente de la región.

El mayor punto de conflicto es la desaparición de cuatro lagunas, que deberán ser secadas para facilitar la tarea de extraer oro y cobre. A cambio, la minera proyecta construir lagunas que garanticen el abasto de agua.

La región fue declarada en emergencia desde el martes, tras los primeros disturbios, pero las manifestaciones continuaron hasta el jueves, pese a la prohibición de llevarlas a cabo.

No obstante, las protestas violentas amenazaban con reaparecer este viernes, cuando la población desafió el estado de emergencia impuesto desde el martes en la ciudad de Celendín, donde se esperaba una gran manifestación en las marchas fúnebres por los cuatro muertos en esa ciudad por enfrentamientos entre fuerzas del orden y opositores al proyecto minero.

Mientras los habitantes de la región pugnan por recuperar la calma y los comerciantes por volver a la actividad, luego de 30 días de huelgas parciales, la violencia en la región continúa latente. Esperan ver qué actitud adoptará la empresa, tras haber recibido luz verde del gobierno para comenzar las obras.

Los cuestionamientos alcanzaron al primer ministro, Óscar Valdés, quien en diciembre de 2011, cuando asumió el cargo, tenía la misión de resolver con celeridad el conflicto, tras frustrarse un acuerdo de su antecesor, Salomón Lerner.

Los críticos coinciden en que Valdés instrumentó una política de imposición y rechazo a los dirigentes de la protesta. En tanto, el ministro Wilver Calle es considerado ejecutor de la represión, para muchos desproporcionada, de la policía.