Mazatlán de las Flores, Oaxaca, 2004

San Sebastián Teponahuaxtlán

La asamblea dice
no a la minería en
la sierra huichola

José Godoy, Evangelina Robles González, Andrés Barreda y Ramón Vera Herrera

La comunidad indígena de Waut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, logró el reconocimiento de sus bienes comunales en el año de 1954 (240 mil 447 hectáreas) tras una larga lucha protagonizada por un grupo de comuneros entre quienes estuvo el legendario Pedro de Haro, que incluso sufrió cárcel injusta, y hasta la fecha la comunidad no ha podido habitar del todo tranquila en su territorio.

San Sebastián ha resistido siempre a sus vecinos ganaderos mestizos de Puente de Camotlán y Huajimic, y la historia de abusos por parte de los invasores está plagada de asesinatos, quema de casas, ganado echado a las siembras, personas arrastradas con reata desde los caballos y hasta colgados en sus propios árboles. Muchos años el territorio fue devastado por la tala clandestina del bosque y la depredación de los mantos de agua. Sus tierras las erosionó la ganadería y la siembra intensiva y extensiva, al punto de que en las zonas más devastadas hay hundimientos frecuentes, lo que hace del entorno ecológico algo muy frágil. Todo esto fue solapado por políticos y gobiernos locales y estatales que en diferentes momentos de la historia se han coludido permitiendo esta situación.

Entre 1997 y 2004, la comunidad logró recuperar más de 50 mil hectáreas invadidas, favoreciendo a más de dos mil 700 comuneros y sus familias. El propio proceso de litigio y recuperación le dio un enorme giro al proyecto comunitario: se crearon nuevos centros de población, y lograron justicia a favor de localidades y personas que vivían la zozobra de una persecución diaria de los invasores mestizos. Toda la orilla del territorio recuperado bulló de proyectos autogestionarios, salieron del territorio decenas de miles de cabezas de ganado y comuneros y comuneras trabajaban tiendas comunitarias, proyectos de educación propia, recuperación de semillas y técnicas de cuidado del bosque y el agua desde su perspectiva ancestral wixárika.

La principal amenaza directa contra San Sebastián es ahora la prospección y extracción minera, oro, plata y cobre en el sureste del territorio. Avanza la prospección de reservas estratégicas de manganeso en Cerro Prieto, estaño en Cerro Eslabón y oro en Amultita, en el corazón de las tierras de San Sebastián

La asamblea se fortaleció al punto de reunir tres mil personas a discutir y construir su futuro comunitario y familiar, siendo un pilar importante del Congreso Nacional Indígena y defensora firme de la autonomía en los hechos.

En 2001 el Estado mexicano negó tajante el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución. Una legislación autoritaria decretó que los pueblos indios sólo debían ser reconocidos como sujetos de “interés público”, algo casi nulo. Tal reforma potenció la paulatina batería de leyes que desde los ochenta comenzaron el desmantelamiento de la propiedad social y promueven la privatización de los bienes comunes con diversos programas de renta, venta, asociación, “protección” y concesión favor de intereses privados para el despojo y la renovada invasión de los territorios.

La recuperación de las tierras ocurrió justo en los momentos en que el Congreso mexicano aprobaba la contrarreforma indígena y de pronto el conflicto de las asambleas wixárika con los invasores se expresó sobre todo mediante el Programa de Focos Rojos de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución o “indemnización” injustificada a quienes por años se mantuvieron en tierras invadidas con lujo de violencia, y que habían perdido los litigios en los tribunales agrarios. Las Brigadas de Focos Rojos impusieron el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Esto le restó autoridad a los tribunales y afianzó a los caciques.


Oaxaca, Oaxaca, 2004

Uno de los esquemas de las brigadas que más combatieron las asambleas de comuneros wixaritari de entonces fue la idea de que los invasores pudieran irse de a poco —regresar una cantidad de hectáreas, recibir dinero y quedarse hasta otra nueva negociación. Las asambleas siempre alegaron que así los caciques nunca se irían de la región, mantendrían las mejores tierras y tendrían capital para ejercer más poder.

Estos detalles vienen a cuento porque los proyectos de minería que mencionamos más adelante, son justo en esa zona recuperada y no sería de extrañar que en algunos de ellos estuvieran involucrados algunos antiguos invasores de Puente de Camotlán o Huajimic. Ya desde noviembre de 2002, el subsecretario general de gobierno de Nayarit, Héctor Medina, explicaba: “focos rojos pudieran anunciarse en función de que en la sierra nayarita se han detectado por ahí algunos brotes (de violencia), puesto que hay indicios de que en esas zonas hay manganeso. Por ahí hay algunas gentes que han estado atentos a eso y hablan de que la explotación de esas minas pudiera dar la oportunidad de sacar hasta cien tráileres diarios de ese producto”.

Nuevas carreteras atraviesan y segmentan el territorio. Algunos de sus ramales terminan donde se prospecta una mina de oro, como la carretera que va del poblado mestizo de Bolaños a Amultita

Junto con el Programa de Focos Rojos y su esquema perverso de inyección de dinero (que parecía decir, ustedes apláquense y el gobierno resuelve) llegaron las dependencias de gobierno con programas de servicios ambientales y áreas protegidas (sobre todo en el costado oriental del territorio), y una cantidad tan atomizada de proyectos que las mismas asambleas no sabían ni cuál proyecto tomar. Paulatinamente se fragmentaban los esfuerzos y las visiones de la comunidad, aunque en el fondo los wixaritari se mantengan juntos.

El bosque antiguo, sagrado, Maye Niuhue, el corazón de la Sierra, comenzó a malbaratarse. Hasta 2000, San Sebastián resistió la tala y frenó a la empresa Triplay y Maderas del Norte. Pero en 2010 un comisariado de bienes comunales accedió a la deforestación a precios ridículos. Tala del bosque por un lado, pago por servicios ambientales por el otro. La cantidad de represas y las carreteras impuestas en el territorio wixárika más amplio (hay una carretera que cruza todo el territorio huichol, uno de cuyos ramales proyectados —Bolaños-Amultita— llega justo a donde se dice estará emplazada una mina de oro). Los ganaderos y los políticos mestizos de Bolaños y Mezquitic registran ilegalmente mantos de agua y en el aire ronda la minería.

Los últimos dos años el Consejo Regional Wixárika, con las autoridades wixaritari, caminaron varias instancias nacionales e internacionales posibles denunciando la minería en Virikuta, y con engaños las empresas y el gobierno intentaron desmantelar los argumentos y la solidaridad de los pueblos y personas de México y el mundo con esta lucha.

Sin embargo, si ya desde los años setenta uno de los objetivos del Plan Huicot (Plan Huichol-Cora-Tepehuano) era “la explotación de pastizales, de sus ricos bosques y de sus recursos mineros”, hoy el embate de las mineras es implacable. Si a nivel nacional se habla de un 26% del territorio ya concesionado a las mineras, la Sierra Wixárika no está fuera de la mira.

Desde principios de año se empezó a escuchar en Waut+a de agresivas actividades de prospección y extracción minera, sobre todo oro, plata y cobre por cuenta de empresas canadienses en el sureste del territorio. Del avance de la prospección de reservas estratégicas de manganeso en Cerro Prieto, estaño en Cerro Eslabón y oro en Amultita, en el corazón de las tierras de San Sebastián. Si en noviembre de 2002 se hablaba de cien tráileres diarios de manganeso”. Diez años después los prospectores buscan en Cerro Prieto y otros lugares de las zonas recuperadas cómo llevarse esas cantidades.

Importantes terrenos concesionados a mineras se superponen a las pretendidas áreas de conservación en la región wixárika (pero no tocan un metro de las áreas de protección ya privatizadas)

Se habla de promesas de desarrollo y mejoramiento comunitario. Que van a dar 30 millones de pesos para la comunidad, tan sólo por la autorización. Que además habrá diez millones de pesos para que las autoridades del comisariado tengan facilidad para realizar sus trabajos. Que construirán un centro de población (una especie de ciudad rural) cerca de la localidad de San Sebastián para los trabajadores de la mina. Que la minería no sería a cielo abierto por lo que la comunidad ni se enteraría de la existencia de la mina, cuyo impacto ambiental “sería mínimo”. Que habría aun más proyectos y un reparto de beneficios para la comunidad. Cómo y cuánto, nadie sabe.

Desde hace seis meses un grupo de personas que se ostentan como representantes de la minera visitan a comuneros wixaritari en varias localidades con el fin de hacer un diagnostico social y geográfico, además de  convencerlos de las bondades de la mina.

Todo esto se discutió en la asamblea de San Sebastián del 1 al 3 de junio. Después de que innumerables comuneros informaron de las actividades en Cerro Prieto, Eslabón, Amultita y otras localidades, y tras una discusión difícil y fuerte, pero muy aterrizada (y con el trasfondo de la resistencia acumulada contra  la minería en Virikuta), la asamblea general de comuneros, autoridad máxima de la comunidad dijo NO A LA MINERÍA, pese a todas  las promesas que hicieron los representantes de la empresa canadiense.

Alertamos desde aquí a la sociedad civil y a otras comunidades que ya luchan contra la minería para que estén enterados de que los intereses mineros también van por los minerales (metálicos y no metálicos) de la Sierra Huichola

No es un asunto terminado, la asamblea tendrá que ratificar los acuerdos durante los próximos meses, pero alertamos desde aquí a la sociedad civil y a otras comunidades que ya luchan contra la minería para que estén enterados de que los intereses mineros también van por los minerales (metálicos y no metálicos) de la Sierra Huichola.

Lo peor es que todo va junto. Cuando en 2007 la comunidad de Santa Catarina emitió doce razones para negarse a la carretera Amatitán-Huequilla El Alto (carretera que cruzará toda la Sierra Huichola), entre ellas, la comunidad señaló que una carretera propiciaría el saqueo y la explotación y daría facilidad para los proyectos de empresas nacionales y extranjeras “dedicadas a saquear los recursos naturales y explotar a la gente”.