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Rapan a reos de Perú por fugas

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Aspecto de la cárcel de Lurigancho, en PerúFoto La Jornada
L

ima. El director de un penal en Perú ordenó el corte del cabello de todos los reclusos para evitar fugas, mientras que la Defensoría del Pueblo rechazó la medida por considerarla humillante y degradante.

El corte de pelo es para un mejor control y seguridad de los internos, porque hay reos que tratan de aprovechar el pelo largo para fugarse disfrazados de mujeres, dijo a la prensa el coronel de la policía Tomás Garay, director del penal de Lurigancho (este de Lima), una de las cárceles más pobladas de Perú con 7 mil 200 reos.

Garay informó también que algunos presos ingresan en los pabellones del centro de reclusión con aretes, piercings o peinados tipo cresta de gallo, cola de ratón o de lagarto y advirtió que esto no se puede permitir.

Queremos que Lurigancho, que está considerado uno de los penales más peligrosos mundo, pase a ser el más seguro del mundo, señaló Garay. Por ello, doce peluqueros estarán en el penal durante 15 días para cortar el cabello a los reos en los pabellones y patios de la cárcel, agregó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó la medida en un comunicado y recomendó al director del penal que deje sin efecto la decisión por considerarla humillante y degradante, que afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad e integridad física tanto de procesados como de condenados.

José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría, informó en la nota que se le ha pedido a la autoridad del penal la exploración de otras acciones que fortalezcan la seguridad y el control en el penal más grande del país.

Ávila indicó también que la intervención de la Defensoría se debe a un pedido formulado por un grupo de internos del penal que piensa que con la medida se recortan sus libertades.

El responsable de este programa de la Defensoría señaló que la medida podría contribuir a generar estereotipos negativos lo que, a su vez, podría afectar también a la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Afp