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El Movimiento Progresista denunció que el PRI utilizó a las empresas para comprar votos

Arrendador del domicilio reportado por Inizzio y Atama niega existencia de éstas
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El Movimiento Progresista denunció ante el TEPJF irregularidades presuntamente cometidas por el PRI. En la imagen, el magistrado electoral Manuel GonzálezFoto Carlos Cisneros
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de julio de 2012, p. 8

Ni siquiera el administrador del edificio ubicado en Homero 136, en la colonia Polanco, sabía que en ese inmueble operan las empresas Inizzio y Atama, señaladas por el Movimiento Progresista de ser vehículos para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahorita me voy enterando de que supuestamente aquí están esas empresas, señaló Daniel Sánchez Salinas, quien se encarga de elaborar los contratos para los inquilinos del inmueble.

En entrevista, el administrador afirmó que el despacho mil cuatro se renta desde hace años a la doctora María del Rocío Lozada Neyra, quien tiene un consultorio dental ahí.

No obstante, según una investigación periodística elaborada por el equipo de Carmen Aristegui, Lozada Neyra es hermana de José Luis Lozada Neyra, quien con el alias de Alejandro Jaén Pérez Lizárraga aparece como socio de Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama.

La Jornada se presentó en el inmueble buscando hablar con los representantes de Grupo Comercial Inizzio, SA de CV, el cual, de acuerdo con la denuncia presentada por el Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene su domicilio fiscal en Homero 136.

Según el mismo documento, entre abril y junio de 2012 dicha empresa compró 9 mil 924 tarjetas de prepago con costo de 130 mil 423 pesos y pagó 46 millones 179 mil pesos por ponerles saldo (según las facturas fiscales de Banca Monex que presentó la izquierda), mismas que presumiblemente después fueron distribuidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cambio de votos en favor de su candidato.

La única persona que salió a atender la solicitud de información fue Javier Vargas Romero, quien dijo ser empleado de Comercializadora Atama, otra de las empresas presuntamente involucradas en la triangulación de fondos a la campaña priísta.

De acuerdo con los documentos que el Movimiento Progresista presentó al TEPJF, Comercializadora Atama tiene su domicilio fiscal en Paseo de la Reforma número 15, colonia Tabacalera. Sin embargo, en un recorrido por el lugar nunca se localizó el inmueble porque la numeración de dicha calle salta del número uno al 19 sin edificios intermedios.

Por medio de dicha compañía se habrían realizado 16 depósitos en firme (operación bancaria por la cual los fondos quedan a disposición inmediata del cuentahabiente) por un monto de 13 millones 986 mil 167 pesos a la cuenta de Monex, a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios del banco Santander.

Vargas Romero aseguró que el domicilio fiscal de Grupo Atama es el mismo que el de Inizzio, pero se negó a proporcionar cualquier información sobre sus representantes legales, de los que dijo desconocer sus nombres.

Pese a la negativa de acceder a una entrevista, La Jornada pudo conversar con la doctora María del Rocío Lozada Neyra cuando ésta salió a comer.

Si bien confirmó que efectivamente rentaba un espacio dentro de su consultorio a ambas compañías, rechazó dar cualquier información y negó ser hermana de José Luis Lozada Neyra. Yo sólo tapo dientes, señaló.

El administrador del edificio detalló que el espacio del consultorio (al que no se permitió el acceso a este medio) no abarca más de 25 metros cuadrados, por lo que descartó que existan otras empresas en el mismo lugar.

Ella sí trabaja, ¿eh? A mí me ha tapado muelas. De que es doctora y de que el consultorio se usa para eso, sí. Ahora, yo no sé si a lo mejor quiso ayudar rentándole un espacio a estos señores o algo, la verdad no lo sé, dijo Sánchez Salinas, quien consideró que Lozada Neyra incurriría en un delito si subarrienda el espacio.