l sistema de poder en México ha decretado el cierre de filas ante los que define como golpeadores sin destino ni utilidad. Las astillas que le viene clavando la coalición progresista a la alegada limpieza y legitimidad de la elección rebasaron el angosto límite de su tolerancia. Los patrones consideran que las agresiones a Soriana, por la cual se rasgan las vestiduras para defenderla con desplegados, justifican su alarma. Es imperativo, dicen, retornar al orden y que sea de inmediato. La nación –de la que sin duda podrían adjudicarse la propiedad– no tiene tiempo que perder. Alentar un clima de intemperancia no se empareja, afirman sin dubitaciones, con el estado de derecho. Este clima, en cambio, es improcedente e injustificable camino, asientan en su lacónico desplegado los regidores de las cúpulas empresariales.

La escuálida opinocracia y los mismos medios de comunicación que la aúpan y le imponen conservadores patrones de conducta y libertades, son reflejo fiel de ese ambiente que se intuye dominante en los círculos donde moran las élites del país. La continuidad no puede quedar sujeta al inclemente griterío desatado desde las izquierdas, exclaman indignados. Las pruebas presentadas ante el IFE y otras instancias, los razonamientos empleados en la difusión cotidiana de las izquierdas, no asientan palmariamente y sin dejo de dudas la invalidez de la pasada elección. Son, escriben y dicen los que se han tomado el trabajo de escrudiñar al menos algo de tales expedientes, un conjunto deshilachado de suposiciones, recortes de prensa y datos inconexos.

En el campo de los inconformes protestantes, sin embargo, las ilegalidades cometidas por los priístas han ido surgiendo de manera consistente y apuntan, sin equívocos que valgan distracciones, a un proceso manoseado, turbio, ejecutado con rudas prácticas abusivas. Las denuncias contienen, a su parecer –y el de ciertamente ahora ya millones de mexicanos más–, demasiados indicios, datos duros, documentos concisos y un inocultable entramado que apunta hacia la intentona de comprar, con miles de millones de pesos ensartados en una trama corrupta, la Presidencia de la República.

No más contemplaciones con los rebeldes, con los malos perdedores, con los que, paso a paso, hacen el ridículo con sus denuncias sin fundamento, es, sin ambages, la audible resonancia que truena en el espacio público. Sobre todo en ese espacio que, como bien se sabe, está sujeto a controles y al manipuleo distorsionador de difusores y sus personeros: una aceitada ralea que plaga el aparato de comunicación nacional. Los anatemas circulan sin tapujos en los medios y las condenas caen sin miramientos sobre el rebelde perdedor. No faltan los insultos dirigidos contra quien se resiste a reconocer lo que para otros es ya un hecho consumado: E. Peña Nieto, presidente electo. Sentencia que, anticipan enterados con dominio del escenario político, se decretará antes de la fecha límite fijada al TEPJF.

Ya hay, por tanto, hasta quienes empiezan a recomendarle a EPN acciones drásticas a corto plazo para su feliz entronización. Le piden que, a semejanza de lo que otros titulares del Ejecutivo han hecho, elija sus propios paganos. Lanzar, apenas se siente en La silla y ocupe Los Pinos, las centellas y dictados a su alcance. Hay prisa por asomar el peso de la mano, la autoridad, mostrar la capacidad de mando, esa férrea y displicente utilización de los instrumentos mal llamados legitimadores. La ciudadanía responsable sabrá aquilatar tales valentías, le dicen, concluyendo así sus asesorías interesadas.

Al margen de lo dicho y escrito hasta ahora prevalece un hecho en extremo inquietante: la cuenta del gobierno del Edomex en Scotiabank, mostrada como evidencia superveniente de ilícitos por la coalición de izquierda. Reconocida por el mismo gobernador Eruviel Ávila, se aseguró, como descargo, ser útil vehículo para invertir ingresos propios. Es difícil, si no imposible, sin embargo, aceptar tal procedimiento para rellenar el propósito revelado. Trasladar recursos masivos de una cuenta de Bancomer (cuya titularidad es también del gobierno del Edomex) en enormes cantidades (8 mil millones de pesos) y después, casi de inmediato, sacarlo en efectivo es, a todas luces, un tratamiento bajo sospecha. ¿Por qué se extraen, en tiempos electorales álgidos, tales sumas en billetes que, piensan, no dejarán rastro? ¿Adónde fueron a dar, finalmente, tan grandes cantidades? ¿Cuál es la norma que permite a los funcionarios mexiquenses esa práctica? Pero las que parecen quedar en un callejón sin salida son las preguntas dirigidas a otras autoridades. Por ejemplo, a la SHCP, con su presumida área de inteligencia financiera, que pasa de largo ante una irregularidad de ese tamaño sin armar gran escándalo. Del Cisen hay ya poco que esperar aunque la materia es de seguridad nacional; lo mismo se predicaría de la ineficiencia de la PGR y sus derivaciones subordinadas. En el Congreso local y su cuerpo de auditoría, ¿qué opinan? La poco célebre Comisión Bancaria y de Valores, ¿tuvo al menos algún indicio de tan voluminosos trasiegos bancarios en efectivo? Ocho mil millones de pesos sin duda son un grueso porcentaje del presupuesto del Edomex, cuyas huellas al parecer ¿se disolvieron en sólo unos cuatro o cinco meses? Se conoce que, tan pronto como se registraban las varias transferencias bancarias, los recursos se sacaban de inmediato, como se ha dicho, en efectivo: a veces 100, otras 200 o más millones y ¿no dejaron huellas? Se requirió, con seguridad, un carrusel de transportes para tanto papel. Pero nadie, salvo la revista Proceso, ha puesto el dedo en ese particular renglón de transferencias en efectivo. Los demás críticos, analistas, articulistas (suscritos a la opinocracia), que tan proclives se muestran hoy en día como seguidores rigurosos del proceso bajo impugnación, no han pronunciado palabra alguna al respecto. Todos, al unísono llamado de sus patrocinadores, se concentran en apremiar al rebelde a ir por el camino correcto, por la negociación y la modernidad. Conciliar un sistema que permite el uso dispendioso, discrecional e impune de los recursos públicos con la vida democrática es, al parecer, fútil tarea.