El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sacrificó la transparencia que debe caracterizar a un sistema de justicia penal adversarial y de juicios orales a cambio de estrictas medidas de seguridad en sus edificios de juzgados y tribunales, las cuales prácticamente impiden hacer su trabajo a los reporteros que cubren las actividades de los juzgadores.

Mediante el acuerdo del pleno de la Judicatura 23/2012, publicado por el órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial Federal (PJF), el último día de agosto pasado el CJF determinó implantar disposiciones encaminadas a garantizar la seguridad de jueces y magistrados, entre ellas las que estipula el artículo 18 de dicho acuerdo, el cual impide el libre acceso y estancia de periodistas y representantes de los medios de comunicación en las instalaciones de los juzgados de distrito y tribunales de circuito.

El ingreso y estancia de los medios de comunicación en las instalaciones requerirá la autorización previa de la Dirección General de Comunicación Social, la cual, en todo caso, deberá dar aviso a la Coordinación de Seguridad, a efecto de que se apliquen los protocolos o manuales correspondientes, señala el acuerdo, del que La Jornada tiene copia.

La medida sólo se aplica a juzgados de distrito y tribunales de circuito, mas no a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aviso a Comunicación Social

A partir de esa medida, adoptada por unanimidad, cada vez que un comunicador quiera buscar una entrevista oficial o acercarse a una plática informal con algún juzgador federal deberá dar aviso forzosamente al director general de Comunicación Social, Carlos Avilés Allende, quien hasta hace dos años era un experimentado reportero asignado a cubrir las actividades de la SCJN, para poder realizar su labor.

Antes de ese acuerdo los comunicadores eran recibidos por los titulares de los órganos jurisdiccionales, sin necesidad de que los funcionarios de Comunicación Social del CJF tuvieran que enterarse de los encuentros.

Es una manera legal de mantenernos controlados (a los jueces) y evitar que podamos relacionarnos libremente con algún medio de comunicación; también es una manera de limitarles (a los comunicadores) su derecho constitucional a la información, dijo ayer a La Jornada el magistrado de un tribunal colegiado de circuito que pidió no mencionar su nombre por temor a represalias del CJF.

En el mismo sentido, un juez de procesos penales federales, quien también solicitó el anonimato, comentó que funcionarios de Comunicación Social de la Judicatura han recomendado a los juzgadores que no reciban en sus oficinas a reporteros si no hay autorización previa de esa instancia del CJF.

Este diario buscó a Carlos Avilés para que comentara su punto de vista sobre el acuerdo de la Judicatura, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Según consta en el acuerdo del CJF, el considerando quinto refiere que “el clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país genera la necesidad de cambiar sustancialmente la forma de ‘estar’, ‘transitar’ y ‘convivir’ en la sociedad, y de fortalecer las medidas de seguridad en los inmuebles públicos.

Ante esas circunstancias los inmuebles que ocupan los titulares de los órganos jurisdiccionales y el CJF, en su calidad de instalaciones estratégicas dada la función de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en los que se asienta uno de los poderes de la Federación, requiere un nuevo diseño y fortalecer el plan estratégico de seguridad institucional, acorde con las condiciones actuales del incremento de la criminalidad y la transformación creciente de los órganos jurisdiccionales y del CJF, por lo que es necesario fijar un nuevo marco normativo que responda a esos cambios sociales, puntualiza el considerando.

El 27 de septiembre de 2010, durante una conferencia de prensa efectuada en México, dos jueces federales de Estados Unidos, quienes se reunieron en México con integrantes del CJF, aseguraron que los llamados jueces sin rostro, que han utilizado países con problemas graves de crimen organizado, no son compatibles con la transparencia que debe caracterizar a un sistema penal de juicios orales, como el que adoptó México desde junio de 2008, tras una importante reforma constitucional.

Charles R. Simpson, juez de la corte de distrito en el oeste de Kentucky, sostuvo ese día que la seguridad de los jueces es importante, pero la transparencia también.