La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incumplido con la entrega de reportes mensuales sobre los resultados en cuanto a destrucción de plantíos ilícitos con naves de la Procuraduría General de la República (PGR), por esa razón, esta última dependencia analiza si renueva o cancela el trato mediante el cual le cedió, desde diciembre de 2006, helicópteros y aviones Cessna para fumigar plantíos de mariguana y amapola.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que el convenio suscrito obliga a la PGR a pagar los seguros de esas aeronaves, el salario de los pilotos, a entregar instalaciones –como talleres y hangares– y a costear las reparaciones, por lo que la Sedena únicamente se encarga del costo del combustible que se utiliza en las operaciones aéreas.

La situación es considerada una desventaja por la institución que dirige Marisela Morales, y por ello la PGR buscará que, de concretarse un nuevo acuerdo con la Secretaría de la Defensa, las naves y sus costos sean transferidos a la institución castrense; de lo contrario, los helicópteros y aviones retornarán a manos del Ministerio Público Federal.

En diciembre de 2006, la PGR entregó a la Sedena el siguiente equipo y material: 58 aeronaves, 24 autotanques, 76 vehículos, 8 mil 219 piezas de mobiliario y equipo de oficina, 74 mil 385 litros de herbicida, así como 590 mil partes y refacciones de aeronaves.

Asimismo, a través de la Dirección General de Servicios Aéreos, la PGR ha pagado el salario de 25 pilotos que entrenarían a los militares en tareas de fumigación de cultivos ilícitos, ya que hasta la fecha de la transferencia la procuraduría era la encargada de destruir estos sembradíos de droga en el país mediante sistemas de fumigación aérea.

Las fuentes consultadas por este diario revelaron que uno de los puntos que se acordaron en 2006 entre ambas instituciones consistió en la entrega de informes mensuales de los logros que la milicia obtenía con la utilización de las aeronaves, ya que ello permitiría estimar los beneficios de la transferencia. Sin embargo, señalaron los entrevistados, el Ministerio Público Federal no cuenta con ningún reporte y por ello se analizará si es conveniente renovar el acuerdo.

El vencimiento de este convenio de colaboración coincidió con la suspensión total de operaciones áereas de la PGR, tras el inicio de una auditoría que puso al descubierto una red de corrupción dentro de la Dirección General de Servicios Aéreos.