Chiapas

De cómo los “pobres”
se convierten en clientes

Dolores Camacho V. Investigadora de la UNAM (Proimmse-IIA) [email protected]

FOTO: Dolores Camacho Velázquez

En la inauguración de Nuevo Juan de Grijalva, las dos principales cadenas de televisión mexicana afirmaban que los campesinos beneficiados ahora sí tendrían acceso a salud, educación y trabajo digno, entre otros beneficios. Ello, sin reparar un instante que la mayoría de los campesinos estaban satisfechos con su vida anterior, habitando casas sencillas pero amplias; en medio de terrenos con árboles frutales propios del lugar; criando animales para alimentarse, y muy cerca de los terrenos de labranza, donde cultivaban lo necesario para comer y vender para satisfacer otras necesidades. Ahí los niños tenían escuelas; faltaban apoyos pero vivían bien.

Como dice una habitante de la región: “Así éramos libres porque producíamos todo para comer, hay muchas hierbas que se comen en el campo, teníamos animales en los patios. De hambre no nos quejamos, pero aquí sólo hay tierra y tiendas para comprar, todo se tiene que comprar” (enero 2011).

Estas reflexiones surgen porque la “ciudad nueva” no tiene vida, los proyectos de invernadero no funcionaron y los hombres han tenido que volver a trabajar las tierras abandonadas o se van a otras regiones del estado u otros estados. Las clínicas, como comentaba una persona entrevistada, no tienen medicamentos ni equipos; las casas están mal hechas, porque fueron elaboradas con material no adecuado para la zona. Los anuncios oficiales son rebasados por la realidad, y sólo han pasado dos años. La mayoría de las personas dice: “las ciudad se ve bonita y una casa no la despreciamos pero no se puede vivir así en el campo” (enero 2011).

Estas opiniones dan idea del fracaso de la estrategia de reorganización poblacional, pero aun así el gobierno del estado ha mantenido su entusiasmo por el proyecto, desestima las voces críticas y derrocha recursos para invitar a periodistas a recorridos por la maravillosa ciudad rural, para continuar con la promoción.

El proyecto de ciudades rurales sustentables tiene como objetivos explícitos combatir la dispersión, promover el desarrollo regional y evitar los riesgos medioambientales, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, en la mayoría de los casos los resultados parecen ser opuestos: son diseños con costos muy elevados; los proyectos productivos son ineficaces y no hay elementos que permitan suponer sustentabilidad en ellos. Las personas que están habitando Nuevo Juan de Grijalva tienen mejores ideas de cómo pudieron enfrentar su situación sin caer en los niveles de dependencia que ahora experimentan. Estas casi 500 familias, que hasta hace algunos años eran autosuficientes, ahora son dependientes del mercado y de los apoyos gubernamentales, es decir están en condiciones de fragilidad social a pesar de que cuentan con casas con todos los servicios básicos.

La ciudad rural Santiago El Pinar se construyó en el municipio del mismo nombre considerado uno de los de menor desarrollo humano de México; se pretende elevar ese índice con esta unidad habitacional que cuenta con todos los servicios y se ubica sobre terreno cerril. Oficialmente, cada vivienda es de seis por siete metros y cuenta con material pre-construido. Un arquitecto encargado de una parte de la obra, al ser cuestionado, respondió que efectivamente el terreno no es el apropiado y el tipo de construcción tampoco; es una tecnología holandesa que, aunque se anuncia con una durabilidad de 50 años, no parece que pueda pasar las pruebas climatológicas (8 de enero del 2011).

Los beneficiados son familias que tienen más de cinco miembros y no pretenden vivir ahí porque consideran que esas casas no son para la vida rural; se están llevando tinacos y muebles de baño a sus casas que tienen en la cabecera municipal o a su comunidad.

¿Qué sentido tiene elevar los índices de desarrollo humano sin sustento real? Ante las altas inversiones en las construcciones uno se pregunta: ¿qué objetivos implícitos contienen estos proyectos?

La participación de la filantropía empresarial hace dudar de la bondad del proyecto. Es notorio que tras el apoyo de Fundación Azteca está un plan de expansión empresarial, dada la instalación de sucursales de Elektra y Banco Azteca que, otorgando créditos con intereses enormes y pagos chiquitos, mantiene en condición de clientes a los campesinos antes autosuficientes.

FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales Sustentables, Puebla, 02-09-2011

La resistencia puede permitir la modificación de los proyectos de política pública de los gobiernos, como se deduce en la experiencia de la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata. Ahí los grupos afectados se organizaron y exigieron participar en la planeación y construcción de su ciudad rural y después de múltiples manifestaciones lo lograron. Sin embargo, sus líderes fueron encarcelados acusados de fraude, y ellos a su vez acusaron a los funcionarios de gobierno de tenderles una trampa para que el proyecto no prosperara.

Una cosa es cierta, mientras esos proyectos no contengan la participación de los beneficiarios en el diseño, la planeación y el desarrollo, seguirán siendo fracasos y fuentes de conflicto. Los comentarios de los afectados y lo que se puede observar permiten deducir que esta política de reubicación contiene una estrategia de expansión del mercado, pero también una estrategia de control social de los grupos marginados, porque en centros de población que dependen del mercado y de los proyectos gubernamentales para sobrevivir, es prácticamente imposible la organización y la resistencia.

Chiapas

Ahora somos otros,
pero recordamos de dónde vinimos

FOTO: Oriana Eliçabe

Marina Alonso Bolaños [email protected]

Por más esfuerzos que el gobierno chiapaneco hizo por concentrar y retener a los damnificados en varios albergues, la dispersión de la población zoque de las localidades devastadas por la erupción de El Chichonal en 1982, era extraordinaria. Muchas personas huyeron hacia diferentes puntos del noroeste de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Otros zoques regresaron a los lugares de origen en las zonas menos afectadas y algunos grupos exigieron la creación de colonias agrícolas en sus mismos municipios y actuaron en consecuencia. Pero la mayoría de los indígenas que perdió familiares y bienes (viviendas, milpas y animales) esperó durante varios meses su reacomodo, resguardada en los albergues.

La erupción evidenció la vulnerabilidad de la población de la región –dada su condición de marginación y pobreza– ante el riesgo que implicaba la cercanía del volcán. Empero, los zoques no sólo fueron víctimas de El Chichonal, sino también de la intervención caótica de los diferentes organismos gubernamentales por la respuesta tardía y por las acciones improvisadas de éstos frente al fenómeno natural y sus múltiples consecuencias sociales. Una de estas acciones fue el plan de reacomodo de la población damnificada en nuevos asentamientos.

Alrededor de tres mil 500 familias zoques fueron reubicadas en poco menos de una veintena de localidades en terrenos adquiridos por el gobierno de Chiapas en los municipios con presencia de población hablante del idioma zoque: Rayón, Tecpatán, Ostuacán, Pichucalco, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Juárez y Ocosingo. En estos lugares se restituyeron cerca de 16 mil 647 hectáreas de tierras a que tenían derecho legal los ejidatarios zoques desplazados. Con los reacomodos se pretendía que, además de garantizar el bienestar a la población indígena afectada, se impulsaran actividades económicas como la ganadería y el cultivo del café. Por su parte, se esperaba una mejora de los suelos para la siembra de maíz en las zonas cercanas al volcán y se fomentó el uso de fertilizantes. Pero los suelos no se recuperaron, una parte de éstos se convirtió en zacatal y se dedicó a la pastura del ganado. Para los zoques fue indispensable –aún más que antes de la erupción– la obtención de recursos del trabajo asalariado, por lo cual muchos migraron para emplearse.

La diáspora de los zoques y la creación de asentamientos alejados de sus municipios históricos fueron consecuencias brutales de la erupción. Los grupos afectados han sabido sobreponerse gracias a la emergencia de nuevas formas de organización social y a la recreación de mecanismos culturales que han otorgado sentido a su devenir. Pero el reacomodo en la Selva Lacandona es el caso más dramático por el tinte violento que ha tomado y porque a la fecha no ha sido resuelto. En 1991, tras muchos años de cumplir con trámites y solicitudes, los ejidatarios zoques recibieron la titulación de tierras de su asentamiento en Ocosingo.

Más tarde, la Comunidad Lacandona, integrada por comuneros de diverso origen etnolingüístico, principalmente lacandón (beneficiaria de 614 mil 321 hectáreas otorgadas por el expresidente Luis Echeverría en 1972), determinó que cien mil hectáreas pertenecientes a su comunidad estaban ocupadas por grupos externos –entre ellos, los zoques– y exigió su restitución. Servidores de la Secretaría de la Reforma Agraria atribuyeron el problema a la imprecisión de los sistemas de medición de décadas anteriores (incluso a la dificultad del entorno natural para la agrimensura) y a que en ningún documento se especificaban las colindancias o amojonamiento de los bienes comunales. Sea el motivo que fuere, lo cierto es que no fue la única ni la primera vez en esta macro-región, que se otorgaban dos veces las mismas tierras a diferentes beneficiarios.

Finalmente, otros reacomodos de damnificados alentaron los conflictos existentes o bien dieron lugar a nuevas disputas. Me refiero a localidades de los municipios aledaños al volcán, Chapultenango y Rayón, donde campesinos zoques demandaron la atención del gobierno estatal para la solución de los tantos asuntos agrarios disputados entre las propias familias de ejidatarios zoques –aún sin resolverse– derivados del reacomodo y de la dotación de tierras. Recientemente, una variable adicional parece ensombrecer cualquier indicio de posible solución: se trata de la ocupación sigilosa de tierras zoques por tzotziles provenientes de Los Altos de Chiapas.