Número 195
Jueves 4 de Octubre
de 2012


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

De nueva cuenta, la soberbia y el autoritarismo del director del Censida, José Antonio Izazola, entorpece la puesta en marcha de una medida que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, busca optimizar el uso de los recursos públicos en el tratamiento de la infección por el VIH. Y de nueva cuenta sus superiores se ven obligados a rectificar y aclarar públicamente lo expresado por Izazola en una carta enviada a todos los Programas Estatales de VIH/Sida donde amenaza con suspender la entrega de medicamentos a aquellos que no se ajusten a los "lineamientos para el uso de los recursos públicos en la aplicación de la Guía de Manejo ARV de las personas
con VIH".
Lo peor es que tal amenaza se sustenta en información clínica insuficiente debido a las fallas del sistema electrónico SALVAR, diseñado para monitorear a los pacientes bajo tratamiento.
La torpeza política de este funcionario crea, de nuevo, conflictos innecesarios. No hay razón para oponerse a la aplicación de la guía de manejo de medicamentos antirretrovirales, pero anteponer el criterio económico para impulsarla, provoca necesariamente oposición. Cuidar la salud de las finanzas públicas no puede ser el objetivo de una guía médica. El criterio que debe prevalecer en la prescripción médica de los tratamientos es el mayor beneficio terapéutico posible. Si se busca poner orden al respecto, se deben buscar mecanismos que no perjudiquen al paciente. Las amenazas de suspensión sólo ponen en riesgo la salud de las personas.

S U B I R