n las observaciones finales de la quincuagésima segunda sesión del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (Cedaw, por sus siglas en inglés), realizada en julio de este año, se puso de manifiesto la persistencia de la trata de mujeres en México. En sus recomendaciones señaló, entre otras cosas, la urgencia de hacer una asignación adecuada de recursos para garantizar la aplicabilidad de la actual ley en la materia, y recopilar sistemáticamente datos desglosados y análisis sobre la trata de mujeres. Todo ello con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y castigo de los delincuentes, así como de recuperación y rehabilitación de las víctimas.

Estas recomendaciones al Estado mexicano deben ser igualmente tomadas en cuenta por los gobiernos estatales de toda la República, sobre todo por aquellos que tienen un alto índice de trata de personas, ya sea porque son estados de origen, de tránsito o de explotación. Uno de estos estados es Tlaxcala, reconocido nacional e internacionalmente por la operación de sus redes nacionales e internacionales de trata.

Es también de los pocos estados en los que desde hace años ha existido una permanente participación ciudadana para exigir que las autoridades cumplan con su deber de garantizar que las mujeres vivan libres de la explotación sexual.

Ha sido en efecto la insistencia ciudadana, y no tanto el compromiso político de los gobiernos en turno, la que ha llevado a generar marcos legislativos y de política pública que obligan al gobierno local a realizar las acciones que el comité Cedaw está indicando como urgentes en México.

Desde 2005 se generó en ese estado un proceso de articulación contra la trata entre diversos actores sociales locales, así como de respaldo de organizaciones a escala nacional, entre las que destaca la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y a partir de entonces hemos sido testigos de cómo se ha tenido que reconocer públicamente la existencia de ese problema, aunque a la fecha los resultados de las acciones emprendidas por el gobierno son los menos.

El mes pasado se presentaron dos informes que revelan la persistencia de las redes tlaxcaltecas en el país y en Estados Unidos. Por una parte está el informe realizado por el Urban Justice Center, con sede en Nueva York, titulado en inglés The road north: the role of gender, poverty and violence in trafficking from México to the US (La ruta del norte: el papel del género, la pobreza y la violencia en el tráfico de México a EU), que reveló que de 34 sobrevivientes de explotación sexual en esa ciudad, 14 eran del estado de Puebla, seis de Tlaxcala, cinco del estado de México, cuatro de Veracruz, dos de Guerrero y una de los estados de Oaxaca, Jalisco y Tabasco. La mayoría de esas mujeres comenzaron a ser explotadas cuando tenían entre 15 y 18 años. Y respecto a los tratantes, la información reveló que una abrumadora mayoría, 19 de ellos, eran del estado de Tlaxcala, seis del estado de Puebla y uno del Distrito Federal.

Este informe, sin embargo, únicamente refleja una pequeña parte de la operación de las redes tlaxcaltecas, pues, según datos de organismos civiles en el estado de Tlaxcala, las mujeres que estas redes captan en 17 estados de la República, entre ellos el mismo Tlaxcala, aunque también Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Guadalajara, Sinaloa, estado de México y Querétaro, son explotadas en por lo menos las siguientes entidades federativas: Distrito Federal, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca y Guanajuato, así como en las siguientes ciudades de Estados Unidos: Nueva York (Queens), Miami, Houston y Chicago. Como fruto de la participación social, el 30 de septiembre del año pasado el gobierno de Tlaxcala aprobó la que llamó Estrategia estatal contra la trata de personas, y en marzo de este año el Plan sexenal contra la trata, que complementa la estrategia. Sin embargo, a un año de la aprobación de ésta, los resultados que se han alcanzado son mínimos.

No existe hasta ahora ninguna campaña estatal que prevenga a las mujeres, particularmente a las jóvenes, sobre el riesgo de ser tratadas, sobre la forma en que las pueden enganchar, y qué hacer si conocen a alguien en situación de explotación. Tampoco existen procesos de sensibilización entre la infancia y la adolescencia para formar masculinidades alternas, equitativas y democráticas.

No se cuenta con un refugio que proteja a las víctimas, a sus hijos e hijas, y el número de sentencias es muy limitado. Apenas dos, cuando en este periodo de gobierno, encabezado por el priísta Mariano González Zarur, la procuraduría estatal tiene más de 120 denuncias. Urge que el gobierno de Tlaxcala en sus tres poderes, en respuesta no sólo a recomendaciones de organismos como el comité de la Cedaw, sino a la exigencia ciudadana, y fundamentalmente a una realidad innegable de explotación de las mujeres, fortalezcan los recursos destinados a la implementación de sus leyes y programas contra la trata de personas, con el fin de que sus instituciones realmente tengan la capacidad de combatirla. Urge que den verdaderos resultados frente a este delito, y no simulen un falso compromiso. De lo contrario seguirán siendo responsables y cómplices de la persistencia de estas redes.