México persiste como una nación profundamente desigual no sólo en materia económica sino de trato (discriminación), en donde el Estado no multiplica las oportunidades. En cambio, continúa la grave violación a los derechos humanos, particularmente en la impartición de justicia.

Lo anterior es parte de las conclusiones del Reporte sobre la discriminación en México 2012, informe multidisciplinario coordinado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El texto, sustentado en las aportaciones de una veintena de especialistas, advierte que la imparcialidad se ubique todavía en el conjunto del sistema penal, cuyos rezagos se evidencian en abundantes casos de desapariciones forzadas producto del crimen organizado, secuestros irresueltos así como víctimas y presuntos delincuentes que terminan, los unos y los otros, siendo tratados con discriminación por las autoridades responsables.

En un estado de vulnerabilidad mayor, y grave, se encuentran los homosexuales, cuyas historias de maltrato frente al aparato de justicia son alarmantes.

Continúa también la debilidad de la defensoría de oficio, la sobrepoblación de las cárceles y el control de éstas por grupos criminales, por lo que estos lugares son máquinas pedagógicas para quienes ingresan a ellas no puedan nunca más escaparse de la marginación y la ilegalidad.

Consultado al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que ese era precisamente el objetivo del gobierno federal: contar con un diagnóstico que, en este contexto, demuestre que es necesario acelerar la implementación del sistema de justicia penal.

En el capítulo dedicado a la discriminación en el mundo del trabajo, se alerta que lo grave de la situación es que al menos seis de cada 10 trabajadores mexicanos se hallan en el sector informal de la economía, lo que deja a más de la mitad de la población en edad de trabajar excluida de los derechos básicos.

Además, de esta desigualdad económica está el déficit democrático en los sindicatos y en la administración de justicia laboral. De este punto, el titular del Conapred, Ricardo Bucio, opinó que los cambios a la Ley Federal de Trabajo aprobados en el Senado excluye aún a unos sectores de la población como los jóvenes, personas con discapacidad e incluso trabajadoras del hogar.

En el caso específico del trato, nuestro país es una región en donde el color de la piel, el aspecto físico, la lengua y el origen étnico son marcadores que alejan de la posibilidad de obtener un empleo bien pagado, por ejemplo.

En el ámbito social, el análisis subraya la debilidad y omisión del Estado: “cuando la educación impartida por el Estado no multiplica las oportunidades, cuando la salud es un derecho ejercido por unos cuantos, cuando los tribunales juzgan en función de la apariencia física, la clase social o la edad, cuando el mercado de trabajo deja fuera de la formalidad en el empleo a ocho de cada 10 jóvenes, cuando las y los indígenas del país son siempre los grandes perdedores, cuando ocho de cada 10 personas adultas no tienen acceso al sistema financiero tradicional…

En fin, cuando la sociedad mexicana sostiene un cierre social sistemático para excluir a la mayoría, el problema de desigualdad deja de ser sólo económico para convertirse en un fenómeno más grave.

A la presentación del mismo no acudió nadie del equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto; se dijo que la coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia de este grupo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, inscrita como oradora en el programa, canceló de último momento su asistencia.

En su turno, el ministro Arturo Zaldívar dijo que falta mucho para que permeen –en todo el sistema penal– los criterios de este tribunal constitucional.

En la Suprema Corte nos hemos tomado muy en serio el tema de los derechos, más allá del discurso porque el discurso de los derechos humanos se nos ha dado muy bien en México desde siempre, lo que nos falla es la realidad de los derechos humanos, señaló.