Como parte del programa de restructuración de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), la Procuraduría General de la República (PGR) notificó el despido a 150 de los 780 empleados de esa área por no acreditar, supuestamente, los exámenes de confianza.

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional y empleados de la PGR revelaron que desde las nueve de la mañana arribaron notificadores a todas las bases de la PGR y una hora más tarde los trabajadores a los que debían comunicarles de su baja fueron llamados uno por uno a las áreas administrativas y tras pedirles que se identificaran con su gafete institucional, les entregaban el escrito de cese y les pedían la entrega formal de todo lo que estuviera bajo su resguardo.

Es terrorismo laboral. Un día nos hacen sorpresivos interrogatorios y otro hacen notificaciones de despido sin presencia de abogados ni posibilidad de defensa. Hoy fueron despedidos servidores públicos de todos los niveles, desde secretarias hasta pilotos, técnicos y mecánicos, señalaron trabajadores entrevistados en la llamada Base México.

El pasado 7 de septiembre La Jornada dio a conocer en exclusiva que la PGR había descubierto una red de corrupción y por ello la procuradora general, Marisela Morales Ibáñez, ordenó una auditoría operativa y administrativa, y que se suspendieran todas las operaciones, pues las irregularidades con que se movilizaba la flota puso en riesgo a funcionarios, personas detenidas y a la aviación, ya que en cualquier momento pudo ocurrir un percance de gran magnitud, de acuerdo con la información obtenida de funcionarios y documentos federales.

La titular de la PGR informó al Gabinete de Seguridad Nacional del estado que guardaba la DGSA, y ante las necesidades para el traslado de personas, entre servidores públicos y presuntos delincuentes detenidos, así como de materiales y suministros, las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal prestaron naves a la PGR. Independientemente de ello, la institución ministerial ha contratado en esquema de renta ocho aeronaves, cinco con una empresa con sede en Saltillo, y tres con base en Estados Unidos.

Las notificaciones de despido se realizaron en momentos en los cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf) está tomando declaraciones ministeriales a todos los empleados, como parte de la integración de una indagatoria de tipo penal por diversos delitos cometidos por servidores públicos, y también están en integración más de 300 procedimientos de tipo administrativo por la no comprobación de viáticos, por montos que llegan hasta los 200 mil pesos.

Los notificadores se presentaron en la bases México, Hermosillo, Cuernavaca, Tapachula, Guerrero, Guadalajara, Chihuahua y Culiacán.

Como informó este diario, según fuentes oficiales, la plantilla de la DGSA se reducirá en 25 por ciento debido al número de los que habrían reprobado alguna de las prueba de confianza que están integradas por exámenes toxicológicos, médicos, de entorno social, sicológicos y físicos.