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El 6 de noviembre los estadunidenses deciden qué país quieren
S

i la aprobación del plan de salud fue un parteaguas en el gobierno de Barack Obama, la llegada de Mitt Romney a la Casa Blanca pudiera ser, a su vez, el parteaguas para el futuro del país. Al menos así lo han considerado diversos observadores de la vida política y económica del país. Tal vez uno de los que resume más claramente este pensamiento sea el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien en un artículo en el New York Times concluyó que lo que está en juego es la oportunidad de superar una de las más negras etapas del país, en la que la desigualdad se ha profundizado como en ninguna otra nación desarrollada. Agrega que el proyecto político de la dupla Romney-Ryan no se diferencia mucho del que profundizó la desigualdad durante el gobierno de Bush. Su política de bajos impuestos a quienes perciben mayores ingresos, castigando a las clases medias y bajas con gravámenes incluso más altos que los que pagan quienes reciben cuantiosos intereses de sus inversiones en el sector financiero, sin duda acentuarán esa desigualdad. Concluye que la crisis que explotó en 2008 es la mejor prueba de que la autorregulación de los mercados que Romney y Ryan proponen como vía para el crecimiento, no sólo es un mito sino un fracaso rotundo que, como se ya vio, culminó en el desastre que dejó al país en una virtual quiebra.

A esa advertencia de Stiglitz hay que agregar otra de quienes han seguido el proceso de validación constitucional del sistema jurídico en la Suprema Corte de Justicia, que en el largo plazo pudiera ser aún más catastrófica para los derechos de las minorías e incluso para el futuro perfil de la sociedad. Muy probablemente el próximo presidente nombrará por lo menos a dos ministros de la Suprema Corte, supliendo a dos que, por su avanzada edad, han expresado su intensión de retirarse. No es casual la similitud de pensamiento del mandatario con el de sus nominados para formar parte de esa institución. Actualmente la Corte está compuesta por cuatro ministros conservadores, cuatro liberales y uno que, sólo en teoría, define el balance en las decisiones de la Corte. Lo cierto es que este último, que fue nombrado durante el gobierno republicano de Bush, invariablemente se ha alineado con los cuatro ministros conservadores en decisiones relevantes, como Citizen United, que abrió las compuertas del dinero corporativo al proceso electoral. Tomando en consideración que los cargos en esa institución son de por vida, el perfil ideológico de quien gobierne el país se plasmará en la Corte por muchos años en el futuro. Para dar cuenta de la importancia de lo que ahí se juega, vale subrayar, entre otras, dos decisiones de vital importancia para el respeto de los derechos humanos que revocaría una Corte mayoritariamente conservadora: el derecho al aborto y el de acción afirmativa. El primero liquidaría la lucha que las mujeres han dado desde mediados del siglo pasado porque se respete su derecho a decidir sobre su reproducción, y el segundo acabaría con uno de los más importantes preceptos de igualación en las diferencias sociales y económicas y evitar la discriminación por motivos raciales, religiosos, de género, de preferencia sexual, o de nacionalidad para el acceso al empleo y la educación superior.

No es del todo descabellada la idea de que esta Corte, presidida por un juez conservador, haya aprobado la decisión Citizen United con la intención de darle un pasaporte a quienes en el sector corporativo provocaron la crisis que explotó en 2008. Ahora, ellos mismos quieren evitar por todos los medios la relección del presidente que ha pretendido regular y frenar su inescrupulosa forma de operar.

En unos días se sabrá quién gobernará al país a partir de 2013. La moneda está en el aire y al parecer dependerá de la forma en que se vote en un puñado de estados en los que hasta ahora parece haber un empate técnico entre Obama y Romney. De entre ellos, La Florida, Virginia, Colorado y especialmente Ohio destacan, porque sus votos en el Colegio Electoral, donde se calificará la elección, serán definitivos. De entre las decenas de encuestas e instituciones que las realizan es difícil precisar cuál es la más acertada. Uno puede escoger la que mejor le parezca de acuerdo con el candidato que se prefiera. Sin embargo, es preciso citar la que realizó la organización PEW, una de las más serias e imparciales, que ubicó a los candidatos empatados con 47 por ciento cada uno en las preferencias del voto universal. Es necesario recordar que la elección la gana no el que tenga más votos totales en todo el país (voto universal) sino el que tenga mayoría de votos en el Colegio Electoral, en donde cada estado de la Unión Americana tiene un peso específico diferente. California, el de mayor población, tiene 55 votos electorales; le siguen Texas y Nueva York, con 38 y 29, respectivamente, y así hasta los estados de menor población, como Alaska, Montana y Wyoming, con tres sufragios electorales cada uno.

En el caso del Colegio Electoral, la mayoría de las encuestas dan un ligero margen a Barack Obama. Si no sucede lo que en el año 2000, cuando después de un litigio abruptamente interrumpido, la Suprema Corte obsequió la presidencia a George W. Bush, es muy probable que Obama continúe como huésped de la Casa Blanca por otros cuatro años.