Las nuevas formas de integración en América Latina y el Caribe, como las que plantean la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pero particularmente la Alianza Bolivariana (Alba), no sólo proponen una alternativa a viejos esquemas de subordinación a las teorías neoliberales, como sucedió con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino enfatizan, en diferentes grados, la recuperación de espacios de soberanía energética, alimentaria, financiera o monetaria que países como Bolivia, Argentina o Venezuela buscan incorporar como derechos constitucionales, coincidieron especialistas.

Al participar en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Eugenio Espinosa Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de Cuba, y Jaime Estay, de la Universidad Autónoma de Puebla, explicaron que estos procesos de integración enfatizan temas no económicos o comerciales como el ambiental, la integración social y cultural o los derechos humanos, entre otros.

Espinosa Martínez destacó que el intercambio de bienes y servicios en la Alba no se hace a partir de ventajas comparativas, que tienen su base en el precio, sino en un esquema cooperativo en el que la venta de productos se hace muy por debajo de los precios internacionales y sólo con un remanente que permite el crecimiento del sector de que se trate, es decir, las condiciones del intercambio no dependen de los precios que establece el mercado mundial.

A su vez, Maribel Aponte, de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo que los datos duros que estudian la evolución de la Alba contradicen el discurso neoliberal de que esté organismo basaría su éxito sólo en la exportación de petróleo de Ecuador o Venezuela. Los datos más recientes evidencian que el sector que más crecimiento ha tenido entre los países que integran la Alba es el de la exportación de alimentos y no el de los energéticos, algo por demás importante cuando en el mundo se enfrenta ya una crisis alimentaria:

Previamente en su análisis, Jaime Estay consideró que hasta poco después de 1990 los procesos de integración habían sido exclusivamente económicos y siempre beneficiaban a las élites empresariales de los países de América Latina para facilitar la exportación de sus productos a Estados Unidos. La pregunta hoy es: ¿integración para beneficiar a quiénes?, y convino en que si bien no hay un triunfalismo total en estos modelos alternativos de integración latinoamericana y caribeña, tampoco puede haber un menosprecio de lo mucho que se está haciendo a partir del aprendizaje de las experiencias anteriores.

Acordaron que esta integración regional alternativa hace del énfasis del rescate de sus recursos naturales un beneficio directo a los sectores históricamente excluidos en sus respectivos países, lo mismo que se ha intentado con la gran inversión en educación, salud y, particularmente, en el campo que han impulsado los gobiernos que se integran a la Alba.

Estay subrayó que ningún proceso de integración puede ir más allá de lo que sucede en cada una de las naciones. No puede ser un país solidario con otro cuando sus ciudadanos no son solidarios entre sí; eso es lo que establece los límites de la integración. Es también a partir de los cambios sociales observados en Venezuela, Ecuador o Bolivia que se entiende esta nueva propuesta.

Interrogados sobre la situación de los medios de comunicación en el contexto de esta alternativa, mencionaron un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que evidencia que contrario al discurso y a las ideas más extendidas, la libertad de expresión es un valor que se destaca en estos países.