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Ver día anteriorViernes 9 de noviembre de 2012Ver día siguienteEdiciones anteriores
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La personalidad jurídica de los pueblos indígenas
D

os maestros excepcionales me acercaron a los pueblos indígenas de México. Uno fue el doctor Ángel María Garibay, ilustre mexiquense con quien aprendí la lengua náhuatl y a quien debo mi temprano acercamiento a los antiguos códices, al pensamiento y la riqueza literaria de los pueblos indígenas. Él dirigió mi tesis de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El otro maestro fue el doctor Manuel Gamio, pionero de la moderna antropología en México. A él debo el interés que me inculcó respecto de los indios vivos y de sus problemas. Desde hace casi 60 años he trabajado en torno a esto en la UNAM.

Los pueblos indígenas siguen, hasta hoy, en gran parte marginados, en extrema pobreza y discriminados. Una y otra vez los gobiernos han expresado que van a apoyar su desarrollo, pero ellos continúan marginados. Mi primera reflexión gira acerca de un requerimiento: reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Tal reconocimiento será llevar hasta las últimas consecuencias lo declarado y prescrito en el artículo II de la Constitución Federal de México, artículo reformado en 1992, que dice así: La nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Reconocida su personalidad jurídica, dispondrán de un marco legal para que se atiendan sus demandas como las de autogobierno en asuntos internos y en la administración y aprovechamiento de sus recursos naturales, entre otros.

Para obtener tal reconocimiento, habrá que establecerse, de acuerdo con las respectivas comunidades, principios que permitan identificar su carácter de pueblos indígenas, como, para aducir unos ejemplos, los casos de tzotziles, tzeltales y zoques de Chiapas; zapotecos, mixtecos, mazatecos, mixes y triques de Oaxaca; tlapanecos de Guerrero; mazahuas, otomíes, nahuas y matlatzincas del estado de México; nahuas de Puebla; tarascos de Michoacán; coras y huicholes de Nayarit; yaquis de Sonora; tarahumaras de Chihuahua; huastecos de San Luis Potosí y Veracruz; mayas de la Península de Yucatán. Atributos específicos de ellos son el empleo de una lengua indígena como materna, la preservación de sus usos y costumbres, el reconocimiento de sí mismos como indígenas, reconocimiento que compartan con ellos los no indígenas en sus diversas formas de relación.

Para valorar mejor lo que puede implicar este reconocimiento en el caso de los pueblos indígenas, recordaré lo que ha significado otro reconocimiento, el de las iglesias o denominaciones religiosas, cuya existencia estuvo ignorada jurídicamente por largo tiempo.

Mi segunda reflexión se dirige a mostrar que, dueños los indígenas de una personalidad jurídica, es impostergable fomentar, de acuerdo con ellos mismos, su desarrollo económico sustentable en el contexto de un país que busca crecer económicamente año con año y que es precisamente su propia nación. Se trata de cerca de 14 millones de mexicanos cuya voz habrá de ser escuchada una vez reconocida su personalidad en el campo del derecho público. Podrán dirigir sus solicitudes y demandas ante las diversas instancias de gobierno.

Los pueblos indígenas poseen una fuerte base de organización social comunitaria, que puede orientarse y aún transformarse en modernas organizaciones de tipo empresarial, en las que participen muchos y logren encauzar actividades productivas para su propio desarrollo y el del país entero. Esto que podrá parecer quimérico, dejará de serlo si se toma conciencia de que ya existen empresas creadas y administradas por pueblos indígenas. Un ejemplo lo ofrece la Red Indígena de Turismo, integrada por cerca de 150 empresas en diversas entidades del país. Administradas por miembros de esos mismos pueblos, ofrecen servicios de hospedaje, restauración y excursiones guiadas. Establecida en 2002, esa red ha formulado la iniciativa de crear la Cámara Empresarial Indígena de México.

Actualmente hay un cierto número de profesionistas indígenas que se han formado en la Red de Universidades Interculturales, gracias, entre otras cosas, a becas concedidas por el Programa México Nación Pluricultural, creado en el seno de la UNAM. Los indígenas con licenciaturas en derecho o en administración de empresas son precisamente quienes pueden organizar las actividades productivas en campos como el de la manufacturación de textiles, algunos de gran calidad, elaboración de cerámica, piezas de calzado y variados objetos de artesanías, que incluyen trabajos en cobre, plata y otros. También será posible crear unidades comunitarias a modo de empresas en los campos agropecuarios, de pesca y prestación de diversos servicios, como albañilería, plomería, mecánica, electricidad y electrónica.

Expresaré, en resumen, que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas se dirige a hacer posible su participación equitativa en la vida económica, social y política de México, sumando su esfuerzo al de otros muchos mexicanos sin menoscabo de los rasgos y atributos culturales que quieran conservar.

*Palabras pronunciadas en la reunión celebrada el 5 de noviembre ante el presidente electo Enrique Peña Nieto