Cherán, Mich., 9 de noviembre. Reunidos en la plaza principal de esta comunidad purépecha, representantes de las 57 organizaciones sociales que integran la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) recibieron las denuncias de comunidades indígenas, colonos y habitantes que en Michoacán han sido víctimas de saqueo, despojo, robo, o fueron afectados por delitos relacionados con los recursos naturales.

El comité dictaminador –integrado por el investigador y ecologista canadiense Richard Girard, la investigadora mexicana Silvia Rodríguez y el académico de la UNAM, Víctor Manuel Toledo, entre otros– presidió la asamblea y se comprometió a hacer llegar las denuncias al Tribunal Permanente de los Pueblos, que resolverá en dos años las acusaciones contra el Estado mexicano en éste y otros temas.

Trinidad Ramírez Tapia, concejero comunal de Cherán, manifestó que la devastación de bosques que padeció Cherán durante más de una década no les dejó otra salida que la autodefensa y la autoprotección que culminó en un gobierno comunal, lo que ha permitido que sea ahora un pueblo seguro en el que las 24 horas del día se puede caminar tranquilo y sin ningún problema.

Josué Velázquez, del mismo concejo, comentó que el pueblo de Cherán posee 21 mil 800 hectáreas, pero desde 2008 los talamontes saqueaban más de 200 camiones diarios de madera y le prendían fuego al bosque.

Su compañero, Jesús Ángel Pedrozam manifestó que han sembrado un millón y medio de pinos, en materia de seguridad cuentan con la ronda comunitaria, aún mantienen barricadas a la entrada del pueblo de casi 16 mil habitantes pero prevalece la impunidad.

Sin embargo, los comuneros aseguraron que en materia de justicia no hay ningún avance para castigar a los responsables de secuestros y homicidios.

Santiago Vital Escobar, presidente de bienes comunales de Charo, municipio ubicado a unos 15 kilómetros de Morelia, denunció que fueron saqueadas más de 4 mil hectáreas de bosque y lo más grave, que parte de la responsabilidad la tuvo su antecesor Gabriel Baeza.

Un delegado comunal de Patamban, de la sierra purépecha, manifestó que de las 19 mil hectáreas que poseían, ahora sólo les reconocen 10 mil, pero lo grave es que continúa la invasión de tierras por particulares que siembran aguacate. Lo grave es cada vez hay menos agua, precisó.