El abogado Diego Hernán Arévalo Pérez, representante legal del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, presentó una denuncia para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a la ex titular de esa dependencia Marisela Morales Ibáñez y a los agentes del Ministerio Público que integraron la averiguación previa en contra del ex mandatario local por lavado de dinero.

El litigante señaló que el Ministerio Público Federal realizó cateos y decomisos ilegales en las oficinas que Tomás Yarrington posee en el Distrito Federal y en casas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ya que estas acciones se llevaron a cabo sin una orden judicial.

“Fundamentalmente denunciamos la violación a la secrecía de la averiguación previa y la práctica de cateos ilegales contra la prohibición expresa de jueces de distrito especializados en la materia, que no se los obsequiaron”, dijo el abogado, quien también aseguró que solicitará a la PGR que devuelva los bienes que tiene asegurados y que busca obtener a través de una declaratoria de extinción de dominio o abandono.

Durante la presentación de la denuncia confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de su cliente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), pero confió en demostrar su inocencia sobre los cargos que se le imputan, ya que fueron hechos por testigos protegidos que han sido utilizados en diversas averiguaciones previas y sus señalamientos han sido desmentidos, como ocurrió en el caso de un declarante cuyo nombre clave es El Pitufo, que realizó imputaciones en contra del ex comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, quien durante el proceso penal que se le instruyó fue declarado inocente porque los cargos eran falsos.

Arévalo Pérez dijo también que Tomás Yarrington se encuentra en México y confió en que pronto se presentará ante los medios de comunicación, una vez que logre desvirtuar en tribunales las acusaciones en su contra.

Agregó que a pesar de las peticiones que le ha realizado el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de México, la PGR no ha entregado copia de las averiguaciones previas con los nombres e identidades, y que lo enviado al órgano jurisdiccional estaba con nombres e identidades tachadas o borradas.