Opinión
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Las presas políticas y las memorias de Atenco
R. Aída Hernández y Gisela Espinosa
J

udith Gómez Contreras es una joven de 27 años egresada de la carrera de Cine y Televisión, trabaja para Cine Tonalá, un proyecto cultural de cine alternativo en la colonia Roma; su rostro resulta familiar a quienes la vimos en Canal 11 promoviendo el buen cine. Al igual que muchos jóvenes acudió al llamado del movimiento 132 para recordarle al mundo que Enrique Peña Nieto llegaba al gobierno mediante elecciones fraudulentas. Ella, junto con Diana Aragón, Guadalupe Coutiño, Regina López, Mariana Muñiz, Rita Emilia Veri, Jessica Bibiana Camargo, Claudia Iveth Trejo, Elizabeth Saraí López, Rosa María Vargas y Fernanda Preciado han sido acusadas de los actos de vandalismo que se cometieron el 1º de diciembre pasado.

Recorremos una y otra vez las imágenes que circulan por la red: jóvenes vestidos de negro que enfrentan a granaderos y destruyen con violencia los inmuebles del centro histórico. No vemos un solo rostro femenino. En cambio, encontramos un video de Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, presa ahora en San Martha Acatitla, que protesta de manera pacífica con un grupo de Artistas Aliados en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo, lejos de los enfrentamientos. Ella y otras 19 mujeres fueron detenidas tras un cerco policiaco al que los artistas respondían con poesía. Hoy, 11 detenidas en distintos puntos de la protesta esperan ser liberadas. Las voces de estas jóvenes, que son parte de la conciencia crítica de nuestra sociedad, han sido silenciadas por la violencia vandálica de provocadores y por la violencia represiva del Estado.

Mediante una estrategia similar a la utilizada en Atenco el 4 de mayo del 2006, los medios de comunicación transmiten una y otra vez tomas de jóvenes enfrentados a la policía y destruyendo comercios y edificios públicos; la televisión trata de grabar en la opinión pública la imagen de jóvenes violentos para justificar la desmedida violencia policiaca con la que fueron atacados los manifestantes, la represión e incluso la tortura que se aplicó a algunos detenidos, según se sabe ahora.

Ese manejo nos recuerda la repetición de aquella imagen del policía en Atenco pateado por campesinos iracundos, que antecedió al allanamiento de casas por parte de unos 4 mil policías que aterrorizaron al pueblo entero, que destruyeron puertas y detuvieron violentamente sin orden de aprehensión a 207 personas, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, con saldo final de dos muertos y 20 personas heridas de gravedad.

El discurso oficial en torno al anarquismo y vandalismo de los estudiantes que destruyen la paz social empieza a influir en una opinión pública desconcertada que, en medio de la trifulca y el impacto de las imágenes, llega a olvidar la imposición fraudulenta de un Ejecutivo federal y el contubernio de los monopolios televisivos; un Ejecutivo federal que al tiempo que propone publicar la ley de víctimas actúa con provocación para justificar la mano dura y la cárcel contra la disidencia juvenil y popular.

Pocos medios describen los detalles de la marcha o mencionan que la mayoría de las detenciones se realizaron lejos de los focos de violencia. A través de medios alternativos nos enteramos de que varias jóvenes fueron golpeadas, como Judith Gómez Contreras que alcanzó a enviar un mensaje por celular para denunciar el hecho. Guadalupe Coutiño contó a sus familiares que al increpar a sus represores diciéndoles que las dejaran en paz ¿que no ves que somos mujeres?, ellos respondieron que tenían luz verde y podían hacer lo que quisieran. Estos testimonios remiten de inmediato a las memorias de Atenco, a las 46 mujeres que fueron detenidas y torturadas sexualmente por fuerzas de seguridad en el estado de México. Se trata de las mismas estrategias. Es urgente proteger a estas jóvenes, exigir que se respeten sus derechos humanos y demandar la pronta liberación de todas y todos los presos políticos.

Los y las jóvenes del movimiento 132 empiezan a circular en la red otras versiones sobre lo que realmente pasó el 1º de diciembre, así ejercen el derecho a contar su propia historia y a construir un contradiscurso que rompa el silencio del terror y del poder. Nos toca a nosotros y nosotras hacer eco de estas voces y demandar que se haga justicia.

Profesoras-Investigadoras de CIESAS y de la UAM-Xochimilco, respectivamente; integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales