o tiene mucho sentido que, por un lado, el gobierno federal anuncie un programa de austeridad que le permitiría ahorros por 2 mil millones de pesos en sueldos y salarios y, por otro, esa misma instancia, y por el mismo concepto, proponga un aumento de 40 mil millones de pesos en la nómina burocrática. Ahorrar unos centavos para gastar muchísimos pesos carece de lógica, a menos de que se trate de una acción de la clase gobernante.

El pasado lunes, con la sonriente clase política congregada en torno al nuevo inquilino de Los Pinos, con bombos y platillos se presentó en sociedad el tercer programa de austeridad al hilo, en igual número de gobiernos (Fox, Calderón y Peña Nieto). En la ceremonia correspondiente todos los oradores subrayaron el elevado concepto de austeridad republicana que tienen los líderes nacionales y, palabras más o menos, repitieron lo dicho en las dos ocasiones anteriores, especialmente aquello de que tan oportuna decisión es una clara respuesta a la exigencia ciudadana de manejar escrupulosamente los dineros de los mexicanos.

Pues bien, los discursos y los mensajes fueron muy bonitos, pero a la hora de desmenuzar el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2013 lo primero que salta es el incremento en el gasto por nómina burocrática federal, que en algunas dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Gobernación, supera el 18 por ciento. De hecho, sólo con el aumento propuesto en la erogación para servicios personales de la Segob (mil millones de pesos) se cancelaría la mitad del ahorro estimado en el programa de austeridad anunciado el pasado lunes.

Algo no cuadra, porque el gobierno federal anuncia medidas de austeridad, pero paralelamente propone que se aumente el gasto en servicios personales (nómina burocrática). Por lo primero se ahorraría 2 mil millones de pesos para destinarlos a gasto social e inversión; por lo segundo erogaría alrededor de 40 mil millones adicionales. El secretario de Hacienda Luis Videgaray ha dicho que el programa de austeridad contempla la reducción de 5 por ciento en sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la administración pública federal, pero al mismo tiempo la dependencia a su cargo propone al Congreso que autorice aumentos hasta de 18.3 por ciento en sueldos y salarios de la propia administración. Hasta donde se sabe, 40 es mucho mayor que dos, de tal suerte que el ahorro no se ve por ninguna parte.

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación 2013, que el pasado viernes el propio Videgaray entregó a la Cámara de Diputados, la propuesta del gobierno peñanietista es que el gasto en servicios personales de la administración pública federal se incremente en cerca de 40 mil millones de pesos, resultado de aumentos en prácticamente todas las dependencias. Por ejemplo, el costo de la nómina burocrática en la Presidencia de la República (origen del decreto de austeridad) crecería 8.5 por ciento, mientras en la Secretaría de Hacienda (vigilante de que se cumplan los términos del citado decreto) avanzaría 3.8 por ciento.

La propuesta, desglosada por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, revela que el Ejecutivo federal pretende incrementar 11.4 por ciento la nómina burocrática en la Secretaría de Salud; 10.2 por ciento, Marina; 8.9, Comunicaciones y Transportes; 8.4, Defensa Nacional; 7.2, Comisión Federal de Electricidad; 7, Petróleos Mexicanos; 6.9, Trabajo y Previsión Social; 6.6, Seguridad Pública; 6.4, Educación; 6.2, Turismo; 5.6, Conacyt; 4.9, Economía; 4.2, PGR; 3.7, Reforma Agraria, y así por el estilo. Las únicas dependencias que reportan reducción en el costo de su nómina son Función Pública (que desaparecerá) y Sagarpa, con bajas de 0.1 y 3.5 por ciento, respectivamente.

Lo anterior no invita a pensar en austeridad a la hora de los números, pero lo mismo pasa en la propuesta de gasto corriente en general (en el cual entra la nómina burocrática), pues la propuesta para 2013 es que este renglón se incremente sustancialmente. Por ejemplo, 36.2 por ciento en Seguridad Pública, 34.6 en Economía, 21.1 en Comunicaciones y Transportes, la misma proporción en Turismo, y así por el estilo.

En todo caso, la austeridad peñanietista se registra en el monto de inversión, si se atiende su propuesta presupuestal para 2013. Así, se registran caídas espectaculares (que van de 100 a 44 por ciento) en Función Pública, Seguridad Pública e Instituto Mexicano del Seguro Social. En Turismo cae 22 por ciento; en Comunicaciones y Transportes, 21.5, y en Educación Pública, 11.5 por ciento. En sentido contrario aumenta espectacularmente en el Inegi (828 por ciento), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (729), el IFE (175), Defensa Nacional (104), Poder Judicial (87) y Trabajo (77.5). Para Desarrollo Social el avance es de 21.7 por ciento y para Petróleos Mexicanos –la caja grande del gobierno– apenas 8.3 por ciento.

Como bien apunta el CIEN, en materia de inversión se debe considerar la situación presente en las secretarías de Turismo y Comunicaciones y Transportes, ya que exhiben una reducción del 21.9 y 21.5 por ciento, respectivamente. Si bien no son los ramos con las disminuciones más significativas, sí representan un motor de crecimiento en términos de inversión para el país.

En la parte de subsidios, los ramos administrativos obtienen el 93 por ciento de los recursos destinados a dicho concepto, en donde Educación (30 por ciento), Desarrollo Social (21) y Salud (16) son las dependencias con la mayor concentración de los recursos. En contrasentido, los ramos autónomos (0.01 por ciento) y generales (6 por ciento) obtienen una parte marginal de los subsidios, siendo en este último las provisiones salariales y económicas las que reciben la parte más representativa (69 por ciento).

En fin, la propuesta 2013 es que por cada peso presupuestal destinado a gasto corriente e inversión, 72 centavos se destinen al primer concepto y sólo 28 al segundo, aunque se registran casos como el de la Comisión Federal de Electricidad, en la que la relación es de 87 y 13 centavos, respectivamente. Entonces, austeridad ante todo.

Las rebanadas del pastel

Y mientras a Elba Esther le imparten los santos oleos, el Inegi por fin se animó a medir la ocupación informal como debe ser: no suman 14.2 millones los mexicanos en tan precaria situación, sino 29.3 millones, o si se prefiere, 60 por ciento de la población ocupada. ¿Qué convenció al organismo de modificar su medición? Sencillo: una realidad de esa magnitud no puede ocultarse bajo la alfombra, por mucho que Calderón lo ordenara.

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