El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso recursos en contra de las resoluciones del Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con las investigaciones de una de las vertientes del caso Monex –triangulación con empresas en el extranjero–, así como con las tarjetas Soriana, asociadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En ambos casos, argumenta el partido del sol azteca, sirvieron como operaciones de financiamiento ilícito que no fueron debidamente indagadas por la Unidad de Fiscalización.

Esencialmente, el PRD argumenta varios agravios, entre los que destacan la falta de exhaustividad en las investigaciones para localizar a personajes importantes que estarían ligados al presunto financiamiento ilícito, como el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o el ahora responsable de Comunicación Social de la Presidencia de la República, David López.

A juicio de ese partido, esto refleja una deficiente integración de las investigaciones y de las quejas en materia de fiscalización, faltando a principios de legalidad, certeza y objetividad, así como exhaustividad y congruencia al resolver de manera parcial y aislada porciones de los hechos denunciados, omitiendo realizar un análisis conjunto de las pruebas aportadas.

Hubo fácticamente deficiencias para ubicarlos por parte de la Unidad de Fiscalización, al punto que en ambos casos, sea por falta de domicilio legal o por homonimias, no se concretaron las notificaciones para ampliar las investigaciones relacionadas con Monex.

La triangulación

La resolución obedece solamente a la triangulación que se habría dado desde algunas empresas con sede en Estados Unidos vía Monex, para aportar a la campaña y, por otro lado, mediante una cuenta bancaria del gobierno del estado de México, a nombre de Luis Videgaray.

Al vencer el plazo para recurrir la resolución aprobada por el Consejo General el miércoles pasado, el PRD destaca, entre otras irregularidades de la investigación, el hecho de que fue fácticamente imposible solicitar información a los ciudadanos Luis Videgaray y José Carrillo”. El PRD cuestiona que ambos virtualmente se hayan rehusado a entregar datos al ser materialmente imposible localizar el último domicilio fiscal.

De igual forma, en el caso de David López, actual director de Comunicación Social de la Presidencia, se cuestiona la ausencia de elementos de identificación adicionales que permitieran a la autoridad tener certeza sobre la plena identificación del sujeto denunciado, pues ante una variedad de homonimias no fue posible realizar un requerimiento de información.

En el documento se descalifica la desagregación que hizo el IFE de las quejas relacionadas con Monex, pues el PRD solicitó su acumulación, a efecto de tener una mayor dimensión del presunto financiamiento ilícito a la campaña de Peña Nieto.

Al omitir su relación con otros elementos de prueba y omitir asimismo su acumulación con otras quejas relacionadas con el financiamiento oculto de la campaña de la coalición Compromiso por México y su candidato presidencial, se constituye en una fuente de agravio, señala.