Para los penalistas Luis Martín Millán y Rogelio Garza, el primer ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en diversos estados y el segundo ex director jurídico de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, así como los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, convirtieron al arraigo en un recurso para simular golpes contra el crimen organizado y con ello obtener un efecto mediático positivo para ambas administraciones, ante la incapacidad de los órganos de procuración de justicia para realizar una verdadera investigación.  

Ambos abogados, entrevistados por separado, exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión a reformar los artículos 16 y 20 de la Constitución, para que las medidas cautelares, entre ellas el arraigo, cateos e intervención de comunicaciones privadas, sean medidas de excepción, y no como sucede actualmente, que tienen una base constitucional desde 2008 y por ello no proceden los amparos contra esas figuras.

El tema del arraigo lo puso sobre la mesa el actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien ante funcionarios de esa dependencia aseguró el pasado lunes que necesitamos con urgencia tener elementos suficientes para poder demostrar culpabilidades e inocencias con la plenitud tal que no requiramos ni siquiera usar las medidas cautelares como el arraigo o algunas otras que tendremos que ir desechando poco a poco conforme vayamos creciendo.

Equipos modernos

Murillo Karam también se refirió al arraigo ayer, al exponer, durante una entrevista radiofónica, que éste sí debe quedarse como una medida verdaderamente excepcional, en casos de mucha peligrosidad y con más o menos plena identificación de culpabilidad del acusado.

El titular de la PGR aseguró que esa institución instrumentará en uno o dos años los sistemas modernos de identificación y detección de manera científica, porque, dijo, se tendrá que rehabilitar a la policía y a la procuraduría.

Aseguró que el arraigo es indispensable mientras la procuraduría no tenga las condiciones de investigación modernas, tecnológicas, científicas que permiten lograr que la averiguación se dé de otra manera.

Explicó que entre los problemas que existen para que la PGR no funcione de mejor manera radican en la falta de sistematización de procedimientos, y que la mayor parte de las ocasiones la policía detenía a alguien, culpable tal vez o seguramente responsable, pero sin ninguna investigación, sin ningún levantamiento de pruebas, sin ningún sustento, de repente se lo entrega a la procuraduría y no le queda más remedio que arraigarlo o soltarlo

De su lado, el penalista Martín Millán dijo ayer en entrevista con La Jornada que el arraigo se ha vuelto una técnica de investigación criminal en México. Supuestamente el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste, con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo, indicó el activista.

El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio. Todo ello se traduce en que no se investiga para detener a una persona, sino que es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo de esta manera los principios básicos de justicia en una democracia, reprochó.

Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que para modernizar el sistema de justicia y dejar de utilizar la figura del arraigo, primero debe haber una capacitación intensa de todos los funcionarios públicos que participan en dicho proceso.