Sociedad y Justicia
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Trabajo comunitario, entre las sanciones a agresores; propone crear consejos en escuelas

Presentan ante estudiantes y maestros iniciativa de ley contra acoso escolar

Se suicida una de cada seis víctimas

Crece el hostigamiento en las redes sociales

 
Periódico La Jornada
Viernes 14 de diciembre de 2012, p. 40

Uno de cada seis jóvenes, víctimas de acoso escolar, se suicida y 7.5 millones de alumnos de primaria y secundaria son hostigados, intimidados, discriminados o golpeados, informó la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, al presentar ante estudiantes y maestros de nivel básico y medio superior una iniciativa de ley contra el acoso (bullying).

Esta iniciativa contempla sanciones, como trabajo comunitario para aquellos alumnos que continúen ejerciendo algún tipo de violencia, así como a los padres y profesores. Asimismo, puntualizó que no se busca que los menores de edad no sean, en su medida, penalizados.

La legisladora explicó que el acoso escolar es la violencia física o verbal ejecutada de manera reiterada de un alumno a otro. Dijo, en entrevista, que este fenómeno siempre ha existido; sin embargo, el uso de las redes sociales ha incrementado su presencia, pues lo que se conoce como cyberbullyin provoca que las agresiones y burlas no sólo se lleven a cabo en un salón de clases, sino que trascienda a toda la escuela e incluso a otros institutos.

La iniciativa de Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar pretende, explicó, generar conciencia de los efectos que pueden provocar estos problemas. Detalló que se han encontrado 25 formas distintas de bullying, que van desde poner apodos y aislar socialmente, hasta llegar a los golpes.

Esta legislación busca que los alumnos que están sufriendo acoso o que son testigos de esto sepan qué hacer. Propone crear un consejo escolar en cada instituto donde se tomen decisiones para resolver cada caso. Prevé atención sicológica para los menores agresores –para lo que involucra a las secretaría de Salud, así como a la de Educación Pública y Desarrollo Social, al sistema de Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría General de la República.