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Tras 17 meses, emite sus primeras recomendaciones; exculpa al gobernador y pide monumento

CEDH: negligencia del ayuntamiento de Monterrey en el ataque al casino Royale
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Familiares de las víctimas del ataque incendiario en el casino Royale colocaron ayer mantas y cruces frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, luego que el domingo pasado empleados del establecimiento las arrojaron a la calleFoto Miguel Ángel Reyna
María Alejandra Arroyo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 8 de enero de 2013, p. 27

Monterrey NL, 7 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió sus primeras recomendaciones sobre el atentado contra el casino Royale –donde el 25 de agosto de 2011 52 personas murieron y 11 resultaron lesionadas–, dirigidas al gobierno del estado y del municipio de Monterrey.

Entre las recomendaciones anunciadas hoy en rueda de prensa por la presidenta del organismo, Minerva Martínez, destaca iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y penal, así como fortalecer las capacidades institucionales de los servidores públicos.

Interrogada sobre la posible responsabilidad del mandatario estatal, el priísta Rodrigo Medina, la funcionaria lo exculpó y sólo acusó de negligencia a las autoridades de la capital, en ese entonces encabezadas por el panista Fernando Larrazabal.

Martínez, precisó que las recomendaciones van dirigidas a la Secretaría General de Gobierno del estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Dirección de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo, así como a la alcaldía regiomontana y la secretaría de desarrollo urbano y ecología municipal.

La recomendación 103/12 presentada hoy, luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) criticó a su par estatal por no haber emitido ninguna casi 17 meses después del atentado al casino Royale, propone iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa penal, aunque no precisa contra quién.

Pide que se cumplan las inspecciones de los establecimientos comerciales, particularmente los casinos, para verificar que cuenten con programas de protección civil, así como promover ante la PGJE el deslinde de responsabilidades.

En cuanto a la atención a víctimas y a sus familiares, se recomienda cubrir los ingresos que tanto lesionados como familiares de las víctimas hayan dejado de percibir; rembolsar gastos funerarios y el costo de tratamientos médicos y sicológicos, y proporcionar por conducto de las instituciones de salud tratamiento a las víctimas.

Asimismo, proporcionar servicios jurídicos y sociales a las víctimas que lo requieran, y que las autoridades del estado y el municipio ofrezcan disculpas públicas, que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por omisiones en que incurrieron.

Reitera la necesidad de se construya un monumento en memoria de las víctimas y recomienda capacitar en derechos humanos al personal de las empresas, particularmente de los casinos, y aplicar políticas de prevención.

La presidenta de la CEDH precisó que las autoridades estatales y municipales tienen 10 días para responder las recomendaciones, y en caso de aceptarlas tienen 10 días para empezar a cumplirlas.

Aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública y la procuraduría estatales no brindan a la CEDH los informes que se les requieren o ni siquiera contestan las llamadas de los funcionarios del organismo, por lo cual las responsabilizó del retraso de numerosas recomendaciones.

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