Con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los acuerdos con base en los cuales se dividió el país en cinco zonas para la coordinación de acciones en materia de seguridad pública, se puso en marcha la restructuración de las operaciones de la Policía Federal y el despliegue que tendrá la gendarmería nacional, con el propósito de que la primera coadyuve con las corporaciones municipales y estatales en regiones urbanas, y la segunda actúe en zonas rurales, informaron funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal).

Los acuerdos señalan que se alinearán las funciones de policía de los tres niveles de gobierno y se analizará la viabilidad de establecer en el país los modelos de mando único o policía estatal coordinada y, en tanto se implementa la reforma legal, los gobiernos de los estados se comprometen a promover entre los municipales la firma de convenios de colaboración para que la designación de los mandos municipales se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno, y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados, y cumplan con el programa de capacitación de mandos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El acuerdo refiere que los mandos estatales serán designados de común acuerdo entre los gobiernos estatales y el federal.

Las zonas son: noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora); noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas); occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas); zona centro (Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala), y sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Esta distribución fue aprobada el 18 de diciembre pasado durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En el texto se prevé que la cooperación genere orden y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así como la homologación de políticas públicas de combate al crimen.

Se fijó un plazo de 45 días naturales como máximo para la instalación de las zonas, en las que participarán funcionarios federales y estatales.

Durante la sesión se aprobó la incorporación de representantes de la sociedad civil al consejo nacional y diversos elementos que sustenten el cumplimiento de lo que establece la reforma constitucional en materia de derechos humanos.