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Respuesta a petición del CCE de reconsiderar reforma penal

Compromiso de la ALDF, garantizar la vigencia de los derechos humanos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 39

En respuesta al llamado que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que reconsidere la reforma al artículo 362 del Código Penal local, los diputados que integran la Comisión de Gobierno señalaron que es un compromiso prioritario de la legislatura local garantizar la vigencia de los derechos humanos y protegerlos con la fuerza de la ley.

En un documento dirigido, no al CCE sino a la opinión pública, y en el que tampoco se alude directamente al antedicho artículo que establece el tipo penal de ataques a la paz pública, los legisladores manifiestan que la certeza y seguridad jurídica son elementos insustituibles que dan protección a todos los sectores sociales de esta ciudad. Afirman que las leyes vigentes garantizan no sólo el ejercicio de las libertades, sino el resguardo a la integridad de las personas y sus bienes.

El CCE, que preside el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani y agrupa a una docena de confederaciones, cámaras y asociaciones del sector privado, reclamó el pasado viernes a la ALDF la reforma para reducir la pena al artículo 362 –lo que permitió salir con fianza a los procesados que fueron detenidos durante las protestas del pasado primero de diciembre– mediante un desplegado con el encabezado: ¿Estado de derecho?

La respuesta de la ALDF contiene la firma de los 15 integrantes de la Comisión de Gobierno, entre ellos los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, incluido el priísta Tonatiuh González Case, quien se abstuvo en la votación y de cuya bancada se emitieron otras cinco abstenciones y el único voto en contra.

“Reiteramos –añade el documento– que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como órgano de representación política, refrenda el respeto a las libertades, impulsa el orden y la convivencia social, y salvaguarda los bienes y las propiedades públicas y privadas. Sin escatimar esfuerzos, ni eludir responsabilidades, continuará trabajando en la elaboración de un marco jurídico justo que abone a la construcción de la ciudad que anhelamos y merecemos todos los capitalinos”.