Opinión
Ver día anteriorMiércoles 16 de enero de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Instituto nacional electoral
Bernardo Barranco V.
E

l que escribe ha participado como consejero electoral en los últimos diez años, tanto en el IFE como en el IEEM, órgano electoral local mexiquense. Por tanto, tengo cabal conocimiento de las virtudes y defectos de ambas instancias electorales. Por ello saludo con beneplácitico la iniciativa del Pacto por México de crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales. Si la propuesta es realizar una profunda reingeniería electoral, la ciudadanía la apoyará; en cambio, nuevos parches prolongarán los vicios que han venido minando la credibilidad de los resultados electorales y, por tanto, la legitimidad de la propia democracia mexicana.

El mayor argumento esgrimido hasta ahora ha sido el económico. Los gastos de los más de 30 institutos electorales locales más el federal resultan excesivos, tomando en cuenta la tendencia para que las elecciones sean cada vez más simultáneas o concurrentes, como se dice en el argot electoral. La elección concurrente de 2012 en el estado de México, de ayuntamientos y diputados locales con la federal (presidente, diputados y senadores federales), es buen ejemplo que ayuda a comprender el derroche económico. Hubo duplicidad y hasta arrebatos en términos en la conformación de funcionarios de casillas, esto es, capacitación, representación y de materiales electorales. Hubo casilla espejo, es decir, por un lado estaba la votación federal y del otro se votaba la local. El presupuesto del IEEM superó los 2 mil millones de pesos mientras los del IFE, sólo a escala local, casi los mil millones. En suma, en el estado de México el gasto electoral supera 3 mil 200 millones de pesos. ¿Merece la pena que dos institutos hagan prácticamente el mismo trabajo? Esta misma cantidad, según la Fundación Internacional de Estudios Electorales, rebasa la utilizada en las elecciones de Brasil en 2010, en las que hubo dos vueltas, y cuyo costo apenas sobrepasó  los 3 mil millones de pesos. Son otro tipo de lecciones, es otra circunstancia política, etcétera, podrán argumentar los puristas electorales; el hecho es que un país como Brasil, con una lista nominal de más 140 millones de votantes, ha realizado con dos vueltas sus elecciones a un costo menor que en una sola entidad de México, cierto, con la mayor lista nominal del país, que asciende a 10 millones 400 mil ciudadanos. Habrá que realizar un esfuerzo por racionalizar los gastos, evitar las burocracias, duplicidades y contrataciones masivas. Siendo un país con una fuerte presión hacia la pobreza, tenemos elecciones que cuestan lo que ni siquiera los países ricos se atreven a gastar.

El segundo argumento central para transformar el andamiaje electoral mexicano es político. Los institutos electorales locales han sido colonizados por los partidos y los poderes fácticos locales. Los gobernadores-virreyes extienden su poder político a las vulnerables estructuras electorales en los estados; las someten y las caricaturizan, pues ponen en evidencia la pérdida de credibilidad. Las actuaciones de los órganos electorales se perciben como instrumentos al servicio del poder, cada vez más inciertas, con decisiones sesgadas. Los argumentos legistas funcionan como un columpio de justificación a las lealtades que deben los actores electorales. Hay un pecado de origen en la forma en que se designa a los consejeros electorales. Son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la postre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y convierten a la supuesta ciudadanización en ficción siniestra. La manipulación política no sólo es patente en el PRI en los estados donde gobierna, sino también de otros partidos políticos. Por ejemplo, está el cochinero que hizo el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el instituto local (IEDF) para elegir a sus consejeros. Ahí está el testimonio recogido por Incide. Ningún partido se salva. La presión en los consejeros locales del IFE es mucho menor, porque son nombrados no directamente por los partidos a través por los consejeros generales, y porque a la postre no tienen atribuciones mayores en la toma de decisiones, sólo validan. En fin, la ciudadanía y opinión pública centraría su atención y presión en un número menor de actores a los existentes en la actualidad.

Otro beneficio que traería la restructuración electoral del país con una sola autoridad electoral sería abatir la abstención. El descrédito de las estructuras locales es crónico y propicia incluso apatía en la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes. Sigo con el ejemplo mexiquense: en las dos últimas elecciones para gobernador, la abstención ha sido la ganadora. En 2005, en que gana Enrique Peña Nieto, la abstención fue 57 por ciento, la más alta de la historia; en 2011 Eruviel Ávila nada tiene que presumir, pues 53.9 por ciento de los ciudadanos se abstuvieron. Cuando las elecciones son federales, especialmente presidenciales, el índice de participación aumenta de manera notoria; en esta última elección hubo una participación de 66 por ciento y una abstención de apenas 34. Incluso teniendo una sola casilla los votantes prefirieron la elección federal a la estatal, cuyo nivel de abstención estuvo arriba ligeramente de 40 por ciento. En materia mediática hay enormes lagunas que apuntalar; sólo señalo tres: a) que se contemple con mayor precisión la metodología y utilidad de los monitoreos, no sólo los cuantitativos sino principalmente los cualitativos, es decir, la valoración y las opciones editoriales que asumen los medios y conductores; b) es necesaria una reforma general de radio y televisión, no sólo electoral, que diversifique la oferta mediática, especialmente la televisión, cuyos propietarios son sólo dos personas; c) es necesario apuntalar una ley de comunicación gubernamental que garantice la transparencia, uso razonable de los recursos públicos en los medios y evite el uso discrecional de los presupuestos en la comunicación entre gobernantes y gobernados.

No sólo se trata de dar mayor transparencia y racionalidad económica a nuestro andamiaje electoral. Se trata de devolverle su credibilidad y autoridad perdida. Los partidos tienen la palabra, no sólo con restructurar, sino actuar en consecuencia con lealtad política.

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