La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el financiamiento de las campañas presidenciales dio un plazo de 10 días a la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) para reportar lo gastado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y explicar si, al desahogar las denuncias sobre presunta triangulación de recursos, citó a comparecer a directivos de Banca Monex.

Esa decisión se tomó luego de que el titular de dicha unidad, Alfredo Cristalinas, se negó a responder casi 40 preguntas de diputados sobre presunto financiamiento ilegal a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, con el argumento de que revelar información al respecto podría constituir una violación al secreto bancario.

Ante esa postura, la comisión decidió abrir un receso y volver a citar a Cristalinas.

Le haremos llegar preguntas por escrito, y tiene un plazo de 10 días para contestar. Espero que reflexione y demuestre que no son pretextos y está encubriendo información, dijo el presidente de la comisión, el perredista Roberto López Suárez.

El legislador expuso que además de la reunión prevista para el 23 de enero con la Comisión Nacional para Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), los diputados podrían pedir información sobre el traspaso de recursos a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México e incluso a directivos de Banca Monex y de las empresas Inizzio y Efra, que habrían sido utilizadas para transferencia de fondos al PRI.

La pregunta del millón es: ¿de dónde vinieron los recursos que se utilizaron en la triangulación de Monex-Efra-Inizzio? Y la unidad de fiscalización tiene que aclarar si investigó el origen del dinero, declaró.

Durante la reunión, Cristalinas insistió en que todas las denuncias presentadas por los partidos sobre presunto uso de recursos irregulares en las campañas fueron declaradas sin fundamento, al comprobarse que no hubo financiamiento ilegal.

En la reunión con legisladores, el funcionario rechazó la petición de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano para entregar copia de los expedientes, con el argumento de que debe persistir el secreto bancario y fiduciario, además de que el expediente 42/12, conocido como Monex-Aquino, está sujeto a revisión en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

Cristalinas refirió que los documentos originales de dicha investigación están en poder de los magistrados, y una vez que se haya resuelto y que el tribunal los devuelva, haremos versiones públicas y estarán al alcance de ustedes y los ciudadanos, pero resguardando la información bancaria.

Aunque afirmó que tanto la unidad de fiscalización del IFE como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República llamaron a comparecer a los sujetos investigados, y los datos se cruzaron entre ambas instancias, el diputado Manuel Huerta reprochó que, por ejemplo, no se citó a declarar al actual secretario de Hacienda y ex titular de Finanzas del gobierno mexiquense, Luis Videgaray Caso.