os vicios y componendas de los partidos políticos para construir los órganos ciudadanos como el IFE, tarde o temprano están pasando una costosa factura. El descrédito, derrumbe y la inevitable erosión de la credibilidad como metástasis institucional que ahora padece el IFE y el conjunto de los órganos electorales del país, es una realidad. El estigma del partido que promueve a los consejeros, los convierte en entes absolutamente predecibles, sobre todo en aquellas deliberaciones cruciales. Cuando los consejeros supuestamente ciudadanos de órganos autónomos tienen estos lazos fuertes, más o menos evidentes pero a la postre orgánicos con cualquier poder, sea fáctico o partidario, la intención de su voto es incondicional. Es lo que hemos llamado desde hace años: los consejeros electorales de consigna. Así se dibujó la lamentable sesión de IFE el pasado miércoles 23 de enero. Se les imputa a los consejeros no sólo qué deciden sino cómo lo deciden.

En medio del debate y las votaciones divididas sobre el caso Monex, surge una moción del consejero Sergio García Ramírez solicitando a sus compañeros la opinión sobre su participación en la votación empatada. Antes se había excusado, de manera no reglamentaria, por los fuertes vínculos de amistad que tiene con diversos propietarios de empresas como Efra. En el fondo, por supuesto, también con el propio partido impugnado. Recordemos: García Ramírez figuraba como posible candidato para sustituir a Humberto Moreira en la presidencia del PRI a fines de 2011 cuando éste se tambaleó por el endeudamiento de su gestión como gobernador y antes de ser nominado consejero del IFE. Y además no consta de manera clara su renuncia como militante al tricolor. Gesto gallardo de don Sergio, de excusarse primero y de participar de la votación después, fue aplaudido y reconocido con una extraña retórica de sus compañeros consejeros.

Pero el hecho es grave: ¿para qué colocar ahí a personajes tan ligados a los intereses de actores políticos? Más allá de la rectitud ética y la generosidad de una persona respetable como don Sergio, ahí deben estar personas sin ataduras ni intereses con ningún partido, ni militancia alguna. Ponerlos así los expone, mina la institución y coloca a las personas en cuestión en una posición en extremo delicada.

Jesús Cantú, ex consejero de la época dorada del IFE, en su reciente artículo en Proceso, confirma lo que es un secreto a voces. Los vínculos de Marco Antonio Baños tan ligado al sonorense Manlio Fabio Beltrones; o del consejero Francisco Javier Guerrero, también vinculado a Emilio Gamboa Patrón, de quien fue su empleado. Yo agregaría que la consejera María Macarita Elizondo Gasperín, abogada, jurista, como todos sabemos, fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, durante la gestión de Peña Nieto. Una zona peligrosa por los altos niveles de cooptación, además doña Macarita también fue asesora de tesis de posgrado del actual gobernador Eruviel Ávila. No es un delito, por supuesto, tan sólo es un dato indicativo. ¿Y Valdés Zurita…?

Las reacciones a la exoneración del PRI han sido de incredulidad generalizada. Hasta César Camacho, presidente nacional del PRI, reconoció la falibilidad del IFE. Y ahora con el nuevo proyecto de resolución de la Unidad de Fiscalización, que señala que el único partido que rebasó los topes de campaña fue el PRD, ha desatado numerosas reacciones perredistas contra el órgano electoral. La senadora Dolores Padierna, entre otros muchos, ha declarado que el Consejo General está sometido a la voluntad del PRI. La izquierda se desgarra las vestiduras en el sentido bíblico, sin embargo, es incapaz de reconocer que no sólo valida la integración de los mismos órganos electorales, sino que actúa con la misma alevosía y deslealtad política al integrar los órganos electorales donde tiene predominio. Así actuó en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en diciembre pasado, calificado por muchos como un cochinero. Trámites engorrosos, con muy poco margen de tiempo y además con escasa difusión para convocar a la ciudadanía. El Comité Conciudadano emitió su postura sentenciando: Finalmente los partidos políticos ya habían decidido con antelación a qué candidatos llevarían a la fase de la negociación, restándole cualquier valor a lo realizado en la fase de entrevistas. Otro elemento que afectó gravemente todo el proceso de selección fue la práctica de asignar por cuotas y poder de veto. ¿Con qué autoridad moral los dirigentes del PRD cuestionan la cooptación priísta del IFE, cuando ellos mismos practican esta misma lógica perversa a espaldas de la ciudadanía? Lo mismo acaba de pasar ahora en el estado de Veracruz, ante el abuso del PRI en la elección de dos nuevos consejeros electorales del Instituto Electoral de Veracruz (IEV), la red cívica veracruzana lamenta el hecho denunciando: Con profunda preocupación y malestar somos testigos del secuestro del IEV por el gobierno estatal y del PRI. Al elegir hoy 24 de enero, el Congreso local a dos consejeros que responden a intereses partidistas y de gobierno. Y en unos meses más viene la renovación del consejo local en el estado de México, que de consumarse la misma lógica de felonía anticonstitucional, los partidos tendrían cerca de 30 por ciento de los votantes del país concentrados en el DF, Veracruz y estado de México, bajo instituciones electorales locales frágiles, manipuladas y sin autoridad.

Dos conclusiones finales. El modelo de IFE simbolizado por José Woldenberg está rebasado, ha sido saboteado por los intereses de secta de los partidos políticos. Finalmente, es necesaria una profunda reingeniería total del andamiaje electoral en el país bajo la premisa de una necesaria lealtad política de los actores. Lo demás es seguir en una simulación patológica que está trastocando la transición.