Opinión
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Reforma migratoria
Jorge Durand/II
H

ace ya varios años que los políticos estadunidenses afirman que su sistema migratorio está quebrado. Esto supone que necesita un arreglo. Cómo hacerlo es el problema.

Sin embargo, el asunto está sobrediagnosticado y se sabe perfectamente qué se necesita hacer. La discusión radica en a quién y a cuántos echar la culpa; quiénes deben pagar los platos rotos. Obviamente, serán los migrantes, el eslabón más débil de la cadena, que son pobres, hablan un idioma diferente y son extranjeros.

A diferencia de la reforma migratoria de 1996, en este caso los migrantes serán tratados como ilegales, no como indocumentados; por tanto no merecen ser amnistiados. Para algunos, el castigo será monetario. La forma de resolver estos asuntos en Estados Unidos es con la pedagogía de la multa: que te duela en el bolsillo.

Pero el castigo puede ir mucho más allá, puede abrirse camino a la regularización y cerrar la puerta a la ciudadanía, lo que en términos electorales tiene mucho sentido para los republicanos.

Cuánto haya que pagar dependerá de lo duro que sea el camino de la negociación; pueden ser uno o varios miles de dólares para financiar el trámite y pagar la multa. Lo importante es que ante la opinión pública no se considere el proceso de regularización como carga para los contribuyentes. En ese sentido se reconoce que para la mayoría el trámite se considerará administrativo.

Pero en el filtro se atorarán muchos migrantes que no tienen la suerte de contar con un buen récord. En primer lugar, se considerarán los impuestos, aunque se podría decir que 90 o 95 por ciento de los migrantes pagan contribuciones, porque estas se deducen automáticamente de sus cheques.

Aquellos que trabajaron en negro, de manera informal por mucho tiempo y que recibían su jornal en efectivo tendrán problemas para demostrar su estancia como contribuyentes.

Quienes tuvieron asuntos que ver con la justicia tendrán que evaluar sus posibilidades y ponderar si vale la pena empezar el trámite o seguir en situación irregular, con los riesgos que esto supone. Los problemas de violencia familiar, riñas callejeras, pandillerismo, manejar en estado de ebriedad y otras circunstancias con la policía tendrán problemas.

Prácticamente, todos los migrantes tienen un archivo personal y sus papeles guardados. Desde hace lustros saben que será condición indispensable demostrar que han trabajado durante varios años y pagado impuestos. En 1986 se exigieron cinco años de antigüedad y documentación. Si el mismo criterio continúa, podrían regularizarse quienes llegaron en 2008 o antes. Para esas fechas la migración ya mostraba un descenso, así que será un número menor. La gran oleada migratoria llegó a su pico máximo en 2007.

Un punto en favor tendrán los que tienen hijos, especialmente estadunidenses. El apoyo a la familia es un punto en que coinciden demócratas y conservadores; los valores de la familia tradicional, como la mexicana, son apreciados favorablemente.

Pero queda pendiente otro problema mucho más difícil de resolver: la migración a Estados Unidos es fundamentalmente laboral, y en esta relación hay trabajadores y empleadores; ambos en situación de irregularidad, pero con la diferencia de que siempre se ha aplicado un doble rasero.

El tema de las sanciones a empleadores se discute entre México y Estados Unidos desde los años 40. Finalmente, en 1954 un juez falló en favor de la llamada Texas Proviso, en la que se afirma que está penado trabajar sin documentos, pero quienes los contratan no son culpables. En 1986 se previeron sanciones a empleadores, aunque casi siempre fueron evadidas y los trabajadores irregulares lo hacen con documentos falsos.

De nuevo, en las propuestas planteadas se habla de sanciones a empleadores que no son sólo económicas, sino penales. La única solución a la migración indocumentada es que estrictamente todos los trabajadores deban demostrar su estatus legal para emplearse.

Esto no es posible debido al sistema de registro de la seguridad social (SSN, siglas de Social Security Number), el número que se requiere para trabajar y pagar impuestos. Pero hay más de 10 millones de números falsos que recaban impuestos y que al mismo tiempo permiten la contratación de irregulares. De esto resulta un negocio redondo, pues se cobran impuestos y jubilaciones que nunca serán reclamadas.

Hay opiniones encontradas sobre la pertinencia, ventaja o utilidad de un control eficiente y obligatorio. Actualmente, el sistema E-Verify es voluntario, pero tiene muchos errores para corroborar la información. Para que sea eficiente debe haber un sistema único de identificación que no sea falsificable, lo que implica empezar de cero y registrar a más de 200 millones de trabajadores. Tarea difícil de hacer y, sobre todo, de convencer a una población que no tiene, ni quiere, un sistema de identificación nacional.

Lo que resulta curioso es que el argumento principal de la política antinmigrante es la seguridad nacional, y al parecer no les preocupa tener 11 millones de personas de las cuales no hay ninguna información y la que existe (SSN) es falsa.

Muchas organizaciones de migrantes están en contra de un sistema de control eficiente porque afectaría a muchos trabajadores a corto plazo. Pero a mediano plazo, si no se puede trabajar en Estados Unidos sin documentos, tendrán que abrir la puerta y legalizar la entrada.

Trabajar como irregular en estos momentos significa asumir un contexto de sobrexplotación, inseguridad y vulnerabilidad.

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