Luego que el presidente Rafael Correa decretó la moratoria en la deuda comercial de Ecuador por 3 mil 200 mdd, en diciembre de 2008, las fuentes de crédito privadas (y la mayoría de las bilaterales) se secaron, aunque entidades públicas como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo continuaron ofreciendo préstamos. Para enfrentar sus necesidades financieras, Ecuador se ha vuelto hacia China, obteniendo líneas de crédito millonarias y préstamos para importantes proyectos de infraestructura, con la garantía de futuros envíos de petróleo.

Las tasas de interés de los créditos chinos, entre 6 y 7.5%, son menores que las de 12% que Ecuador tenía que pagar por sus bonos soberanos y, según funcionarios, las elevadas ganancias superan con facilidad los costos financieros. Sin embargo, los acuerdos crediticios con el país asiático han sido cuestionados por la oposición, sobre todo por la falta de transparencia. El gobierno no ha proporcionado información detallada sobre los pagos y los términos de los contratos, aunque a principios de febrero el ministro de Hacienda, Patricio Rivera, señaló que el saldo pendiente de la deuda asciende a 3 mil 400 mdd. Según cálculos de EIU, no es probable que esta cifra incluya préstamos por casi 2 mil mdd relativos a la construcción de las plantas de energía de Coca-Codo Sinclair y Sopladora.

A partir de 2009 los anuncios de líneas de crédito por unos 4 mil mdd se han declarado como anticipos sobre la venta de petróleo y el gobierno rehúsa clasificarlos como deuda oficial, aunque conllevan un interés. En total, incluyendo una potencial línea nueva de crédito por 2 mil mdd en 2013, China ha acordado prestar a Ecuador unos 9 mil 500 mdd. El país sudamericano busca también financiamiento chino para la nueva Refinería del Pacífico, en Manabí, que costará 12 mil mdd.

En un libro llamado Ecuador made in China, Fernando Villavicencio, activista de izquierda, publicó recientemente detalles del acuerdo marco para un crédito de mil mdd gestionado en 2010 que el gobierno declaró confidencial. El acuerdo cuatripartito entre el Ministerio de Hacienda, Petroecuador, el Banco Chino de Desarrollo (BCC) y Petrochina, publicado en el libro, es mencionado de manera constante como el préstamo, al contrario de las afirmaciones del gobierno de que los anticipos sobre ventas no son préstamos y no deben ser clasificados como deuda pública.

Los términos establecidos en el contrato han llevado a los críticos a dudar de la legalidad y transparencia de la transacción, que ha sido seguida por una serie de otros acuerdos que podrían continuar hasta 2019, según Villavicencio. Conforme al acuerdo de 2010, Ecuador se comprometió a proporcionar a China 36 mil barriles diarios y dos embarques mensuales de 190 mil barriles de petróleo “sin importar la cantidad pendiente en términos del préstamos y/o… cualquier reducción de las cuotas de producción de la OPEP”, según el contrato. Petroecuador ha confirmado los acuerdos de ventas hasta 2018.

El acuerdo marco señala una relación abierta acreedor-deudor entre China y Ecuador, y los documentos dejan en claro que China tendrá acceso prioritario a activos ecuatorianos para asegurar el cumplimiento de los pagos. Ecuador ha aceptado una cláusula de renuncia a la inmunidad por soberanía, la cual permite a China embargar bienes del Estado excepto equipo militar, cultural o diplomático o recursos naturales no extraídos, en caso de que Ecuador incurra en atraso. Además, el pago de petróleo que haga Petrochina irá a una cuenta de utilidades de Petroecuador en el BCC, cuyo saldo debe mantener un mínimo de 113 mdd (que probablemente sea más alto ahora, después de los préstamos adicionales). El acuerdo marco permite a China retener dinero de esta cuenta si Ecuador no cumple sus pagos, y también parece dar al país asiático prioridad sobre otros acreedores. Es probable que los términos tengan implicaciones para evaluar qué probabilidad tenga Ecuador de cumplir con los pagos de la deuda con otros acreedores aparte de China.

Legalidad en duda

Del lado ecuatoriano, los acuerdos han planteado varios desafíos legales. En contra de la constitución impulsada por Correa en 2008, la cual prohíbe al Estado someterse al arbitraje fuera de América Latina y de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de la ONU (Cnudmi), los acuerdos establecen Pekín y Londres como lugares de arbitraje. Los acuerdos, que no fueron ratificados por la legislatura ecuatoriana, también se pueden considerar bilaterales, dado el estatus del BCC como banco de Estado. La constitución de 2008 demanda que se informe a la legislatura de los tratados y otros instrumentos internacionales (para ser ratificados). Hasta ahora el gobierno se ha negado a poner los acuerdos de préstamos con China a disposición de los legisladores. Además, los términos de los acuerdos, como la renuncia a la soberanía, han sido criticados por no ser una mejora significativa respecto de los términos de los bonos soberanos que el gobierno de Correa dejó de cumplir en 2008.

Las estimaciones del porcentaje de la producción petrolera ecuatoriana que va a China varían (no se publican datos completos), pero una declaración reciente del jefe ejecutivo de Petroecuador, Marco Calvopiña, indicó que 80% de la producción estatal se dirigió al país asiático en 2012. Es posible que este porcentaje aumente si se acuerdan las líneas de crédito. Sin embargo, a mediano o largo plazo también es posible crear una barrera a nuevos préstamos de China hasta que la producción petrolera se pueda elevar a niveles suficientes para financiar nuevos préstamos. Sin embargo, dado que se ha acordado un nuevo préstamo para 2013 y Ecuador aún no indica la disposición a recurrir a mercados internacionales, es de esperarse que continuarán los créditos de China. Aunque esto proporcionará financiamiento para mejoras de infraestructura que son muy necesarias, los términos de los acuerdos y el nivel de endeudamiento elevarán de forma significativa la dependencia ecuatoriana en el gigante asiático, lo cual ensombrecerá el panorama fiscal y financiero del país sudamericano.

Traducción: Jorge Anaya