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Hay riesgo inminente de expulsión en ejido de Chilón, advierte el centro Frayba

Militantes partidistas y policías exigen a zapatistas pago del impuesto predial

No lo haremos; el gobierno no actúa ante las denuncias presentadas: base de apoyo del EZLN

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 24 de febrero de 2013, p. 19

San Cristóbal de las Casas, Chis. 23 de febrero. Existe riesgo inminente de expulsión de las familias zapatistas del ejido San Marcos Avilés, en el municipio de Chilón, por parte de habitantes del mismo ejido afiliados a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) emitió hoy una acción urgente para demandar a los gobiernos federal y estatal garantías para los indígenas amenazados.

El pasado martes 19, autoridades ejidales y policías de la comunidad, de manera agresiva, entregaron un escrito a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), exigiéndoles el pago del impuesto predial. Los civiles zapatistas argumentan sus razones para no participar en ningún espacio de los gobiernos estatal y federal: Hemos sufrido mucho por todas las agresiones de estos grupos partidistas, y el gobierno no ha hecho nada. Ahora no es el momento de pagar, pues estamos en resistencia y exigimos el respeto a nuestro derecho a nuestras tierras. Si no recibimos nada del gobierno, no vamos a pagar impuestos.

Las autoridades ejidales les replicaron que tienen que pagar porque es orden del presidente municipal y (la secretaría) de Hacienda. De lo contrario serían desalojados. Los vamos a detener nosotros mismos y los llevaremos con las autoridades. Les vamos a cortar la luz y el agua, dijeron.

El día 20 se reunieron los partidistas para acordar acciones contra las bases del EZLN. Éstos, según testimonios recogidos por el Frayba, redactaron un acta de acuerdo donde asientan que buscarán la forma para desalojarlos, además de dirigirse a los gobiernos municipal y estatal para buscar estrategias para el desalojo de los zapatistas de la comunidad.

El día 21 los partidistas, salieron muy temprano de San Marcos Avilés con el objetivo de cumplir el acuerdo y hablar con el presidente municipal y la Procuraduría Agraria en Ocosingo, para activar el desalojo, enviando además escritos a los gobiernos municipal, estatal y federal.

Las bases del EZLN refieren que las autoridades ejidales les informaron esto. Esa noche, alrededor de las 21 horas, los ejidatarios oficialistas amenazaron a los zapatistas, argumentando que el edil de Chilón dio la orden de desalojo y que el próximo lunes 25 solicitarán la intervención del gobierno del estado en Tuxtla Gutiérrez.

El centro Frayba manifiesta su preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal que sufren las bases zapatistas de San Marcos Avilés, derivado de las amenazas de muerte y hostigamientos, que han aumentado en las semanas recientes.

A esto se añaden el desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras de sustento desde el 9 de abril de 2010, situación que los ha llevado a una crisis alimentaria y la amenaza constante contra su proceso de autonomía.

El centro Frayba destaca la responsabilidad del gobierno de Chiapas, que por omisión deliberada no ha actuado para garantizar la integridad y seguridad personal de las bases zapatistas y el acceso a sus tierras, a pesar de las diversas intervenciones enviadas por el propio organismo exigiendo al gobierno mexicano las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de los indígenas amenazados, así como su derecho a las libertades fundamentales de libre expresión y pensamiento, así como su derecho a las tierras enajenadas y al proceso autonómico que construyen en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos.

Cabe recordar que el 9 de septiembre de 2010, la Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció el desplazamiento forzado de 170 hombres, mujeres y niños zapatistas del ejido, después de que en agosto de ese año los zapatistas construyeron la primera escuela autónoma en el ejido.

Ese día, 30 personas del ejido, encabezados por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, ingresaron de forma violenta, con palos, machetes y armas de fuego en las casas de los zapatistas e intentaron violar a dos mujeres, quienes lograron escapar. Para no responder a la agresión, las familias zapatistas se refugiaron en el monte. Luego de 33 días de desplazamiento, las 27 familias retornaron a su comunidad el 12 de octubre. Durante más de dos años han permanecido en condiciones precarias, despojados de sus tierras y bajo constantes amenazas, que ahora podrían cumplirse.