San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de febrero. Nueve organismos civiles de Chiapas denunciaron que un grupo de familias tzeltales, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y desplazadas del ejido Busiljá, Ocosingo, siguen viviendo una situación dramática causada por paramilitares oficialistas de la misma comunidad. Una menor permanece secuestrada y desaparecida por los paramilitares, uno de los ejidatarios está injustamente preso en cárcel de Playas de Catazajá, y todos los miembros de las familias tienen órdenes de aprehensión por no abandonar sus tierras ni aceptar los proyectos del gobierno.

Esta crítica situación comenzó en 1997, y durante 16 años ha dejado una estela de muertos, heridos, encarcelados, desplazados y desaparecidos en el norte de Ocosingo, señalan centros y comités de derechos humanos como Frayba, Derechos Indígenas (Cediac) y Fray Pedro Lorenzo de Nada, en un pronunciamiento conjunto.

La situación vivida por las siete familias desplazadas de Busiljá expresa una profunda crisis humanitaria y pone en duda la voluntad y la efectividad de los mecanismos institucionales para la impartición de la justicia en nuestro estado, haciendo evidente la impunidad en la que permanecen las personas y grupos que han perpetrado los delitos, así como los hechos que constituyen violaciones graves y continuadas a los derechos humanos, imputables a autoridades estatales y con efectos lamentables que perduran hasta hoy.

Por eso llaman a las instituciones estatales a que manifiesten de manera contundente y práctica la voluntad de alcanzar una resolución justa, garantizando la reparación de los daños ocasionados y la no repetición de los agravios.

Las organizaciones firmantes se solidarizan con las familias indígenas actualmente refugiadas en la cabecera municipal de Ocosingo, y solicitan la aplicación pronta, seria e imparcial de medidas encaminadas a la resolución justa y conforme a derecho de la situación que les afecta, entre ellas el cumplimiento de la determinación de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (MC-485-11) el 16 de mayo de 2012, a favor de la niña Gabriela Sánchez Morales, hija de Elena Morales Gutiérrez.

Haciendo eco a las demandas de las familias desplazadas, los organismos se pronunciaron también por la liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), injustamente recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 17 de Playas de Catazajá, y que en tanto se le brinde trato digno y humano.

Del mismo modo, solicitan la cancelación de las órdenes de aprehen­sión contra Elías Sánchez Gómez, Pablo Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Nicolás Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, Luis Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez (hijo), en relación al expediente 331/2011.

Demandan investigar y sancionar a los integrantes del PRI del ejido Busiljá por su participación, en complicidad con la Policía Estatal, en los eventos denunciados, además de castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual, desplazamiento y desaparición efectuados contra las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes de la Sexta. Finalmente, exigen generar condiciones para que las familias desplazadas puedan retornar a sus hogares.

Firman también el pronunciamiento Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Educación para la Paz (Edupaz), Enlace, Comunicación y Capacitación, y Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.