La Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) determinó no ejercitar acción penal contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel. Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, quienes eran investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Funcionarios federales señalaron que las imputaciones realizadas por testigos protegidos no pudieron ser acreditadas por el Ministerio Público Federal (MPF), y por esa razón dio por concluida la averiguación previa iniciada durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez. El expediente se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la administración de Felipe Calderón.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, dentro de la cual solamente se ejercitó acción penal contra el ex mandatario Tomás Yarrington Ruvalcaba, ya fue enviada al archivo, debido a que no se encontraron elementos que comprobaran los testimonios de testigos protegidos, uno de ellos con la identidad clave de Pitufo, el cual fue utilizado en diversas indagatorias, entre ellas la que involucra a cuatro generales del Ejército Mexicano, como Tomás Ángeles Dauahare, con miembros de la delincuencia organizada.

El cierre de la averiguación previa –siempre a decir de los funcionarios entrevistados– ocurrió hace tres semanas, luego de que el asunto fue puesto a consideración de los altos mandos de la PGR, y se concluyera la falta de elementos para proceder penalmente contra Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores.

Dentro de la indagatoria, la PGR solicitó en 2012 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no permitiera viajar al extranjero a los ex mandatarios locales y a sus familiares, situación que ya fue desactivada, indicaron los informantes.

Entre los ex colaboradores o socios de Eugenio Hernández que fueron detenidos para ser investigados como prestanombres, dos de los cuales se convirtieron en testigos protegidos, se encuentran Napoleón Rodríguez de la Garza, Eduardo Rodríguez Berlanga y Zonia de Pau García, ex esposa de Fernando Cano Martínez, quien había sido identificado como lavador de dinero procedente del narcotráfico, el cual era recibido supuestamente por el ex mandatario como pago por proteger las operaciones del cártel de Los Zetas.

El caso de Yarrington se resolverá en tribunales

En el caso de Tomás Yarrington, se libró una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada, y dentro de su proceso sus abogados han solicitado diversos amparos pidiendo la protección de la justicia federal y asegurando que la PGR le inventó cargos, en colaboración con testigos protegidos.

A ese respecto, las fuentes consultadas señalaron que su caso se resolverá en tribunales y que serán éstos los que determinen si existen pruebas para proceder en su contra, ya que en este momento la Seido no se desistirá de la acción penal.