En México, el sistema penal no sólo es ineficaz y los delitos más graves quedan impunes, también se detiene, procesa y castiga a quienes tienen menos ingreso, menos educación y menos contactos sociales; lo preocupante es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, asienta el Reporte sobre la Discriminación en México, 2012. Capítulo Proceso Penal, recientemente publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el amplio estudio, coordinado por el investigador Ricardo Raphael, se advierte que la detención de los jóvenes se ha generalizado en el país, por ser quienes están en la calle y parecen sospechosos, pero también se detiene a quien es más fácil de capturar, sin importar el peligro social que pudiera representar o la gravedad del delito que se cometió.

En contrapartida, se elevan los delitos graves en todo el territorio nacional, crece la violencia y persiste la impunidad.

Así lo reflejan las cifras: Del ciento por ciento de los delitos cometidos, sólo 20 por ciento son investigados; nueve por ciento llegan a un juez, y sólo uno por ciento se castiga.

Además de la ineficacia e impunidad, campea la corrupción en el sistema judicial del país, así como la simulación.

Lo anterior –se subraya en el estudio– es provocado por la presión (que persiste) en los mandos policiales y en el Ministerio Público para simular eficacia, lo cual actúa como un incentivo perverso: la consecuencia es que se busca investigar delitos de poca cuantía, que presuntamente serían cometidos por personas de nivel socioeconómico bajo, quienes no denunciarán la tortura, violencia y extorsión de quienes por alguna razón se encuentran involucrados en algún presunto delito y finalmente terminan siendo víctimas.

Entre las debilidades del sistema de justicia del país se destacan: la baja eficiencia de las policías y ministerios públicos; la falta de entrenamiento para realizar investigaciones reales; la escasez de recursos, y la corrupción dentro de las instituciones.

Según una encuesta realizada en los reclusorios del Distrito Federal y del estado de México, 52 por ciento de las personas refirió que si hubiera sobornado a los policías que lo detuvieron habría quedado en libertad; 37 por ciento asegura lo mismo al referirse al Ministerio Público, y 27 por ciento hace referencia a los jueces.

En el estudio se advierte que en respuesta a la presión social y a la de los mandos superiores, los policías buscan detenciones rápidas y numerosas. Esto se comprueba al observar a la población encarcelada: se trata principalmente de acusados de delitos ocurridos sin violencia o de delitos sin concurrencia; es decir, no se cometieron delitos adicionales.

Entre las víctimas se encuentran los más rezagados social y económicamente en el país, pero también los jóvenes. El arresto y posterior encarcelamiento de estas personas, en su mayoría jóvenes, no es producto de investigaciones policiales exhaustivas, sino de actos prácticamente fortuitos de aplicación de la ley. Normalmente son los jóvenes quienes están en la calle y resultan culpables a modo, sujetos disponibles para el lucimiento de los operadores del sistema de justicia penal del país.

Otros grupos de población que son víctimas del sistema judicial, se destaca, son las mujeres: aquellas que son víctimas del delito (se refiere al feminicidio en todo el país, particularmente en el estado de México, Ciudad Juárez y otras entidades y ciudades), los menores de edad (niñas, niños y adolescentes), la población indígena, los migrantes, las personas con discapacidad y la población de la diversidad sexual.

En el estudio (de 108 páginas) hay un apartado específico para cada grupo de población y un análisis sobre los prejuicios discriminatorios que se arguyen en perjuicio de los grupos vulnerables; un diagnóstico general respecto de los principales obstáculos que existen en el país para tener acceso a un proceso judicial equitativo, eficaz y apegado a la ley; la discriminación social y violación persistente de los derechos humanos en el sistema judicial, así como las repercusiones de las decisiones del gobierno de Felipe Calderón de enfrentar al crimen organizado, y el consecuente aumento de la violencia (homicidio, secuestro, desapariciones forzadas y otros fenómenos) en el país.