El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelar los nombres de todos los funcionarios públicos sancionados por el caso de la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños tras un incendio en sus instalaciones.

Asimismo, deberá entregar los documentos que den cuenta de las reformas en el otorgamiento de permisos a guarderías, a partir de este accidente, ocurrido el 5 de junio de 2009.

El IMSS señaló que no tiene facultades para imponer sanciones y orientó al particular solicitante a presentar su petición ante la Secretaría de la Función Pública. Expuso que a partir de 2008 el esquema de contratación para nuevas guarderías se llevó a cabo mediante licitaciones públicas, por lo que aseguró que, si bien no ha habido modificación en la forma en la que se contrata o subroga el servicio de guardería, sí se llevaron a cabo acciones para garantizar la seguridad de los menores y trabajadores de las mismas.

El particular se inconformó ante esa respuesta y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard.

En alegatos, el IMSS modificó su respuesta y comunicó que sancionó a las servidoras públicas Delia Irene Botella Amante, coordinadora zonal de Guarderías, y a Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de Guarderías, por dicho incidente.

La comisionada López Sánchez fue sancionada por negligencia administrativa, con inhabilitación del 16 de diciembre de 2009 al 12 de diciembre de 2029, y con una multa de 3 millones 290 mil 739 pesos; pero no se localizó registro alguno de Botella Amante.

Sin embargo, señaló que, derivado de la revisión del Informe de rendición de cuentas 2006-2012 del IMSS se puede advertir que el órgano interno de control del instituto comunicó al director general las resoluciones contenidas en el expediente administrativo de responsabilidades, en el que se determinó la imposición de sanciones de carácter administrativas consistentes en la inhabilitación y sanción económica para tres funcionarios de la delegación estatal de Sonora y una ex servidora pública de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, así como la destitución, inhabilitación y sanción económica para dos funcionarias de la delegación estatal de Sonora.

Expuso que en un comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública se informó que se inhabilitó por 20 años al titular de la Delegación Estatal del IMSS, en Sonora, por omisiones relacionadas con la verificación y supervisión de las condiciones para operar la Guardería ABC, y que se sancionó a cinco servidores públicos adscritos a distintas áreas de la Coordinación de Guarderías del IMSS y a tres servidoras públicas que ocuparon el cargo de coordinadora zonal de Guarderías. Por lo anterior, concluyó que el IMSS no cumplió con la obligación de acceso prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que la información que proporcionó es incompleta.

Propuso modificar la respuesta del IMSS e instruirle una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de entregar al particular la totalidad de los nombres de los servidores públicos sancionados por el caso de la Guardería ABC.

En cuanto a las reformas en el otorgamiento de permisos a las guarderías a partir de este accidente, la comisionada Peschard señaló que, de la consulta a la información pública relacionada con el tema se localizó un informe en el que se comunicó que el IMSS llevó a cabo medidas de seguridad superiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas.

Al no cumplir con su obligación de acceso, instruyó que la respuesta del IMSS incluya lo siguiente: notificar al recurrente la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar las acciones llevadas a cabo por el sujeto obligado, derivado de lo ocurrido en la Guardería ABC; realizar una nueva búsqueda exhaustiva de los documentos que den cuenta de las reformas llevadas a cabo en el otorgamiento de permisos a guarderías, a partir de lo ocurrido en esa guardería, en todas sus unidades administrativas competentes, propuesta que fue aprobada por el pleno del Ifai.