yer, mientras millones de personas desbordaban las calles de Venezuela en señal de duelo por la muerte de Hugo Chávez, en el interior de la cúpula bolivariana se consolidaba la transferencia del poder presidencial a Nicolás Maduro, quien en su primer decreto como mandatario ordenó siete días de luto nacional.

Con todo y el aparente respaldo brindado a Maduro por los principales liderazgos del chavismo, el giro que ha tomado el proceso sucesorio venezolano muestra un dudoso apego a las directrices constitucionales vigentes, en las que se establece que en caso de ausencia definitiva del presidente en funciones, éste será remplazado por el líder del Poder Legislativo –cargo que ocupa el también oficialista Diosdado Cabello–, quien deberá convocar a elecciones en un periodo máximo de 30 días. Semejante inconsistencia es indicativa de las dificultades que está teniendo el régimen venezolano y la institucionalidad del país para sortear los reacomodos políticos originados tras la muerte del máximo dirigente de la revolución bolivariana.

Por lo demás, no es ese el único punto en que la figura de Chávez y su proyección política generan, en forma paradójica, distorsiones en el desarrollo y la comprensión del proceso político venezolano. El ruido mediático que se ha desatado a raíz de la muerte del ex mandatario, incluso entre quienes mantuvieron una posición sistemática de crítica y hasta de linchamiento en contra de Chávez, es en sí mismo indicativo de la incuestionable trascendencia histórica del personaje, pero también es factor que impide ver a cabalidad la importancia de la participación social en ese proceso de transformación política, económica y social que ha tenido lugar en Venezuela en los pasados 14 años: en efecto, con todo y su indiscutible liderazgo, no puede soslayarse que Chávez no actuó solo en ese proceso, protagonizado por una extensa masa social tradicionalmente olvidada y marginada por el orden económico y político vigentes hasta antes de 1999. En tal perspectiva, el difunto mandatario dista mucho de ser el responsable único del legado de la revolución bolivariana; pretender presentarlo como tal oscurece, en consecuencia, la trascendencia real de ese fenómeno político y social y sus alcances en el ámbito nacional e internacional.

Otro tanto sucede con respecto a los procesos de transformación en curso en otras naciones de América Latina: si bien es cierto que la Venezuela chavista fue punta de lanza en la oleada de renovación política, socioeconómica y diplomática que ha tenido lugar en el subcontinente –como se comentó ayer en este espacio– no puede pasarse por alto que esos procesos han sido protagonizados fundamentalmente, por los gobiernos, liderazgos y fuerzas sociales que se desenvuelven en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, los cuales mantienen una trayectoria y una dinámica internas particulares, por lo que sería erróneo asumir que se detendrán como resultado de la muerte de Chávez.

En la historia de los procesos de transformación política y social, hay múltiples ejemplos de movimientos nacionales y populares que han sobrevivido a sus personajes fundadores. Un caso paradigmático en la región es el peronismo, movimiento de masas fundado en Argentina en los años 40 del siglo pasado por un liderazgo carismático –el de Juan Domingo Perón– y que al día de hoy sigue rigiendo la vida política de ese país, al grado de que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pertenecen al llamado peronismo progresista. La muerte de Chávez no necesariamente implica, en suma, la desaparición del chavismo ni el colapso de la institucionalidad política que los venezolanos lograron construir en los pasados 14 años, por más que ésta enfrente, en la hora presente, sus horas más decisivas y su prueba de fuego más importante.