Guanajuato, Gto. El alcalde priísta de esta capital, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, incumplió su promesa de renovar los permisos de venta de artesanías para 19 indígenas y detener la discriminación y el acoso de personal de la dirección de fiscalización contra las comerciantes, quienes ayer denunciaron esta situación ante la presidencia municipal. El 7 de febrero, artesanas nahuas y otomíes presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato porque el director de fiscalización, Horacio Morales, y burócratas a su cargo les impedían transitar y vender sus artesanías en el centro de la ciudad. Las afectadas denunciaron que el funcionario se negó a renovarles los permisos de comercio ambulante, con el argumento de que daban mal aspecto. El presidente municipal niega que su gobierno viole los derechos humanos de las indígenas, y después de cancelarles tres reuniones, se comprometió a renovarles los permisos. La minuta de trabajo no se está respetando; nos han ido a levantar los inspectores de fiscalización, y venimos a decirle al secretario del ayuntamiento (Antonio Ruiz Lanuza) que nos quieren quitar las cosas. La minuta de trabajo no se respeta. El secretario pasó y no dijo nada, nos ignoró, acusaron las indígenas. Agregaron que en vez de facilitar la renovación de permisos de venta, la dirección de fiscalización aumentó los requisitos, cuando antes sólo era necesario llenar una forma y pagar en tesorería.

Naucalpan, Méx., 6 de febrero.

Oaxaca, Oax. Unos 3 mil alumnos de las 11 escuelas normales de la entidad bloquearon unas 10 calles de la ciudad para exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca discutir el pliego petitorio entregado hace más de dos semanas, cuando iniciaron un paro de labores, informó Karen Estrada, vocera de los inconformes, integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca, quienes retuvieron 30 autobuses y con ellos bloquearon seis horas la calzada Héroes de Chapultepec.

La Paz BCS. La Secretaría de Economía (SE) ha autorizado al menos 33 concesiones de minería en este municipio, que carece de un programa de ordenamiento ecológico actualizado que regule esa actividad, advirtieron las organizaciones civiles Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Sociedad de Historia Natural Niparajá y Agua Vale más que el Oro, entre otras. Según el Sistema Integral de Administración Minera de la SE, las 33 concesiones abarcan más de 59 mil hectáreas de La Paz, de las cuales 34 mil están en poder de las mineras La Pitalla, Picacho Blanco, Texcalama, San Antonio y La Testera, señalaron.